De entrada, transparencia. No es posible ni deseable ningún pacto con Rivera o con el PP tras el 10N ante la existencia de objetivos y programas muy diferenciados. Otra cosa es que, si llegáramos a una nueva situación de bloqueo y en un ejercicio de corresponsabilidad, pudiera darse una abstención para permitir investir a un gobierno del PSOE si este no alcanzara un acuerdo de mayoría estable con otras fuerzas de progreso. Veremos si la reciente división de la izquierda en tres, favorece el diálogo y la deseable negociación entre Sánchez, Iglesias y Errejón.

Muchos harán su campaña contra el PSOE, jugando sucio como hasta ahora. Y algunos acusándole de buscar acuerdos con la derecha. Se volverán a equivocar. Pero no tienen otro eje para su campaña.

Ahora, la respuesta a la desafección y al hartazgo ciudadano ante la parálisis política del Parlamento y del Gobierno es un compromiso socialdemócrata coherente en favor de un gobierno progresista, creíble y estable para toda una legislatura que permita afrontar las transformaciones que necesita la España plural  y la mayoría social.

De cara a la cita del 10N y para evitar fragilizar la identidad del PSOE, hacen daño las indefiniciones en cuestiones claves. Tanto en políticas de la agenda social como en materia de alianzas o pactos poselectorales. En el PSOE nos vamos a volcar para que nuestra propuesta sea entendida por la ciudadanía como una alternativa que suma a los hombres y mujeres progresistas. Una alternativa frente a los planes de involución política y social de las tres derechas que esperan su segunda oportunidad para dar el asalto a La Moncloa. El riesgo es real.

Por esas razones, el PSOE quiere volver a ilusionar a los electores que apoyaron el 28A a Pedro Sánchez y al innovador proyecto global de la Socialdemocracia para el siglo XXI. Seguro que no es fácil. Incluidos aquellos disconformes con el proceso de la fallida negociación de cara a la investidura.

El PSOE es la única opción posible de gobierno desde la izquierda. De ahí que pida el voto útil, sin falsos radicalismos, desde la defensa de la integridad de España y de los principios federales. Se trata de saber conjugar lo anterior con compromisos sobre pensiones, derogación de los aspectos más nocivos de la reforma laboral para un empleo de calidad, lucha contra la pobreza, inversiones en i+d+i, transformación digital de la economía, transición ecológica, diálogo federal y financiación autonómica, y reformas por una fiscalidad justa y redistributiva.

El liderazgo siempre ha de ir unido a la credibilidad. Obliga a contar la verdad a la gente sobre la dimensión real de los graves problemas y desafíos, locales y globales. Requiere compromisos programáticos claros con sistemas de control sobre su efectivo cumplimiento, así como pedir corresponsabilidad al conjunto de la sociedad española para superar retos y desigualdades con una justa redistribución de esfuerzos. Y medidas de regeneración que fortalezcan el Estado de Derecho y los valores de una democracia débil.