El juez Peinado insiste en su empeño por completar una instrucción plagada de irregularidades y correcciones que tiene como principal investigada a la mujer de Pedro Sánchez. La última de una interminable lista de barbaridades procesales es una escueta providencia en la que exige a Gómez que justifique su viaje a Londres para asistir a la graduación de su hija, para el cual recabó autorización del sustituto de Peinado mientras éste se encontraba de vacaciones.
El magistrado, autor de perlas como insinuar que algunos policías podrían estar dispuestos auxiliar a Begoña Gómez en una eventual fuga o que el Gobierno actual podría compararse con el absolutismo Fernando VII, pregunta ahora a la mujer del presidente por los sellos en su pasaporte. Esta cuestión es, además de completamente anómala, una muestra de ignorancia supina. Desde los acuerdos tras el Brexit firmados entre la UE y el gobierno británico, los accesos y salidas entre ambos territorios no emplean un sistema de sellos físicos, sino un control electrónico que no deja huella material en el pasaporte.
Este juez, que está a la espera de la resolución de un procedimiento sancionador por el CGPJ en el último mes de ejercicio antes de jubilarse, quiere asegurarse de que Begoña Gómez no ha empleado su pasaporte, temporalmente devuelto, para ningún otro desplazamiento. O lo que es lo mismo, le exige la probatio diabolica: demostrar un hecho negativo. Este es un principio del derecho penal que conocen hasta los estudiantes de Derecho de los primeros cursos y que parece que un magistrado con años de ejercicio ha olvidado oportunamente.
Pero no satisfecho con el enésimo requerimiento disparatado, recuerda a Begoña Gómez que puede llegar a incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar, equiparándolo a casos como el de investigados por delitos violentos que se saltan la orden de alejamiento sobre su víctima. Una exageración que no destaca si lo ponemos en el contexto de una instrucción que hasta juristas conservadores ya tachan de sorprendente o irregular.
Tras comparar a la mujer de Sánchez con el ex primer ministro italiano, Bettino Craxi, fugado de la justicia tras verse envuelto en casos de corrupción, el juez Peinado mantiene su criterio del riesgo de fuga, y le exige la devolución del pasaporte y le recuerda su prohibición de salir del territorio nacional. No por precaución ante la posibilidad de que Begoña Gómez olvide su situación como investigada tras dos años de diligencias descabelladas casi semanales, sino por esa obsesión personal y necesidad de atención que envuelve toda esta instrucción.
No se sabe si esta será la última excentricidad con la que el juez Peinado haga gala de la impunidad judicial o si todavía guarda una as bajo la manga para culminar esta investigación que pasará a la historia como una de las mayores injerencias de la justicia en la política de este país. Un estudio superficial es bastante para concluir que las actuaciones de este juez carecen de la apariencia de objetividad e imparcialidad que la buena praxis demanda. Aunque de ninguna manera se pueden calificar como prevaricación, no por falta de dudas y sospechas, sino porque no hay nada más peligroso que un juez jubilado con tiempo y dinero para querellarse contra todo ser viviente; y a mí, honestamente, no me apetece pagarle la silla nueva a uno de sus caballos. Así que no, el juez Peinado no es un prevaricador, es simplemente así.
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