Hoy se cumplen los primeros 100 días del Gobierno de coalición progresista de PSOE y UP presidido por Pedro Sánchez. Está claro que a este gobierno no se le han dado ni tan solo los habituales 100 días de gracia antes de comenzar a criticarle por su gestión. Incluso antes de su toma de posesión, aún recién investido presidente, Sánchez recibió ya el fuego graneado de una oposición frontal, implacable e inmisericorde, sin darle posibilidad alguna de respiro. Añadamos a ello que llevamos ya los últimos 39 de estos primeros 100 días de este gobierno desde la entrada en vigor de la declaración del estado de alarma, causado por la inesperada irrupción de la terrible pandemia del coronavirus, con todas sus dramáticas consecuencias sanitarias, económicas y sociales.

Con estos datos es fácil concluir que el actual Gobierno de España no ha dejado de estar sometido ni un solo instante a una sistemática operación de acoso y derribo. Especialmente por parte de las tres grandes fuerzas políticas de las derechas hispánicas -el PP y sus franquicias territoriales, Vox y Ciudadanos-, pero también por parte de formaciones en apariencia tan distintas y distantes como JxCat y las CUP.

El pleno de hoy en el Congreso de Diputados ha ratificado, solo con muy leves matices, lo que llevamos vivido en nuestro país durante estos últimos 100 días. La ampliación por quince días más del vigente estado de alarma, ya con algunos primeros indicios de la tan ansiada desescalada en el confinamiento domiciliario absoluto de la gran mayoría de la población, ha quedado ratificada por una muy amplia mayoría de votos: además de los de PSOE y UP, también los de PP y todas sus franquicias territoriales, Ciudadanos, PNV, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Teruel Existe. Pero ha habido también votos en contra: evidentemente los de Vox, cuyo único objetivo político estratégico parece ser el ataque frontal a nuestro sistema democrático, pero también JxCat y las CUP.

Vox ha encontrado así unos extraños compañeros de cama en dos formaciones políticas que coinciden entre ellas únicamente en su inasequible defensa de la independencia de Cataluña, aunque JxCat es un grupo político de derechas, heredero directo de la histórica CiU pujoliana, mientras que la CUP es una formación política de extrema izquierda y antisistémica. Repito: extraños compañeros de cama, tanto Vox respecto a JxCat y CUP como estas dos fuerzas entre sí. Por su parte, en esta tercera ampliación del estado de alarma, ERC y Bildu se han abstenido. Ninguno de estos grupos parlamentarios ha propuesto ninguna alternativa razonable a esta constitucionalmente  imprescindible ampliación del estado de alarma, la tercera consecutiva hasta ahora, y que el presidente Sánchez ha anunciado que no será todavía la última.

Ha sido una sesión parlamentaria solo relativamente sorprendente. Un Pablo Casado sobrado y en plan perdonavidas, con su autodefinida como amazónica Cayetana Álvarez de Toledo en funciones de iracunda portacoz, ha intentado una vez más no solo criticar sino deslegitimar de forma global a la actual coalición progresista de gobierno, empleando incluso expresiones impropias en el líder del primer partido de la oposición. Vox ha intentado morder de nuevo en la yugular, pero pinchando en hueso, como suele sucederle. Ciudadanos ha matizado algo su oposición, en un tono sin duda más constructivo y dialogante. PSOE y UP han mantenido, como siempre es exigible en una coalición de gobierno, coincidencia en sus posiciones.

A pesar de todos los pesares, estos y no otros son los mimbres con los que contamos, hoy y aquí, para enfrentarnos al extraordinario desafío colectivo que constituirá la reconstrucción social y económica de nuestro país. El presidente Sánchez ha ofrecido una amplia política de acuerdos, no solo a nivel nacional sino también autonómico y local. Un reto difícil, sin duda alguna. Muy difícil. Casi imposible. Pero entre todos deberemos hacerlo posible, con la ayuda, ahora sí, de la Unión Europea (UE).

Recordemos todos que tal día como hoy pero 34 años atrás, en 1986, fue aprobada la Ley de Sanidad del primer gobierno socialista presidido por Felipe González, con el añorado Ernest Lluch como ministro del ramo. Una Ley de Sanidad que, por vez primera en la historia de España, consagró la existencia de una sanidad pública, gratuita y universal.