Vaya esto por delante: considero injusta y del todo punto injustificada la situación de prisión preventiva en la que se encuentran, desde hace ya más de un año, varios dirigentes políticos y sociales del independentismo catalán. Ni tan siquiera la fuga al extranjero del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros políticos secesionistas puede servir de pretexto o excusa para imponer una prisión preventiva como esta. Considero también excesivas o desproporcionadas las calificaciones fiscales, que les acusan de un delito de rebelión y solicitan para ellos penas de prisión superiores incluso a las que en su momento les fueron impuestas a los máximos responsables del frustrado golpe de estado del 23F, aquél sí violento, con el uso de armas y armamento de todo tipo, con disparos en el Congreso de Diputados, secuestro de todos los parlamentarios allí reunidos, bandos militares golpistas y uso y abuso de los tanques en la ciudad de Valencia, por ejemplo.

Dicho esto, me parece evidente que si hemos llegado a este punto es, en primer lugar, por la inacción política del Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy frente al desafío del independentismo catalán, sin duda alguna ilícito. Es el perverso legado de Rajoy a su inesperado sucesor, el socialista Pedro Sánchez. Un legado del que son políticamente corresponsables, tanto Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y también Oriol Junqueras, como todos los diputados de las tres formaciones -la antigua CDC, reconvertida luego en PDECat y ahora en JXCat, la histórica ERC y las CUP- que les han mantenido en la Presidencia de la Generalitat, con una sucesión incesante de disparates y dislates de extraordinaria magnitud.   

Porque lo ocurrido durante estos últimos años en Catalunya no fue en puridad una rebelión, tal vez ni tan siquiera una sedición, pero no puede haber ninguna duda que fue una cadena de actos ilícitos, que en cualquier Estado democrático de derecho serían objeto de duras condenas judiciales. Más allá del reto del 9N con un falso e ilegal referéndum de autodeterminación, baste recordar todo lo que sucedió entre los meses de septiembre y diciembre del año pasado, con un nuevo referéndum, el 1-O,  tan falso como el anterior, la abolición de un plumazo tanto de la Constitución española como del Estatuto de Autonomía de Catalunya, la aprobación de unas leyes de transitoriedad que se daban de bruces con los principios más elementales de la legalidad de una sociedad democrática y, finalmente, la proclamación nada solemne, y muy efímera, de la independencia de Catalunya.

Porque lo ocurrido durante estos últimos años en Catalunya no fue en puridad una rebelión, tal vez ni tan siquiera una sedición, pero no puede haber ninguna duda que fue una cadena de actos ilícitos

De aquellos polvos vienen estos lodos. De la inacción política del Gobierno del PP presidido por Rajoy ante un gran problema de Estado y también de un reto secesionista que sus impulsores sabían perfectamente que no tenía ninguna posibilidad de encaje legal, de acuerdo con la Constitución española de 1978 y de acuerdo asimismo con las legislaciones comparadas de todos los estados democráticos y de derecho.

Porque, y conviene recordarlo a todos aquellos que pretenden interpretar la realidad en su exclusivo interés y a su gusto, ni tan solo el Reino Unido ni Canadá sirven en este caso como posible comparación, puesto que los referéndums celebrados en Escocia y en Québec, respectivamente, fueron previamente negociados y acordados, como lo ha sido también el celebrado el pasado domingo en la colonia francesa del Pacífico de Nueva Caledonia -y en todos los casos, para recuerdo de todos los desmemoriados, con derrotas para los secesionistas.

Todos los ahora acusados sabían muy bien que sus acciones eran ilegales y, por consiguiente, delictivas. Fueron repetidamente advertidos sobre ello no solo por parte del Gobierno español sino también en numerosas ocasiones por el Tribunal Constitucional, por el Consejo de Garantías Estatutarias y por los letrados del propio Parlamento autonómico, en todos estos casos con resoluciones adoptadas por unanimidad. Sus ilícitos penales podrán ser considerados, por tanto, de mayor o menor entidad, pero nadie con unos mínimos conocimientos sobre los fundamentos de un Estado democrático de derecho puede cuestionar que se trata de actos ilegales.

El perverso legado de Rajoy a Sánchez sigue estando aquí. Como el desafío de los secesionistas. Estos últimos, a lo que parece, han decidido sumar sus votos a los del PP y Cs para impedir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Juegan a aquello tan raro de “cuanto peor, mejor”. Unos y otros juegan con fuego. Y pueden acabar quemándose. Así lo anuncian todas las encuestas hasta ahora conocidas.