Hace tan solo unas semanas debatíamos en el Congreso de los Diputados 6 enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, alegaciones que no prosperaron con 174 votos en contra, y menos mal, porque lo que se debatía era que se continuara o no con la tramitación del Proyecto de Ley, es decir que se le diera la oportunidad de debatirse y continuar con su tramitación parlamentaria. Una vez superado el primer escollo, continuamos con el plazo de enmiendas, en el que nos encontramos en estos momentos, y a posteriori se constituirá la ponencia y numerosos trámites que no vienen al caso, hasta que finalmente se avocaría en el debate parlamentario en el que se votaría el texto legislativo.
El objeto de este Proyecto de Ley no es otro que el de dotar al derecho a la vivienda, reconocido en el art. 47 de la Constitución, de un desarrollo legislativo que le otorgue un contenido efectivo en todo el territorio nacional.
Es necesario resaltar que este proyecto de ley no es una medida aislada. Junto a otras muchas, como el bono joven, la promoción de más de 100000 viviendas de alquiler social o el aumento en casi un 600% del Presupuesto del Estado en vivienda, todo ello forma parte de una política de largo alcance.
La aprobación de esta Ley significará la construcción de un quinto pilar del Estado del Bienestar, el que asegure de una forma definitiva una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos de este país. Al igual que en la consolidación del resto de pilares, somos conscientes de que existen numerosos obstáculos y dificultades en este empeño, pero en este caso esas dificultades serán mayores incluso, por los intereses económicos que están en juego. Pero también estamos convencidos de que existe un clamor social para que sigamos adelante y superemos todas las barreras.
Debemos ser conscientes de que no se puede emprender una vida digna sin tener asegurado un techo en el que desarrollar un proyecto de vida. Y el mercado lleva muchos años pidiendo una regulación prudente, pero valiente, que asegure que las ganancias estratosféricas de unos pocos no impidan el acceso a la vivienda de otros muchos, especialmente de los más jóvenes. La intervención del Estado, en consecuencia, es necesaria, pues el mercado por sí solo no ha sido capaz de satisfacer esta demanda ya no solo social sino vital.
Llama la atención que el PP, cuyos gobiernos autonómicos ya han dicho que no van a implementar partes importantes de la ley en sus CCAA, porque así lo prevé el Proyecto en aras del respeto a sus ámbitos de competencia, alegue a su vez invasión competencial del Estado.
Y tiene más sentido del que parece, porque, sus pretensiones son que el TC decida que los aspectos centrales de esta ley solo los pueda regular el Estado, y por tanto no los puedan regular las CCAA, y, al mismo tiempo, que el Estado no apruebe este Proyecto de Ley, persistiendo por tanto el vacío normativo en la materia, para continuar con la desregularización en materia de vivienda y fomentar la especulación inmobiliaria, que es a lo que aspira la bancada de la derecha.
El Proyecto de Ley por el Derecho a la vivienda necesitará del consenso de la mayoría simple del hemiciclo, pero creo firmemente en un entendimiento, en que no renunciaremos a una regulación estatal que evite ese vacío normativo, aprobaremos la primera Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda en la historia de la Democracia.
