Lo que el fuego se llevó

Resulta lamentable que, en pleno siglo XXI, la barbarie continúe apareciendo como una respuesta posible ante algunos de los grandes desafíos provocados por las desigualdades territoriales a escala global. El fuego —ese elemento simbólicamente presentado tantas veces como “purificador”, capaz de eliminar aquello que una sociedad no quiere ver— vuelve a aparecer asociado a los asentamientos precarios. Lo encontramos en emergencias humanitarias como la que actualmente avergüenza a Ceuta y en territorios agrícolas con una elevada demanda de mano de obra migrante, como ha sucedido en Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, en Huelva.

Mientras no concluyan las investigaciones, no podemos afirmar que todos estos incendios hayan sido provocados. Sin embargo, con independencia de su origen, el fuego pone al descubierto una realidad estructural previa: asentamientos levantados con materiales inflamables, ausencia de suministros básicos, hacinamiento, falta de alternativas habitacionales y una precariedad cronificada que convierte cualquier incidente en una tragedia anunciada. La emergencia no nació con las llamas: el fuego únicamente hizo visible el abandono que ya existía.

Salvando las diferencias de magnitud, contexto e impacto mediático —así como las implicaciones nacionales e internacionales que posee Ceuta—, los actores y las tensiones se repiten: nativos asustados frente a migrantes desesperados. Autoridades enfrentadas frente a una sociedad civil organizada y unas ONG desbordadas. Políticos estrategas frente a medios de comunicación y redes sociales que, dependiendo de sus intereses y criterios, informan, desinforman o distraen.

Ceuta tiene soluciones reales, viables y respetuosas con la dignidad y los derechos de todas las personas. Soluciones que no necesitan ruido político ni espectáculo mediático, sino responsabilidad administrativa, compromiso político y conciencia ciudadana. Es preciso reconocer las dificultades existentes y respetar las condiciones y los plazos necesarios para ordenar la respuesta, pero garantizando durante todo el proceso unas condiciones de vida dignas para las personas migrantes y unas condiciones adecuadas de convivencia, seguridad y trabajo para la ciudadanía ceutí, el funcionariado y el personal de las ONG comprometidas con el territorio.

También es imprescindible apartar del escenario público a quienes promueven la agitación y la violencia, instrumentalizando el dolor de la población ceutí y de las personas migrantes para obtener rédito político, alimentar el miedo o enfrentar a quienes, en realidad, comparten las consecuencias de una misma falta de planificación. Ceutíes y migrantes no deben convertirse en adversarios. La respuesta no puede construirse desde el enfrentamiento entre quienes sufren, sino desde la responsabilidad de quienes tienen la obligación y la capacidad de ofrecer soluciones.

Y, finalmente, estamos nosotras y nosotros: indignados, confundidos, desinformados y, en ocasiones, sin voluntad de buscar, documentarnos, leer y comprender lo que realmente está sucediendo. Nos indignamos durante unas horas y, después, cerramos los ojos ante la tragedia. Pero esta no es únicamente la tragedia de Ceuta, Lucena del Puerto o Palos de la Frontera. Tampoco es exclusivamente la tragedia de Marruecos, Palestina, Siria, Mali, Níger, la República Democrática del Congo, Venezuela o Colombia. Es la tragedia de nuestra propia deshumanización.

La historia ya nos advirtió de las consecuencias de clasificar unas vidas como dignas de protección y otras como prescindibles. El 10 de mayo de 1933, la quema pública de libros en la Alemania nazi simbolizó la voluntad de eliminar ideas, identidades y memorias consideradas incómodas. Entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938, durante la denominada Noche de los Cristales Rotos, ardieron sinagogas, viviendas y comercios judíos, mientras una parte de la sociedad observaba, justificaba o permanecía en silencio. El fuego no comenzó siendo únicamente físico: antes había prendido en el lenguaje, en los prejuicios y en la indiferencia.

También España conoce el significado del desplazamiento y del rechazo. En 1939, durante La Retirada, cerca de medio millón de personas cruzaron la frontera francesa huyendo de la Guerra Civil. Décadas después, especialmente entre 1960 y 1973, millones de españoles emigraron hacia otros países europeos buscando trabajo y mejores condiciones de vida. Fuimos refugiados, migrantes y mano de obra extranjera. Conviene recordarlo antes de presentar la movilidad humana como una amenaza ajena a nuestra historia.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional proclamó, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su artículo primero estableció que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No dijo “todos, salvo quienes migran”; tampoco “todos, excepto quienes viven en un asentamiento”.

Posteriormente, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada el 28 de julio de 1951, intentó convertir parte de aquella conciencia histórica en obligaciones concretas de protección. Sin embargo, más de siete décadas después, seguimos levantando fronteras materiales y simbólicas entre quienes consideramos parte de nuestra comunidad y quienes permanecen fuera de nuestro campo de responsabilidad moral. Porque cuando deja de importarme lo que le suceda a otro ser humano en situación de vulnerabilidad, exclusión o desventaja, algo profundamente humano se ha perdido también dentro de mí. Cuando pienso que mi vida no tiene nada que ver con la de quienes se encuentran en el lado adverso de la historia, olvido que ninguna posición social, económica o territorial es eterna.

La historia real —la que se documenta y no se manipula— conserva demasiados episodios de dolor, persecución, desplazamiento y muerte que regresan bajo formas diferentes. Regresan, precisamente, porque demasiadas veces creímos que aquello no iba con nosotros. El fuego consumió los asentamientos. La indiferencia amenaza con llevarse también nuestra humanidad.