El escándalo de Moreno Bonilla y Vox: 6 veces más para altos cargos que para vivienda pública

Los primeros presupuestos del pacto de Moreno Bonilla con Vox para 2027 demuestran lo poco que les importan los problemas reales de la gente. El presidente de la Junta está más preocupado por agradar a Vox que por gobernar para la mayoría social, prefiriendo ceder ante los postulados ideológicos de la extrema derecha y blindar los privilegios de los altos cargos antes que ofrecer soluciones reales a los problemas de las familias andaluzas.

En este sentido, los socialistas andaluces, a través de la portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento, María Márquez, han calificado duramente estas cuentas de “negacionistas y privatizadoras”, denunciando públicamente que lo barato que le ha salido Vox a Moreno Bonilla evidencia un pacto ideológico que sacrifica los servicios públicos de la inmensa mayoría social en favor de los intereses de la derecha.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha lanzado una contundente crítica contra los presupuestos, advirtiendo de que con estas cuentas el Ejecutivo autonómico y sus socios “se quitan la careta”, evidenciando claramente que están diseñados principalmente para beneficiar a “la minoría pudiente, el negocio privado y la especulación”, mientras agitan cortinas de humo a través de subvenciones para intentar acallar el descontento y la contestación social en la calle.

Si hubiese que elegir un dato rotundo para dejar claras las intenciones del Ejecutivo autonómico, sería el brutal contraste en las partidas de gasto: el Gobierno andaluz destina 60,3 millones de euros para inflar el presupuesto de altos cargos y asesores, una cifra que es seis veces mayor que la inversión destinada a la construcción de viviendas públicas. ¿Quedan claras las prioridades de PP y Vox en Andalucía?

La gran mentira de la vivienda pública en Andalucía queda al descubierto al analizar la letra pequeña de las cuentas presentadas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), tal como ha denunciado el parlamentario de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo Serrano. Mientras el Gobierno autonómico presume de contar con un presupuesto global de 954,6 millones de euros en esta materia, la realidad es que se trata de una verdad a medias: la inmensa mayoría de este dinero no corresponde a fondos propios para edificar, sino a recursos europeos finalistas destinados a la rehabilitación de inmuebles particulares, ayudas al alquiler, gastos de personal o subvenciones a promotores privados.

El desglose real evidencia que para construir nueva vivienda pública AVRA apenas consigna 10,7 millones de euros, una cantidad ridícula frente a los 23 millones que la Junta prevé ingresar mediante la venta de suelos y edificios públicos. Al mismo tiempo, el Ejecutivo dispara hasta los 67 millones las subvenciones dirigidas a promotores privados -frente a los escasos 9 millones del ejercicio anterior-, y reduce de un plumazo casi 1.700 ayudas destinadas a las familias vulnerables. Una estrategia que prioriza claramente el negocio privado y la especulación frente a la creación de un parque público de vivienda. Por cierto, para publicidad institucional sí hay reservados 17,8 millones de euros, una partida suculenta para vender humo a los andaluces y tratar de maquillar la gestión de Moreno Bonilla.

Las grandes cifras que pregona el PP sobre el presupuesto más alto de la historia se desinflan al comprobar la contabilidad creativa y la infraejecución real en la gestión de las cuentas. En 2024 apenas se ejecutó un 38% de las inversiones públicas previstas, dejando sin gastar más de 398 millones de euros, una parálisis que se repitió en 2025 al ejecutarse únicamente el 35% y dejar sin gastar más de 470 millones de euros. Esta política de escaparate significa que, de cada cuatro euros anunciados a bombo y platillo, la Junta apenas llegó a gastar uno. El resultado es una desatención tremenda de las infraestructuras clave para la comunidad: como denuncia el PSOE tras registrarse doscientas muertes en las carreteras andaluzas en dos años, la respuesta de Moreno Bonilla es recortar a la mitad las partidas destinadas a eliminar puntos negros de tráfico.

El desmantelamiento programado de los servicios esenciales se aprecia con igual gravedad en el ámbito sanitario y educativo. Andalucía continúa a la cola de España en gasto sanitario por habitante, con unas listas de espera desbordadas para especialistas y pruebas diagnósticas y la atención primaria totalmente colapsada por la falta de personal. Lejos de reforzar lo público, el pacto con Vox acelera la transferencia de recursos a la sanidad privada mediante 231 millones destinados a conciertos para intervenciones quirúrgicas y 619 millones para derivar pruebas a clínicas privadas.

En la educación ocurre tres cuartos de lo mismo: según denuncia USTEA, Moreno Bonilla eleva un 7,48% la partida para la enseñanza concertada hasta alcanzar los 1.183,35 millones de euros para 2027, mientras aplica la tijera a la red pública suprimiendo 360 aulas solo en el curso 2025-2026 y más de 2.750 desde 2019, abandonando la educación inclusiva y desprotegiendo al alumnado con necesidades especiales.

Por si fuera poco, el drama de la dependencia completa este desolador panorama de abandono institucional. Los anunciados incrementos presupuestados de la Junta de Andalucía no son más que el reflejo del dinero aportado por el Gobierno central a raíz de las reformas estatales, unas mejoras ante las que PP y Vox votaron rotundamente en contra en las Cortes. Mientras tanto, casi 40.000 personas aguardan en Andalucía la resolución de su expediente, suspenso esperas superiores a seis meses en el 98% de los casos y casi 2.800 personas han fallecido este año sin llegar a percibir sus prestaciones. La maniobra de camuflaje es clara: la Junta desploma la inversión en residencias públicas de 121 a 49 millones de euros, mientras dispara un 126% los cheques para plazas en centros privados, dejando a nuestros mayores a merced del mercado y cargando el esfuerzo de los cuidados sobre las familias.

Los primeros presupuestos de Moreno Bonilla y Vox consagran un modelo político hostil a las necesidades de la mayoría social. Detrás de los artificios contables y de las supuestas cifras récord se esconde una hoja de ruta dirigida a debilitar el Estado del bienestar, sostener privilegios institucionales, financiar viviendas para altos cargos y hacer negocio con la salud, la educación y los cuidados de los andaluces.

Señor Moreno Bonilla, Andalucía no necesita unas cuentas públicas trucadas ni medidas diseñadas a medida de unos pocos privilegiados: necesita una política justa y sensible, comprometida con las necesidades de la mayoría social, que devuelva la dignidad a la sanidad pública, garantice la inclusión educativa, atienda adecuadamente la dependencia y haga del derecho a la vivienda pública una realidad accesible para todos.