¿Cuánto vale la salud de un recién nacido andaluz, señor Moreno Bonilla? La respuesta, a tenor de lo que está ocurriendo en los laboratorios del Hospital Materno Infantil de Málaga, parece ser que para su Gobierno vale menos que una fría estadística de gestión. El estallido del escándalo por los retrasos en el cribado neonatal, la conocida como prueba del talón, ha puesto al descubierto una negligencia política que no tiene nombre ni justificación posible en una sociedad moderna.
Estamos hablando de neonatos, de seres humanos en sus primeras horas de vida, cuyos diagnósticos de enfermedades raras y metabólicas han estado durmiendo el sueño de los justos en un laboratorio bajo mínimos. El desprecio a la seguridad clínica de los más vulnerables es una mancha que ya no se puede limpiar con discursos moderados ni con campañas de publicidad institucional financiadas con el dinero de todos.
Según los datos denunciados por el sindicato CSIF este mismo mes de abril de 2026, el laboratorio del centro malagueño acumula un retraso inaceptable en el procesamiento de unas 200 muestras de sangre de recién nacidos. Hay pruebas que datan de noviembre de 2025 y que todavía no han sido analizadas a tiempo, a pesar de que los protocolos clínicos exigen resultados en un máximo de 72 horas para evitar daños irreversibles.
La fuente sindical es tajante al señalar que el servicio sobrevive con apenas 18 técnicos de los 31 necesarios para funcionar con garantías. Es decir, poco más de la mitad de la plantilla para atender el futuro de nuestra tierra. Este es el modelo de gestión del que presume el PP.
Un retraso en estas pruebas no es una anécdota, es una sentencia. Estas analíticas detectan patologías que, de no ser tratadas en los primeros días de vida, pueden causar daños cerebrales, discapacidades severas o incluso la muerte.
Pero el abandono de la infancia andaluza no termina en los laboratorios. Se extiende a cada centro de salud donde la figura del pediatra se ha convertido en un lujo difícil de encontrar. La estampa de familias recorriendo kilómetros porque en su centro de salud no hay médico para el niño se ha vuelto la nueva y triste normalidad.
Según los informes de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía publicados en este primer trimestre de 2026, la situación es terminal. Cerca del 40 por ciento de los niños andaluces no tienen un pediatra de referencia asignado. Los padres se ven obligados a llevar a sus hijos a médicos de familia desbordados o a las urgencias hospitalarias, saturando aún más un sistema que usted ha decidido dejar caer por inanición.
¿Qué ocurre con la familia que no tiene un seguro privado? La respuesta de la Junta es el silencio o la promesa de una mejora que nunca llega. Usted ha creado una sanidad de dos velocidades: la de quien puede pagar para que su hijo sea visto en 24 horas y la del resto de andaluces que esperan semanas para una revisión básica. No hay libertad de elección cuando el sistema público empuja a los ciudadanos a contratar seguros privados para recibir una atención mínima.
El malestar ciudadano que ha tomado las calles de las ocho capitales andaluzas la pasada semana bajo las siglas de la Marea Blanca es la expresión de un pueblo que se siente estafado. Tildar estas movilizaciones de estrategia electoral de la izquierda como ha hecho el Gobierno de Moreno Bonilla es una falta de respeto a los miles de padres que simplemente quieren que sus hijos tengan un médico.
La realidad es que el presupuesto sanitario se está desviando masivamente hacia clínicas privadas mientras los servicios esenciales públicos se quedan en el chasis. La paradoja es sangrante: si hay recursos para derivar millones de euros a empresas externas mediante contratos de emergencia, ¿por qué no los hay para contratar a los técnicos que faltan en el laboratorio de cribado neonatal? Esta gestión dibuja un modelo de comunidad que prioriza el beneficio empresarial por encima de la seguridad clínica de los bebés.
Los datos de este mes de abril reflejan que las demoras en las pruebas diagnósticas pediátricas han aumentado considerablemente respecto al año anterior. Detrás de los porcentajes hay niños con nombres y apellidos cuyas patologías se agravan mientras su administración se pierde en laberintos burocráticos. El colapso del cribado neonatal en Málaga es el ejemplo perfecto de cómo el Partido Popular entiende lo público como un servicio residual.
El horizonte electoral marcará el ritmo de los discursos, pero los ciudadanos ya no se conforman con anuncios. La salud de un niño no puede esperar a que pase una campaña. Invertir en sanidad pública infantil es la inversión más rentable que puede hacer una sociedad. Un niño sano hoy es un adulto sano mañana, y descuidar esto es hipotecar el futuro de toda Andalucía por un puñado de ahorros malentendidos en el presupuesto de personal.
Señor Moreno Bonilla, la salud de los niños andaluces no es un arma arrojadiza, es su responsabilidad más sagrada. Es hora de dejar de mirar las encuestas y empezar a mirar a los ojos de los profesionales que trabajan sin medios y de los padres que esperan resultados que no llegan. El silencio ante el caos del Materno Infantil de Málaga es una forma de complicidad negligente que su Gobierno debe atajar de inmediato con hechos, no con palabras.
La historia no será benevolente con quienes permitieron que la sanidad pública fuera desmantelada mientras los más vulnerables pagaban el precio. El futuro de Andalucía se construye en las cunas de nuestros hospitales, cuidando a cada recién nacido como si fuera el tesoro más grande de nuestra tierra. Devuelva a los niños andaluces la seguridad sanitaria que les ha arrebatado y deje de jugar con el tiempo, porque en salud neonatal el tiempo es vida.
Usted prometió un cambio y lo que hemos obtenido es una degradación sin precedentes de los servicios más básicos. Reaccione si es que todavía le queda un ápice de sensibilidad hacia la tierra que dice representar. La Andalucía real es la de la madre que espera con angustia un resultado que no llega, la del pediatra que atiende a cincuenta niños en una mañana y la del ciudadano que sale a la calle para defender lo que es de todos.
La sanidad pública no se vende, se defiende, y en el caso de la infancia esa defensa debe ser absoluta e innegociable. No permitiremos que se nos arrebate el derecho a crecer con salud y dignidad, independientemente de la cuenta corriente de nuestros padres. El tiempo de las excusas se ha acabado y la calle ya ha dictado su sentencia contra su gestión sanitaria. Tome nota, señor Moreno Bonilla, porque con la salud de nuestros hijos no se juega.
