Los incumplimientos de Juanma Moreno Bonilla ya no pueden despacharse como errores puntuales o retrasos administrativos. Se han convertido en una constante de su forma de gobernar. Y cuando esos incumplimientos afectan a la salud de los bebés, dejan de ser promesas rotas para transformarse en una irresponsabilidad política de primer orden. El caso de la financiación de la vacuna del rotavirus es paradigmático: anunciada, reiterada y utilizada como reclamo propagandístico, sigue sin financiarse al 100% en Andalucía casi un año después de su inclusión en el calendario de vacunas. Sin fecha concreta. Sin explicaciones públicas. Y con miles de familias obligadas a pagar de su bolsillo lo que el Gobierno andaluz prometió asumir.
No hablamos de una vacuna accesoria ni de un debate técnico menor. Hablamos de una protección básica frente a una de las enfermedades más frecuentes y potencialmente graves en la primera infancia. Mientras Moreno Bonilla repite que llegará “pronto”, los bebés andaluces siguen expuestos y sus padres desembolsando hasta 200 euros. En una comunidad con altas tasas de pobreza infantil, salarios bajos y una sanidad pública cada vez más tensionada, este retraso no es neutro: es una decisión política que genera desigualdad.
La historia está en la hemeroteca. A comienzos de 2025, el Gobierno andaluz anunció que la vacuna del rotavirus se incorporaría al calendario vacunal y que comenzaría a aplicarse de forma gratuita durante el segundo semestre este año. “En una fecha aún pendiente de concretarse”, se matizó entonces. Hoy, cuando ese semestre está prácticamente agotado, el compromiso está claramente incumplido. En noviembre, el propio presidente volvió a insistir en que la financiación era inminente. Ha pasado el tiempo y la fecha sigue sin aparecer.
No es la primera vez que esta vacuna se utiliza como herramienta política. Se anuncia, se filtra, se desliza en titulares favorables… y se aplaza indefinidamente. Mientras tanto, la realidad es tozuda: en Andalucía, salvo para los bebés prematuros nacidos antes de la semana 32, la vacuna del rotavirus sigue sin estar financiada por el sistema público. El resto depende del bolsillo familiar.
Conviene recordar de qué estamos hablando. El propio Servicio Andaluz de Salud ha reconocido que el rotavirus es la causa más frecuente de gastroenteritis en la infancia. La Asociación Española de Pediatría advierte de que es la principal causa de hospitalización por diarrea aguda en niños pequeños. La complicación más habitual es la deshidratación, y cuanto menor es el bebé, mayor es la gravedad. Prácticamente todos los niños pasan al menos un episodio antes de los dos años. No es un riesgo residual: es un problema de salud pública ampliamente conocido.
La vacuna existe, es segura, está avalada por las sociedades científicas y previene miles de ingresos hospitalarios cada año. Pero en Andalucía tiene precio. En farmacia, el coste ronda los 200 euros, dependiendo del laboratorio. Para muchas familias, especialmente en un contexto de inflación persistente, alquileres al alza y precariedad laboral, esa cantidad es sencillamente inasumible. El resultado es tan injusto como previsible: quien puede pagar, protege a su hijo; quien no, se queda atrás. Así se quiebra el principio básico de equidad del sistema sanitario público.
Este incumplimiento no es un hecho aislado. Forma parte de un deterioro más amplio de la atención pediátrica en Andalucía bajo el mandato de Moreno Bonilla. Hoy, cerca de 480.000 menores no tienen pediatra asignado en su centro de salud. Casi medio millón de niños cuyos padres deben recurrir a médicos de familia —sobrecargados y sin especialización pediátrica— o a unas urgencias hospitalarias cada vez más colapsadas.
De los más de 1.500 centros de salud existentes en la comunidad, apenas un tercio cuenta con pediatra en plantilla de forma estable. El resto depende de sustituciones temporales, contratos eventuales o, directamente, carece de cobertura. En muchos municipios rurales, ver a un pediatra se ha convertido en una excepción. La sanidad infantil también sufre la brecha territorial: nacer en un pueblo pequeño implica menos derechos que hacerlo en una capital.
Cada verano, la situación empeora. Las vacaciones multiplican las vacantes y la Junta vuelve a demostrar su incapacidad para planificar y cubrirlas. Este último verano, provincias enteras como Cádiz, Huelva o Jaén no lograron cubrir ni una sola plaza vacante de pediatría en Atención Primaria. Se ofertaron cerca de 200 plazas y apenas se cubrieron un puñado. No es que no haya pediatras: es que nadie quiere aceptar contratos precarios, agendas inasumibles, guardias interminables y sueldos que no compensan el desgaste. Los profesionales se marchan a otras comunidades o al extranjero. Andalucía pierde talento porque no ofrece condiciones dignas.
A este abandono estructural se suma el golpe silencioso de las vacunas no financiadas. La del rotavirus es el ejemplo más evidente, pero no el único. Cada retraso, cada exclusión del calendario, se traduce en más desigualdad social y más presión hospitalaria. Prevenir es más barato —en términos económicos y humanos— que curar, pero esa lógica no parece guiar las decisiones del Gobierno andaluz, más preocupado por el impacto mediático que por la planificación sanitaria.
Hay cifras que directamente avergüenzan. Lo que ha ocurrido este verano en el Hospital Materno Infantil de Málaga no es solo mala gestión: es una vergüenza política. Miles de niños en lista de espera quirúrgica, camas pediátricas cerradas, intervenciones canceladas el mismo día cuando los pequeños ya han llegado en ayunas. Padres desesperados, profesionales exhaustos y una administración que responde con silencio o con propaganda.
Sin inversión suficiente en Atención Primaria, sin una estrategia a medio plazo y sin incentivos reales para retener a los profesionales, Andalucía se ha situado entre las comunidades con peor cobertura pediátrica del país. Las consecuencias son evidentes: semanas de espera para una cita, urgencias saturadas con casos leves, familias obligadas a recorrer decenas de kilómetros para que un especialista vea a su hijo.
Y mientras tanto, Moreno Bonilla se felicita por políticas supuestamente “modernas” y publicita deducciones fiscales anecdóticas que lucen bien en redes sociales, pero no resuelven ninguna urgencia real. Cuesta entender que la Junta bonifique con 100 euros la atención veterinaria de una mascota, pero deje en manos del bolsillo familiar una vacuna esencial para un bebé. No es un error: es una jerarquía de prioridades.
La Andalucía real no es la de los vídeos institucionales ni la de los anuncios triunfalistas. Es la de madres angustiadas buscando pediatra, padres que piden días libres para desplazarse a otro municipio y bebés que no reciben vacunas recomendadas por falta de recursos. Una Andalucía donde el derecho a la salud infantil empieza a depender del nivel de renta.
Cuando dentro de unos años se analice el legado de Juanma Moreno lo que quedará será el deterioro de la sanidad pública, la precarización de los profesionales y la imagen de cientos de miles de niños sin pediatra y miles de familias pagando vacunas prometidas. Esa será su herencia política. Andalucía necesita realidades: pediatras en cada centro de salud, vacunas esenciales financiadas al 100% y una defensa real de lo público. Porque la salud de un niño no puede depender del marketing. Depende de decisiones. Y esas, hoy por hoy, con Moreno Bonilla siguen sin llegar.