Durante décadas, buena parte del mundo occidental gobernado por partidos conservadores aplicó las recetas neoliberales asumiendo que la apertura de los mercados, la desregulación, la reducción del papel del Estado y la confianza en que el crecimiento acabaría llegando a todos y bastaría para garantizar prosperidad, cohesión y bienestar.
Sin embargo, la realidad ha demostrado con crudeza los límites de ese modelo neoliberal. La desigualdad, la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda y la fragilidad de amplias capas de las clases medias han sido consecuencia de una forma de entender la economía que ha subordinado demasiadas veces el interés general a la lógica del mercado.
El último libro de Dani Rodrik; Shared Prosperity in a Fractured World: A New Economics for the Middle Class, the Global Poor, and Our Climate. (Princeton University Press, 2025) resulta especialmente inspirador en este momento. Su diagnóstico parte de una evidencia difícil de discutir: no puede haber prosperidad compartida si una economía debilita su base productiva, si el trabajo pierde centralidad, y si el Estado renuncia a intervenir para corregir desequilibrios y afrontar grandes transformaciones como la transición ecológica o la revolución tecnológica. De ahí que el debate de nuestro tiempo ya no deba situarse entre más o menos mercado, sino entre quienes siguen confiando en inercias que han generado desigualdad, y quienes creemos que la política democrática debe recuperar capacidad para ordenar la economía en favor de la mayoría social.
Esta idea de prosperidad compartida ya está presente en la política progresista europea. Como ha señalado Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo, “hay que identificar soluciones compartidas a retos comunes”.
El análisis de Rodrik considera que las consecuencias del cambio climático, la pobreza global y el debilitamiento de las clases medias son parte de un mismo problema cuya solución pasa por avanzar con mayor determinación hacia un modelo más justo, y más productivo y equilibrado. Un modelo en el que el mercado siga desempeñando su papel, pero en el que sea la política democrática la que fije prioridades y garantice que el crecimiento se traduzca en bienestar para la mayoría.
España ha tomado esa dirección en los últimos años. El Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado medidas que aplican el concepto de prosperidad compartida: más derechos laborales, mejores empleos, más industria de valor, y un impulso decidido a la agenda verde para promover un crecimiento sostenible y una transición ecológica justa. En suma, una mayor capacidad pública para orientar el crecimiento. Y todo ello con políticas transversales de igualdad de género, igualdad que resulta tan imprescindible como inaplazable para alcanzar una verdadera democracia.
Por eso, frente al viejo orden neoliberal, y, sobre todo, frente a los nuevos populismos y tecnocracias que intentan socavar las bases de la democracia, resulta indispensable consolidar una agenda socialdemócrata. Porque durante demasiado tiempo se nos quiso hacer creer que la competitividad exigía salarios contenidos, derechos laborales debilitados y una intervención pública cada vez menor. Y hoy sabemos que ese camino no solo ha producido más desigualdad, sino también una economía más vulnerable, demasiado dependiente de actividades de bajo valor añadido y demasiado expuesta a dinámicas que no generan prosperidad compartida.
España ha de continuar avanzando en un modelo económico a favor del trabajo, de la industria, de la innovación y de la cohesión social. Una economía que fortalezca nuestra capacidad productiva, que acompañe a las pequeñas y medianas empresas en su modernización, que vincule la inversión pública al empleo de calidad y que convierta la transición ecológica en una oportunidad para reindustrializar el país y ampliar las oportunidades de las empresas y la ciudadanía. Y desde luego, situar el acceso a una vivienda digna y asequible en el centro de la acción pública. No solo como una exigencia social, sino también como una condición indispensable para la igualdad de oportunidades, la cohesión generacional y la estabilidad económica.
Desde 2018, esta receta está siendo aplicada en nuestro país con indudable éxito: España cerró 2025 con 22,46 millones de ocupados y 605.400 empleos más en un año, mientras la tasa de paro bajó del 10% por primera vez desde 2008. Al mismo tiempo, la producción eléctrica renovable alcanzó en 2024 el 57,2% de la generación bruta, una cifra récord que coloca al país en una posición singular para liderar la descarbonización industrial. No estamos, por tanto, ante un debate abstracto: existe una base material sobre la que seguir construyendo una estrategia nacional de prosperidad compartida.
España y Europa deben seguir avanzando en esa dirección. Y debemos hacerlo con las herramientas de la mejor tradición socialdemócrata y progresista: más confianza en la política democrática y en la prosperidad compartida como herramienta para mejorar la vida de las personas.
Porque lo mejor, si lo hacemos juntos, y en paz, está por venir.
Obdulia Taboadela es diputada del PSOE por A Coruña y portavoz de Ciencia del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
