Juan Manuel Moreno Bonilla ha llevado a Andalucía a una situación sanitaria extrema. La comunidad lidera la tasa de mortalidad en España: 871,1 muertes por cada 100.000 habitantes, un 11,6% por encima de la media nacional. La esperanza de vida en Andalucía se sitúa en 82,5 años. Son cifras demoledoras, que no se deben al azar, sino al deterioro progresivo de la sanidad pública bajo su mandato.
Un informe conjunto de Satse, CSIF, CCOO, UGT y Marea Blanca, revela que Andalucía supera la media estatal en cinco de las seis principales causas de muerte: cáncer, infarto, ictus, insuficiencia cardiaca y suicidio. Las consecuencias del destrozo sanitario de Moreno Bonilla se traducen en vidas que se pierden.
El último Barómetro Sanitario confirma lo que miles de andaluces experimentan a diario: la sanidad pública andaluza es la peor valorada del país, con un 5,72 sobre 10. Esta calificación refleja la saturación de los centros de salud, las demoras, la falta de personal sanitario y un malestar creciente en la ciudadanía.
Uno de los problemas más graves es la escasez de profesionales. Andalucía tiene solo 3,1 sanitarios por cada 1.000 habitantes, frente a los 3,7 de media nacional. Solo Ceuta y Melilla presentan peores cifras.
En Atención Primaria, la situación es aún más alarmante: apenas 0,99 profesionales por cada 1.000 habitantes. En los hospitales, la proporción es de 1,73 médicos por cada 1.000, frente a los 2,23 de la media nacional. Y en enfermería, Andalucía ocupa el último lugar: 4 por cada 1.000.
Esta falta de personal tiene consecuencias directas: demoras para obtener citas, retrasos en diagnósticos, tratamientos que no llegan a tiempo. En 2024, más de un millón de andaluces estaban en lista de espera para ser atendidos por el sistema público.
En cirugía, casi 200.000 personas aguardaban una operación. Una de cada tres llevaba más de seis meses esperando. En consultas externas, hay 866.248 pacientes pendientes. El 56,5% de ellos lleva más de dos meses esperando, muy por encima de los plazos que marca el sistema. Son cifras que no solo desbordan el sistema, sino que agravan las dolencias de los pacientes.
En Atención Primaria, los tiempos también son intolerables. La media para ver al médico de cabecera es de 10,66 días. En otras comunidades, como el País Vasco, ese tiempo se reduce a la mitad. Mientras en el resto de España las listas bajan, en Andalucía siguen creciendo.
Esta sobrecarga tiene una causa clara: el abandono de los profesionales. La temporalidad del sector supera el 20%, y los salarios están entre los más bajos del país. Muchos médicos jóvenes, formados en la sanidad pública andaluza terminan marchándose de Andalucía por contratos inestables y mal retribuidos.
Según el informe de los sindicatos, faltan más de 18.000 profesionales en Andalucía para alcanzar la media estatal. Faltan 5.400 médicos, faltan 5.900 enfermeros y faltan 6.500 trabajadores de otras categorías. Es justo el mismo de sanitarios que fue echado a la calle por Moreno Bonilla tras la pandemia.
A la falta de personal se suma la insuficiente financiación. En 2024, Andalucía invirtió apenas 1.748 euros por habitante a sanidad pública. Casi 700 euros menos que Asturias, y 189 por debajo de la media nacional. Esta baja inversión lastra la calidad de la atención en todos los niveles.
Pero el problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. En los presupuestos de 2025, buena parte del aumento previsto no irá a reformar la sanidad pública, sino al sector privado. Se destinan 88,8 millones a conciertos sanitarios, 62,6 millones a servicios externalizados y 337,4 millones a gasto farmacéutico.
Andalucía es la segunda comunidad con mayor porcentaje de su presupuesto sanitario destinado a medicamentos: un 17%, tres puntos por encima de la media nacional. Una política que favorece a la industria farmacéutica mientras se reduce la capacidad del sistema público de responder directamente. ¿Algo que decir Sr. Moreno Bonilla?
El desvío de fondos al negocio privado está debilitando aún más a la sanidad pública. Lo que debería invertirse en personal, tecnología e infraestructuras acaba en clínicas concertadas, empresas subcontratadas o laboratorios. Esta deriva privatizadora no alivia los problemas: los agrava y los oculta.
Los datos del Ministerio de Sanidad son incontestables. Andalucía está entre las comunidades con mayor mortalidad por ictus, infartos, insuficiencia cardiaca, cáncer y suicidios. Y eso a pesar de tener una población más joven que la media estatal.
Enfermedades crónicas como la diabetes, la EPOC o la artrosis evolucionan peor en Andalucía. Se detectan tarde y se controlan mal. Falta pruebas diagnósticas, tratamientos continuados. Las personas mayores y vulnerables son las más perjudicadas por esta desatención.
Todo esto ocurre mientras Moreno Bonilla presume de crecimiento económico y superávit. Un discurso triunfalista que contrasta con la desesperación de quienes no pueden acceder a una cita médica o esperan meses para una intervención.
Los sindicatos han sido tajantes: si no se refuerza urgentemente el sistema público, la situación será insostenible. Reclaman un plan de choque con más financiación, mejores condiciones laborales y mayor inversión en equipamiento.
Recuperar las plantillas Persians, estabilizar los contratos, frenar la fuga de talento y dejar de transferir dinero público al sector privado son medidas urgentes. No se trata solo de gastar más, sino de gastar bien. Entérese Sr. Moreno Bonilla, lo que está en juego es la vida de la gente.
La sanidad no puede ser un negocio. No se puede hacer caja con el dolor ajeno. Lo prioritario es reforzar lo público. Garantizar una atención digna, rápida y eficaz. Evitar que una dolencia leve se convierta en crónica. Que un retraso diagnóstico no acabe en tragedia. Que una operación tardía acorte vidas.
Y termino. La sanidad pública andaluza no está en crisis, está en estado crítico. No es tolerable ni decente que Andalucía lidere el ranking que ninguna comunidad debería encabezar: el de la muerte evitable. Sr. Moreno Bonilla su modelo no solo es injusto. Es letal. Literalmente.