El nuevo curso político está a punto de comenzar y Alberto Núñez Feijóo parece dispuesto a hacerlo como terminó el anterior: mucho ruido, muchos exabruptos y mucha demagogia. Pero hay una palabra que apenas aparece en su discurso: empleo. Y quizá no sea casualidad. Mientras España encadena máximos históricos de ocupación y ha conseguido situar el paro por debajo del 10%, Finlandia atraviesa una situación laboral cada vez más complicada con un Gobierno formado por conservadores y ultraderecha.
La comparación debería hacernos reflexionar. Finlandia no es España y sería absurdo atribuir exclusivamente a las decisiones de su Gobierno todos sus problemas económicos. Pero sí representa una advertencia sobre los riesgos de determinadas recetas laborales y económicas. Y obliga a plantear una pregunta incómoda para Feijóo y Abascal: ¿qué quieren cambiar exactamente del modelo que está permitiendo a España crear empleo, crecer y alcanzar récords de afiliación?
Finlandia había sido durante décadas uno de los grandes referentes europeos de bienestar, empleo y servicios públicos. Sin embargo, su mercado laboral atraviesa ahora una situación muy diferente. En junio de 2026, la tasa de desempleo tendencial alcanzó el 10,5%, mientras el número de personas ocupadas era inferior al registrado un año antes.
El dato tiene especial relevancia porque el país está gobernado desde 2023 por una coalición encabezada por el conservador Petteri Orpo en la que participa el Partido de los Finlandeses, una formación de extrema derecha.
El Gobierno llegó con una promesa ambiciosa: crear empleo y mejorar las cuentas públicas. Pero la realidad del mercado laboral está siendo mucho más complicada. Finlandia ha sufrido una fuerte pérdida de dinamismo económico y el desempleo ha aumentado con fuerza.
Y hay un dato político especialmente revelador. El Gobierno de Orpo llegó al poder con el compromiso de aumentar el empleo en 100.000 personas. Era una de sus grandes promesas económicas. La realidad, sin embargo, ha ido en dirección contraria: el empleo se ha deteriorado y el paro ha aumentado. Prometieron 100.000 empleos y hoy Finlandia tiene que hacer frente a uno de sus peores escenarios laborales en décadas.
Conviene hacer aquí una precisión importante. Finlandia arrastra problemas económicos que no pueden explicarse únicamente por la ideología del Gobierno. La debilidad de determinados sectores industriales, la situación internacional y otros factores han influido también en la evolución del empleo.
Pero eso no invalida la lección política. Porque el Ejecutivo de Orpo ha apostado por una agenda de recortes y reformas laborales destinada a reducir el gasto público y flexibilizar el mercado de trabajo. Y eso es lo que PP y Vox han defendido en España en numerosas ocasiones.
Ahí aparece la verdadera comparación. ¿Qué habría ocurrido en España si durante estos años se hubiera aplicado la receta que Feijóo y Abascal han defendido desde la oposición?
Porque hay algo que los españoles sí conocen. PP y Vox han votado contra distintas medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez destinadas a mejorar las condiciones laborales, desde la reforma laboral hasta las subidas del Salario Mínimo Interprofesional. También han rechazado la reducción de la jornada laboral.
No es una cuestión de etiquetas. Son decisiones concretas. Y el resultado del modelo español también puede medirse con datos concretos. En el segundo trimestre de 2026 España alcanzó los 22.779.000 ocupados. En apenas tres meses se crearon 486.000 empleos y en los últimos doce meses el número de ocupados aumentó en 510.200 personas. Al mismo tiempo, el número de desempleados cayó en 213.300 y quedó en 2.495.300. La tasa de paro bajó hasta el 9,87%.
No son previsiones. No son promesas electorales. Son los datos de la Encuesta de Población Activa del INE.
Y hay otro dato que merece atención: la economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre respecto al anterior y un 2,7% en términos interanuales. El empleo equivalente a tiempo completo aumentó un 2,3% respecto al mismo trimestre de 2025.
España ha pasado de una economía acostumbrada a destruir empleo con enorme facilidad a otra capaz de crear cientos de miles de puestos de trabajo incluso en un contexto internacional complicado.
Y, además, ha cambiado la calidad de ese empleo. La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez convirtió la contratación indefinida en la norma y redujo de forma drástica la temporalidad.
El modelo ha cambiado. Y ha cambiado mientras la economía crecía. Ese es precisamente el argumento que la derecha española debería explicar si quiere plantear una alternativa. Porque durante años PP y Vox anunciaron que las medidas laborales del Gobierno destruirían empleo, frenarían la economía y provocarían el cierre de empresas.
Los datos no han confirmado esas predicciones. España tiene ahora más de 22,7 millones de ocupados y una tasa de paro inferior al 10%. Por eso resulta legítimo preguntarse qué pretende hacer Feijóo si llega a La Moncloa.
¿Deshacer la reforma laboral?
¿Frenar las subidas del salario mínimo?
¿Renunciar a seguir reduciendo la temporalidad?
¿Recortar la protección de los trabajadores?
¿Cambiar un modelo que está consiguiendo récords de empleo por otro que promete, una vez más, que los beneficios acabarán llegando después?
Porque esa es la cuestión que debería estar en el centro del debate político. No basta con decir que Pedro Sánchez lo hace todo mal. Hay que explicar qué se va a hacer diferente. Y, sobre todo, hay que explicar qué consecuencias tendrá para los trabajadores.
Finlandia ofrece una advertencia, aunque no una receta automática para interpretar lo que ocurriría en España. Su experiencia demuestra que ningún país tiene garantizado para siempre un mercado laboral sólido y que las decisiones económicas tienen consecuencias. También demuestra que ser un país nórdico no inmuniza frente al desempleo.
España, por el contrario, está atravesando una etapa de creación de empleo que habría parecido difícil de imaginar hace no demasiados años. Y eso debería importar mucho más que el ruido político.
Porque para una persona que busca trabajo, para una familia que necesita estabilidad o para un joven que quiere independizarse, la economía no se mide en titulares. Se mide en una nómina. En un contrato. En poder pagar una vivienda. En saber que el mes que viene seguirá teniendo trabajo. Ese es el verdadero debate.
Porque cambiar por cambiar no es gobernar. Y desmontar lo que funciona tampoco. Finlandia debería servirnos para recordar precisamente eso. No se trata de importar su fracaso ni de simplificar sus problemas. Se trata de mirar los datos y preguntarnos qué modelo queremos para España.
Uno que ha llevado el empleo a máximos históricos, con 22,8 millones de ocupados y una tasa de paro del 9,8%.
O uno que, bajo el discurso de la derecha y la ultraderecha, vuelva a apostar por recortes y una mayor flexibilidad laboral como respuesta casi automática a cualquier problema económico.
Feijóo y Abascal quieren gobernar España. Que expliquen qué van a hacer con los 22,8 millones de personas que hoy tienen trabajo.
En Finlandia hay una cifra que debería hacer pensar a todos: un 10,5% de paro. España acaba de bajar del 10%. Los españoles tienen derecho a decidir qué camino quieren seguir. Pero antes deberían conocer el precio de cada alternativa.
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