La primera sesión plenaria del debate de investidura presidencial de Pedro Sánchez ha venido a ratificar la radicalidad extrema de la oposición al primer gobierno de coalición de España desde el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Una oposición tan extremadamente radical sobre todo desde las tres formaciones en las que se expresan ahora las derechas hispánicas -PP, Vox y C’s-, con algún que otro añadido más o menos inesperado -NS, PRC, CC-, pero también desde otros grupos políticos -JxCat y las CUP- que han dejado muy claro que también ellos son partidarios del “cuanto peor, mejor”.

Debe ser cierto que “el sentido común es el menos común de los sentidos”. Ver y oír este pleno del Congreso de Diputados lo confirma. Lo confirma asimismo ver y oír, casi en paralelo, el pleno del Parlamento de Cataluña convocado con carácter de urgencia para debatir acerca de la insólita resolución de la Junta Electoral Central (JEC) por la que se exige a la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB) la aplicación inmediata de la condena a Quim Torra de un año y medio de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público, aunque esta condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no sea todavía firme y esté pendiente de su ratificación por parte del Tribunal Supremo (TS).

La vocinglería crispada e insultante de las derechas hispánicas, con discursos intercambiables y que apenas se distinguían entre sí en su descalificación absoluta del proyecto político y programático de Pedro Sánchez, tenía su correlato radical -es cierto que algo más moderado en las formas y sobre todo en el lenguaje, pero no en su contenido- por parte de los sectores más extremos del secesionismo catalán. ¡Cuánto guerracivilismo subsiste todavía en nuestros ultranacionalismos, tanto da que sea el español que el catalán! ¡Cuánto odio visceral, cuánta irracionalidad, cuánta pasión sin sentido! ¡Y qué poca política, qué poca voluntad de diálogo, que poca intención de anteponer el interés común a los intereses sectarios!

No seré precisamente yo quien salga ahora a defender a Quim Torra. He dicho y escrito hasta la saciedad que me parece un auténtico peligro público, que es sin duda el peor presidente que ha tenido la Generalitat, que elegirle como sucesor y vicario del fugado Carles Puigdemont fue un error monumental del movimiento separatista catalán… No obstante, dicho esto, estoy convencido que España sigue siendo un Estado democrático de derecho y que solo desde una instancia judicial, por sentencia firme y por tanto no recurrible, quien en su momento fue elegido presidente de la Generalitat puede ser destituido de este cargo, si no es cesado mediante la correspondiente moción de censura por parte del Parlamento de Cataluña.

Me asombra y escandaliza constatar que aquellos que con tanto ardor dicen que defienden la vigente Constitución española, intenten retorcerla de manera torticera al servicio de sus exclusivos intereses partidistas y sectarios. Es lo que hacen constantemente las derechas ultranacionalistas españolas, incluso recurriendo a artimañas supuestamente legales con la única intención de impedir la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno de coalición progresista y de izquierdas. Y es lo que hacen también algunos de los grupos ultranacionalistas catalanes, que pretenden, a cualquier precio, la patrimonialización sectaria y abusiva de Cataluña.

A unos y a otros, ¡hagan política, por favor! ¡Salgan de una vez de su discurso solipsista! ¡Hagan política! ¡Dejen ya de bloquear! ¡Dialoguen ya! ¡No tengan miedo!