Moreno Bonilla impulsa una ley que debilita las universidades públicas y favorece los "chiringuitos" privados

Juan Manuel Moreno Bonilla no está improvisando. Está ejecutando una estrategia política perfectamente reconocible: la misma que Ayuso ha desplegado en Madrid para desmantelar la universidad pública y abrir un mercado educativo donde quien tiene dinero accede y quien no queda excluido. Andalucía, bajo el gobierno del PP, está viviendo un proceso silencioso pero profundo de privatización universitaria. No se hace a través de grandes recortes visibles ni de discursos agresivos, sino mediante la asfixia presupuestaria, el bloqueo de titulaciones estratégicas, la precarización del profesorado y el trato de favor sistemático a universidades privadas recién creadas. Es una operación calculada que busca desplazar el centro de gravedad del sistema hacia el negocio privado.

Y este proceso encuentra ahora su marco legal en la nueva Ley de Universidades de Andalucía (LUPA), impulsada por Moreno Bonilla. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Proyecto de Ley el 1 de octubre de 2025, y ya ha iniciado su trámite parlamentario. Con la mayoría absoluta del PP, todo apunta a que se aprobará sin enmiendas significativas.

La norma ha generado un rechazo de sindicatos y será impugnada por gran parte de los grupos parlamentarios en el pleno del Parlamento de mañana miércoles. No porque se resistan al cambio, como pretende vender la Junta, sino porque la LUPA abre explícitamente la puerta a la mercantilización del sistema universitario, debilitando la autonomía de las universidades públicas y favoreciendo a centros privados vinculados en muchos casos a fondos de inversión. La LUPA no es una ley neutra: es un proyecto ideológico. Un paso adelante en la reconversión de la educación superior en negocio.

Este modelo no surge de la nada. Es una copia casi literal del laboratorio neoliberal madrileño. En Madrid, la pública se ha visto progresivamente infrafinanciada durante años mientras las universidades privadas crecían en tamaño, prestigio artificial y peso político. Ahora Andalucía transita el mismo camino: se presenta la educación privada como moderna, flexible y adaptada al mercado, mientras se describe a la pública como burocrática, lenta e incapaz de renovarse. Pero es un relato construido, interesado, deliberado. La clave no es obligar a nadie a estudiar en una universidad privada. La clave es erosionar sistemáticamente la universidad pública hasta que esa opción parezca inevitable.

La evidencia está sobre la mesa. Las universidades públicas andaluzas denuncian desde hace años una asfixia financiera sostenida. En el último informe de 2025 de la Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) Andalucía está en el furgón de cola de financiación universitaria, por debajo de la media nacional con casi 200 euros menos por alumno. 6.671 euros es la media nacional frente a los 6.483 de Andalucía.

Moreno Bonilla no se ha enterado del informe realizado a petición del Ministerio de Universidades donde se destaca que las universidades públicas españolas multiplican por cinco cada euro invertido en ellas. Y que su impacto económico se cifra en el 2,2% del PIB.

Los incrementos presupuestarios nominales están muy por debajo de la inflación y de las necesidades reales del sistema. El profesorado encadena contratos precarios por 300 o 400 euros al mes. Las infraestructuras envejecen. Las líneas de investigación se paralizan. Se congelan grados innovadores, como Ingeniería Biomédica o Inteligencia Artificial en campus públicos, mientras se autorizan esos mismos títulos a universidades privadas recién creadas, sin trayectoria ni experiencia. Y todo esto ocurre bajo el discurso amable de la libertad de elección.

No hablamos de anécdotas. Desde que Moreno Bonilla llegó a San Telmo, Andalucía ha autorizado cinco nuevas universidades privadas. Nunca antes se había producido un crecimiento así. Algunas de ellas carecen de la capacidad académica mínima exigible, pero obtienen reconocimiento, grados estratégicos y facilidades administrativas. El modelo es claro: crear un ecosistema privado expansivo financiado de forma indirecta con recursos públicos. Porque sí, parte de la financiación a la privada puede llegar a través de becas, conciertos y convenios. Es decir, dinero público para impulsar negocios educativos. Un trasvase silencioso.

La LUPA consolida esta dinámica. La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), junto a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, y los partidos de la oposición, denuncian que la ley no garantiza la suficiencia financiera del sistema público, no fija inversiones mínimas vinculadas al PIB y no combate la precariedad del Personal Docente e Investigador. Además, pone en riesgo la autonomía universitaria al incluir a universidades privadas en el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, el órgano clave de planificación. Es decir, la toma de decisiones estratégicas sobre el futuro del sistema podría estar influida por intereses privados. La universidad pública deja de ser un bien común: se convierte en un mercado abierto a la competencia empresarial.

El PSOE de Andalucía, a través de su portavoz parlamentario Antonio Ruiz, lo ha dicho con claridad al presentar una enmienda a la totalidad: estamos ante un modelo elitista, excluyente y contrario al principio constitucional de igualdad de oportunidades que da manga ancha a las privadas en temas esenciales. Ruiz apunta dos ejemplos: “la ley pretende dar legalidad a que una universidad privada pueda publicitar un grado que aún no se ha verificado. Además, no regula el mapa de titulaciones y no pone freno a la oferta de titulaciones innecesarias por parte de las privadas en nuestro sistema universitario”.

La universidad pública no es un servicio más. Es el principal ascensor social de Andalucía. La herramienta que ha permitido que hijos e hijas de familias trabajadoras, de barrios humildes, de pueblos pequeños, hayan podido estudiar, investigar, crear empresas, innovar y contribuir al desarrollo colectivo. Debilitarla no es solo una decisión educativa: es una decisión social. Es elegir qué Andalucía queremos: una tierra donde el talento se reconoce y se impulsa, o una tierra donde el futuro se compra.

Pero la ofensiva contra la universidad pública no se limita a sus estructuras internas. Se extiende a las condiciones materiales que permiten estudiar. El mercado del alquiler se ha convertido en una barrera invisible pero devastadora. Encontrar un piso de estudiantes en Sevilla, Málaga, Granada o Córdoba es una misión casi imposible. Las habitaciones superan los 450 o 500 euros. Las residencias están saturadas. La competencia con los pisos turísticos expulsa a los jóvenes de las ciudades universitarias. La Junta no interviene, no regula, no construye residencias públicas. Simplemente deja que el mercado decida. Y el mercado decide siempre en favor de quienes más tienen.

Así, el modelo se completa: titulaciones públicas recortadas o denegadas, universidades privadas en expansión, profesorado precarizado, vivienda inaccesible. La consecuencia es evidente: miles de jóvenes andaluces se ven empujados a abandonar sus estudios, emigrar o endeudarse para acceder a una educación que debería ser un derecho. La igualdad de oportunidades se desintegra.

Pero este proceso no es inevitable. Una Andalucía distinta es posible. Una Andalucía que apueste por la financiación estructural de sus universidades públicas, que mejore las condiciones laborales de su profesorado, que proteja la autonomía universitaria. Una Andalucía que amplíe becas, construya residencias públicas y limite la especulación inmobiliaria en ciudades universitarias. Que entienda que la universidad pública no es un gasto, sino una inversión estratégica en su desarrollo.

La universidad pública es investigación, cultura, pensamiento crítico. Es innovación que arraiga en el territorio. Es justicia social. Es futuro. Y hoy ese futuro está en peligro.

Defender la universidad pública andaluza es defender el derecho a que cada joven pueda llegar tan lejos como su esfuerzo y capacidad le permitan, no como su dinero le limite. Es defender una Andalucía que no se rinde al negocio, sino que cree en sí misma. Y esa defensa es urgente. Porque Moreno Bonilla ya ha empezado a construir otro modelo. Y lo está haciendo rápido.