"La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas”. Así expone Naciones Unidas las razones para que el 25 de noviembre haya sido declarado Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. E invita a combatir una lacra universal, en la que la muerte, el dolor y el silencio son los tres elementos que componen una realidad terrible que debería avergonzarnos.

En el Gobierno de Pedro Sánchez se ha peleado por evidenciarlo. Como la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que inicia sus alocuciones con la estadística maldita de mujeres asesinadas. Recuerdo una de sus primeras intervenciones en un foro de destacados juristas, y los semblantes de los vetustos presentes, salvo honrosas excepciones, pasaban de la sorpresa a la indignación. Mal asunto, cuando el mundo legal no empatiza con un problema tan acuciante.

De la violencia contra la mujer hay que hablar alto, claro y seguido. Ha acertado la vicepresidenta del Gobierno cuando escribía el domingo en el diario El País: “…Con cada mujer asesinada, la democracia se despoja de una parte de su dignidad…”.  Con razón, porque hemos alcanzado este 25 de noviembre las 1.028 mujeres que perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2003, fecha en que se empezó a contabilizar oficialmente esta barbarie. Incluyendo también a 34 menores. Y, en lo que va de año, son 52 las víctimas de este sin sentido salvaje, incluyendo el asesinato en Tenerife.

Añade Carmen Calvo: “Por el simple hecho de ser mujeres, muchas, demasiadas, son mutiladas, prostituidas, vendidas, traficadas, violadas, les pagan menos (…). No son dueñas de sus propias vidas”. Algo tan garrafal, que nuestra democracia ha de actuar de forma contundente y más aún cuando ha irrumpido la ultraderecha en el escenario político, incluyendo elementos peligrosos para las libertades y los derechos. Su activa participación en el debate público pretende hurgar contra los derechos de las mujeres.

Desde el pasado sábado hasta el final de este lunes, se celebraron en nuestro país 277 actos reivindicativos para dar voz a aquellas que han sido acalladas de manera brutal. La esperanza radica en la formación de un gobierno progresista que siga adelante con la ley que protege a las mujeres y avance en la educación desde la escuela y la protección a las víctimas. También, con mujeres valientes al frente que sigan recordando en cada intervención o en cada artículo que el problema es urgente y que a todos nos toca abordarlo.