El equipo jurídico de Juan Carlos I negocia con Hacienda para regularizar la situación tributaria de quien fue el primer Rey de la democracia en España. La noticia ha coincidido, no casualmente, con la celebración del 42 aniversario de la Carta Magna. Si esa iniciativa consigue lo que pretende, el monarca emérito podría esquivar la acusación de delito fiscal, que es el único que se puede obviar cuando se confiesa y se repara el daño, evitando multas y enredos judiciales.

Eso le supondría reconocer que hubo fraude, aunque a estas alturas eso pueda ser un asunto menor. El importe no declarado hasta ahora superaría el medio millón de euros en el período que va de 2016 a 2018. Una etapa en la que Juan Carlos I ya no gozaba de inviolabilidad. Abdicó en junio de 2014.

Esos fondos provenían, al parecer, de aportaciones del empresario mexicano, Allen Sanginés- Krause. El emérito gastó esa cantidad en pagar viajes, hoteles, comidas y otros asuntos, así como también gastos de algunos de sus familiares. La utilización de tarjetas opacas le permitió abonar las facturas sin ser identificado.

Si se abordara una modificación limitada de la Constitución, el tema de la inviolabilidad del Jefe del Estado se pondría de inmediato sobre la mesa. Si no fuera así, incluso la imputación por una hipotética comisión de actos criminales por un Rey de España quedaría en agua de borrajas.

No debe ser gratuito el momento elegido para regularizar la situación tributaria de Juan Carlos I. Puede acabar pagando una cuantiosísima multa y aquí paz y después gloria. Ni Hacienda ni la Fiscalía se han querellado todavía contra él, por lo que podría acogerse a una regularización legalmente prevista. Una magnífica oportunidad porque, según el Código Penal, como no ha habido denuncia de por medio, esta fórmula le permitiría resolver el problema pagando la multa a Hacienda. En este caso por lo menos, tampoco podría ser imputado por blanqueo de capitales según marca la ley.

Lo que sí tendría que explicar es el origen de los fondos, aunque siempre queda la posibilidad de que sean otros los responsables y que el emérito no estuviera siquiera informado de lo sucedido. Pronto sabremos cómo se resuelve este traspiés.

Este domingo, en la celebración del aniversario de la Constitución, pocos políticos opinaron sobre esta espinosa cuestión. El portavoz de Unidas Podemos comentó que “lo hace porque lo han pillado”. Pablo Casado, echó balones fuera aludiendo “al legado de D. Juan Carlos como arquitecto de la Transición”. Para el presidente del PP, se trata de “un asunto de ámbito privado” remitiéndose en su caso al Tribunal Supremo.

En una entrevista televisiva, el juez Baltasar Garzón abordó el tema de la inviolabilidad que goza la jefatura del Estado. A su juicio, nunca debería haber existido la inviolabilidad del Rey, salvo en temas concretos derivados de su actuación como Jefe de Estado. Y consideró que, si estos hechos que se investigan ahora resultan acreditados, “tendrá que responder con todas las garantías, como cualquier otro ciudadano”.

Es que de eso se trata. De que los ciudadanos no nos quedemos con la amarga impresión de que la Justicia tiene un peso distinto si se ha nacido en Palacio o si se forma parte del colectivo mayoritario que tiene que ganarse el pan desde el primer día. Bien está que en los pactos de la Transición se acordara el establecimiento de una monarquía parlamentaria, pero las malas actuaciones hacen difícil ahora no cuestionarla.

Acaso, el propio Juan Carlos I aún no comprenda el inmenso conflicto que ha legado a la institución y, menos aún, que él mismo ha resultado ser su principal enemigo.