Ha pasado un mes desde que se destapó uno de los mayores escándalos sanitarios en Andalucía: miles de mujeres con mamografías sospechosas no fueron informadas a tiempo de sus resultados. Desde entonces, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha ofrecido versiones cambiantes, se ha refugiado en tecnicismos y ha evitado asumir responsabilidades políticas. Mientras tanto, las afectadas siguen esperando algo tan básico como la verdad.
Sr. Moreno Bonilla, esto es un auténtico escándalo. Una mujer de Algeciras recibe el resultado de una mamografía que nunca se realizó. Un hombre de Almería recibe una carta del SAS citando a una mamografía a su mujer fallecida hace seis años. Cada día aparecen más noticias de su desastre de gestión.
Según han publicado El País, Cadena SER y otros medios, desde abril de 2021 se interrumpió la comunicación directa con mujeres que presentaban resultados dudosos en sus mamografías. Lo que comenzó como un supuesto fallo informático que afectaba a cuatro casos ha acabado revelando un problema mucho más profundo: el colapso de la sanidad pública andaluza.
La Junta comenzó hablando de tres o cuatro casos. Luego reconoció dos mil. Hoy, la Consejería de Salud admite que se revisan 2.317 expedientes. Pero las asociaciones de pacientes sospechan que hay más. Y existe una enorme preocupación por que el fallo no se haya limitado al cribado de mama, sino también a otros programas de detección precoz, como los de cáncer de colon, de próstata o de cérvix, que comparten sistemas de gestión similares.
Luego están las declaraciones de Moreno Bonilla es sede parlamentaria ante las preguntas de la oposición: “¿Usted sabe cuántas mamografías hemos derivado a la sanidad privada? Se lo voy a decir yo, que usted no lo sabe: Cero, cero, cero, cero”. Faltó a la verdad. Fueron más de 300.000 las mamografías servidas a la sanidad privada.
El Gobierno andaluz sigue sin ofrecer una auditoría independiente, sin publicar un calendario claro de revisión de casos y sin concretar qué medidas se adoptarán para garantizar que no vuelva a repetirse. El tiempo pasa, y la sensación de abandono crece. Esto no es un problema burocrático, es una cuestión de vida o muerte.
Nada de esto ha ocurrido por azar. Llevan años advirtiéndolo los sindicatos, los profesionales y las plataformas ciudadanas: la sanidad pública andaluza se está desmoronando. Faltan médicos, los hospitales se saturan y los servicios de prevención se descuidan. En ese contexto, cualquier error técnico puede convertirse en una tragedia.
El caso del cribado de cáncer de mama es el ejemplo más doloroso de un sistema basado en recortes y en la privatización por encima del bienestar de las personas. Desde 2021, parte de la gestión de los resultados pasó a depender de una empresa privada, dentro de un contrato informático del Servicio Andaluz de Salud.
La digitalización, presentada como una mejora, acabó sustituyendo la supervisión directa de profesionales públicos por un sistema automatizado que nadie controló debidamente. El profesor Joan Carles March, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, lo resumió con claridad: “Lo grave no fue el error informático, sino la falta de vigilancia institucional sobre un servicio que trata con vidas humanas”. No fue un fallo técnico aislado, sino la consecuencia directa de una política sanitaria que ha debilitado lo público.
Ante el silencio institucional, tuvieron que ser las propias mujeres las que decidieron salir a la calle. Unas 30.000 personas se concentraron el pasado domingo frente al Palacio de San Telmo, en Sevilla, bajo el lema “Nuestra vida no puede esperar”. Una protesta multitudinaria, emocionada y ejemplar.
La actriz y superviviente de cáncer Cristina Medina lo expresó con una frase que estremeció a todos: “No somos un tumor con patas. No queremos sobrevivir, queremos vivir”. Miles de mujeres de todas las provincias andaluzas corearon un mismo mensaje: quieren saber la verdad y exigen una sanidad pública fuerte, humana y transparente.
En lugar de escuchar, el Partido Popular andaluz optó por atacar a las mujeres afectadas. En redes sociales y declaraciones públicas, varios cargos insinuaron que la manifestación estaba “politizada” o “teledirigida por la izquierda”. El portavoz del PP en Andalucía llegó a calificar la protesta de “fracaso absoluto”, restando importancia a la magnitud de la movilización y acusando a los partidos progresistas de “usar el dolor para hacer política”. El fracaso ha estado en los que han jugado con la vida de las andaluzas.
Y tapar el problema como siempre hace Moreno Bonilla en sus medios afines. Tanto es así, que periodistas de Canal Sur han denunciado ante las mujeres con cáncer la “ocultación deliberada” de la crisis de los cribados. Trabajadores de la RTVA han firmado con nombres y apellidos una carta dirigida a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) para expresarle su “malestar” por el tratamiento informativo de la crisis sanitaria: “Nuestra empresa no ha estado a la altura, nos sentimos abochornados”.
Incluso se han difundido vídeos en redes sociales desde cuentas vinculadas al entorno del PP en los que se señalaba a las representantes de Amama, insinuando falsamente una vinculación partidista. Una campaña que pretendía desacreditar a quienes, simplemente, pedían explicaciones y justicia. Atacar a las víctimas es una línea roja que ningún gobierno debería cruzar. Y, sin embargo, en Andalucía, se ha cruzado.
Mientras todo esto ocurría, Juanma Moreno evitaba pronunciarse con claridad. En el Parlamento andaluz, su escaño vacío durante el debate sobre la crisis sanitaria se convirtió en un símbolo: el del poder ausente.
Todo son excusas. Que si el fallo fue “heredado”. Que si “ya se ha corregido”. Que si “las afectadas están siendo contactadas”. Pero el paso del tiempo desmiente cada justificación. Un mes después, Andalucía sigue sin saber cuántas mujeres fueron afectadas ni qué medidas se van a tomar para evitar que vuelva a pasar.
Expertos del sector sanitario han alertado de que este caso podría ser solo la punta del iceberg. El colapso de los sistemas informáticos, la falta de personal administrativo y la externalización de tareas críticas amenazan con reproducir errores similares en otros ámbitos.
En algunos hospitales andaluces, los programas de detección de cáncer de colon, próstata o cérvix también han sufrido retrasos y fallos de registro, según denuncian profesionales del SAS. El patrón es el mismo: recortes, sobrecarga, pérdida de control público y una administración que responde con lentitud desesperante. La prevención, que debería ser el orgullo de la sanidad pública, se está convirtiendo en su punto más débil.
La gestión sanitaria no se mide solo en presupuestos, sino en confianza. Y la confianza se rompe cuando una mujer no recibe su diagnóstico, cuando una cita tarda meses o cuando un hospital no tiene personal suficiente para atender. Cada error administrativo es una historia de angustia. Cada retraso, una vida en riesgo.
La Andalucía de 2025 con Moreno Bonilla tiene menos profesionales, más listas de espera y una atención primaria al borde del colapso. Y cuando la sanidad pública se debilita, la privada florece.
Un mes después de conocerse el escándalo, no hay un listado completo de responsables políticos cesados, no hay calendario de revisión completo y no hay transparencia en los datos. Solo silencio, confusión y desgaste. El Gobierno andaluz confía en que el tiempo borre la indignación, pero lo único que borra el tiempo es la confianza ciudadana.
Mientras tanto, las afectadas siguen esperando respuestas. Esperando que alguien les diga qué ocurrió, cuándo y por qué. Esperando que la Junta, en lugar de defenderse, se disculpe. Esperando que la sanidad pública vuelva a ser un espacio de seguridad, no de incertidumbre.
Porque lo que ha pasado con el cribado del cáncer de mama no es un fallo técnico: es el síntoma más doloroso del colapso sanitario en Andalucía. Cuando se privatizan y desmantelan los servicios públicos, lo que se destruye no son solo estructuras: se destruye la confianza, la seguridad y, a veces, la vida.
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