Tanto el señor José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, como la señora Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, deberían empezar a ponerse de acuerdo consigo mismos. Sobre todo porque sus decisiones, o las que no toman, afectan a muchos millones de ciudadanos, no sólo a los de su ciudad y Comunidad, si no a los que los rodean, en un mundo pandemizado, en el que todas las acciones u omisiones de las mismas, nos afectan en colectivo. Si hace una semana la punta de lanza de la cruzada personal del PP madrileño, en especial de su ungida, la señora Díaz Ayuso, era la declaración o no de la Comunidad como zona catastrófica, la realidad ha vuelto a dejar en evidencia la mala fe e incapacidad de gestión de una Presidenta de Comunidad que nunca debió serlo, incapaz de gestionar nada más que la demagogia barata desde la cuenta de un perro famoso.

Una vez más Ayuso llevaba al extremo las medias verdades, o las mentiras completas, de falta de colaboración del Gobierno con la Comunidad, cuando, ante los efectos del temporal y su falta de previsión, ante una dureza meteorológica ya anunciada con antelación por la Agencia Española de Meteorología (AEMET), necesitaba la ayuda y concurso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en especial de la UME, ese cuerpo especializado que fue una “ocurrencia de Zapatero ¿recuerdan?, y que se ha consolidado como una genialidad muy necesaria. Ante la falta de previsión y decisiones de Ayuso, el temporal Filomena impuso toda su dureza, colapsando Madrid y toda el área metropolitana, ante cuya afectación los funcionarios públicos de Emergencias, Bomberos, Protección Civil y el Ejército, arrimaron el hombro para solucionar el desaguisado. Todavía no estaba la ciudad en orden cuando, la conflictiva presidenta, declaró el cambio de estadío de Emergencias, obligando así, por protocolo, a la retirada de la UME. Su intención, su mala intención más bien, era volver a generar un conflicto con el Gobierno, queriendo achacar al Ministerio del Interior y su titular, el ministro Fernando Grande Marlaska, un desinterés por socorrer a los madrileños. Le salió mal la jugada, y lo que se pretendía -otra encerrona de la Ayuso para reflejar en otros su incompetencia- evidenció la suya, y sus malas artes.

Tampoco le ha salido bien estresar los plazos de peritación y trámites necesarios para las ayudas, que el gobierno ha aprobado en estos días. Esta medida llega después de que lo solicitaran varias autonomías, entre ellas, Madrid para hacer frente a las numerosas consecuencias del temporal de nieve, y tras una primera valoración de los daños. Esta declaración llega finalmente pese a que, en un primer momento, el Ejecutivo mostró sus reticencias a adoptar la medida por falta de datos concretos de tasaciones de daños.  En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicó que se había acordado su aprobación a pesar de que aún no se ha precisado la totalidad de los daños.

Habría que decir, sin embargo, que Madrid y su Comunidad llevan muchos años siendo zona catastrófica pero no por los efectos de un incidente meteorológico. Madrid lleva siendo zona catastrófica desde que la señora Ayuso y sus antecesores, al igual que en el caso de Almeida y sus antecesores del PP redujeron a escombros los servicios públicos y “externalizaron”, que es el eufemismo que usan para decir privatizar, muchos de los servicios básicos públicos de la ciudadanía. Han machacado, empeorado, y no ampliado las condiciones laborales y estigmatizado a los profesionales de la sanidad que, todavía hoy, son chantajeados a ser deportados al Hospital Zendal contra su voluntad, con amenazas de ser castigados sin ser contratados de no asumirlo. En los años del gobierno del PP se han privatizado los servicios de limpieza y recogida de basuras de la ciudad, con el resultado que hemos visto durante los coletazos de Filomena de las calles de la capital atestadas de basura. Se han recortado plantillas y depauperado las condiciones laborales de los Bomberos, a los que ahora se les piden sobreesfuerzos para ayudar en las calles asoladas por árboles quebrados, accesos bloqueados, etcétera. Se han privatizado los servicios funerarios y de Tanatorios de la Comunidad, con los resultados que hemos visto durante la tragedia del Covid. Lo mismo se ha hecho con las residencias geriátricas, vendidas a amiguetes o delegadas en la gestión a empresas privadas, que luego han dejado, en muchos casos, abandonados a los ancianos a su suerte y a su muerte, teniendo que intervenir el ejército en su socorro. Se ha vendido la vivienda pública a fondos buitres, en momentos en los que la respuesta habitacional de Madrid, con problemas de suministros como los de la Cañada Real es nula. ¿Seguimos?

Madrid es una tragedia. Es una zona catastrófica porque el partido de la Gürtel, el PP, lleva décadas desmantelando los servicios públicos, razón por las que muchos miembros de su partido han sido imputados, condenados o incluso están en la cárcel, y, todavía hoy, sigue en vendettas de egos, en vez de en el servicio público. El mejor lugar para la señora Ayuso, mientras la ciudad no sabe a qué nuevo escenario de confrontación estéril va a enfrentarse, es la portada de la revista Vanity Fair. No porque tenga la elegancia exigida para una publicación de su nivel, por mucho que ensaye su cara de sobrina lerda de Joan Collins en una nueva versión “Trumpista” de la serie Dinastía, sino porque “La Feria de las vanidades” va a ser la hoguera, el epitafio y el legado de su paso por las responsabilidades públicas que ostenta. Desafortunadamente, también un precio muy alto en vidas y sufrimiento para la ciudadanía de la Comunidad y de la capital de España, ciudad querida, vivida y adoptada por muchos que como yo, la amamos.