Hay problemas que no salen en los informativos, pero condicionan la vida de miles de familias más que cualquier gran debate político. El transporte escolar en Andalucía es uno de ellos. Un servicio que debería ser estable y previsible se ha convertido en una lotería en la que muchas veces toca perder. Y todo esto mientras el presidente Moreno Bonilla se envuelve en un andalucismo de cartón piedra cada 4 de diciembre, mientras la Andalucía real —la que madruga, depende de los servicios públicos y vive en pueblos pequeños— ve cómo se diluyen derechos básicos.
Andalucía con Moreno Bonilla está a la cola de la inversión educativa pública. Ese recorte se percibe en detalles concretos: rutas sin adjudicar, autobuses que no llegan, alumnos que empiezan el curso tarde, empresas que renuncian porque no les salen las cuentas y una administración que llega siempre tarde. Ocurre en Jaén, Córdoba, Sevilla o Huelva. El patrón se repite: licitaciones mal planificadas, improvisación constante y una incapacidad evidente para entender que el transporte escolar es clave para garantizar la igualdad educativa.
Pocas provincias han sufrido tanto como Jaén. A mediados de septiembre, con los institutos ya funcionando, más de quinientos estudiantes estaban a punto de quedarse sin autobús. Hasta quince rutas seguían sin adjudicar. Familias de Higuera de Calatrava, Noalejo, Cambil, Arbuniel o Bélmez de la Moraleda tuvieron que reorganizar horarios y desplazamientos para suplir un servicio que debería estar garantizado desde el primer día. Lo mismo ocurrió en Valenzuela, en Córdoba, donde decenas de jóvenes se quedaron sin transporte al inicio del curso.
El PP andaluz presume de defender la igualdad de oportunidades, pero su gestión demuestra lo contrario: deja atrás precisamente a quienes más lo necesitan, especialmente al alumnado de la Andalucía rural y dispersa, que depende del transporte para poder acceder al instituto.
El descontrol no fue un hecho aislado. En Escañuela, cuarenta alumnos estuvieron semanas sin transporte hacia el IES de Arjona. Las protestas de familias y ayuntamientos obligaron a la Junta a reaccionar, pero el daño ya estaba hecho. La pregunta es evidente: ¿cómo puede una administración, como la Junta de Andalucía, que conoce la fecha de inicio del curso desde hace años, dejar sin adjudicar rutas esenciales para cientos de estudiantes?
La improvisación llegó al extremo cuando la Consejería planteó un “plan alternativo”: enviar profesorado a los pueblos donde no había autobús. En vez de asegurar un servicio obligatorio, propuso dispersar docentes por municipios aislados para atender a grupos mínimos. Un parche que revela hasta qué punto el sistema estaba fallando.
En Sevilla, el caso más grave es el de Peroamigo, una pequeña aldea de El Castillo de las Guardas. Allí vive Carmen, la única estudiante de ESO del núcleo. Desde el pasado 4 de noviembre no puede ir al instituto porque la empresa que gestionaba la ruta suspendió el servicio por falta de rentabilidad. La Junta podría haber buscado un taxi escolar, una solución habitual en zonas dispersas. No lo hizo. Resultado: la menor lleva semanas recibiendo clases por videollamada, como si Andalucía siguiera en plena pandemia.
La imagen es contundente: una niña aislada siguiendo las asignaturas desde casa porque su educación “no compensa económicamente”. Todo ello mientras el Gobierno andaluz presume de apostar por la Andalucía interior.
Los fallos no se limitan a los pueblos pequeños. En Montequinto, en Dos Hermanas, setenta y cinco estudiantes del IES María Galiana llevan meses esperando un autobús que la Junta autorizó por escrito, pero que nunca llegó a existir. La ruta estaba aprobada, pero jamás se asignó un vehículo. Las familias tuvieron que organizar turnos, caminatas de cuatro kilómetros y desplazamientos improvisados. Este caso desmonta la idea de que los problemas solo afectan a rutas rurales poco rentables: aquí hablamos de un barrio con alta demanda y, aun así, de pura mala gestión.
El panorama es aún más grave cuando el alumnado afectado tiene discapacidad. En Lepe, un joven de dieciséis años matriculado en un aula de Educación Especial lleva casi dos meses sin poder ir al instituto porque no tiene transporte adaptado. Su silla motorizada pesa cien kilos y no cabe en el coche familiar. La familia ha acudido al Defensor del Pueblo Andaluz, pero sigue sin una solución real. No es un fallo burocrático: es una vulneración del derecho a la educación.
En todos estos casos se repite la misma cadena de errores: la Junta no licita a tiempo. Cuando lo hace, presenta pliegos poco atractivos que empujan a las empresas a renunciar. No existe un mecanismo ágil para garantizar la continuidad del servicio si una empresa falla. Y cuando todo falla, la Junta culpa a terceros, pero jamás asume responsabilidades políticas.
Las consecuencias las sufren siempre los mismos: estudiantes rurales aislados, familias que pierden horas de trabajo, jóvenes que empiezan el curso tarde, centros educativos con su planificación alterada y alumnado vulnerable sin escolarización presencial.
Todo esto es incompatible con una comunidad que presume de modernidad, progreso e igualdad de oportunidades. Y es especialmente incoherente para un gobierno que se envuelve en la bandera andaluza cada diciembre mientras deja atrás a la Andalucía rural, humilde y dispersa.
El transporte escolar depende por completo de la Junta: su planificación, sus contratos y su capacidad de reacción cuando una empresa falla. No es un problema heredado ni un asunto técnico menor. Es un servicio esencial que se ha ido deteriorando mientras el Gobierno de Moreno Bonilla se limita a gestionar titulares y banderas, pero no derechos.
Andalucía no puede permitirse un sistema educativo donde acudir a clase dependa de si una ruta es rentable. No puede permitirse sobresaltos cada inicio de curso. Y no puede aceptar que una alumna reciba clases por videollamada porque nadie le garantiza un autobús.
Sr. Moreno Bonilla, entérese: El transporte escolar no es un lujo: es un derecho. Y un derecho no se improvisa ni se abandona. Se planifica, se financia y se garantiza. Lo demás son excusas y demagogia, envueltas en banderas.
