No sé si llegaremos a conocer en profundidad cómo ha afectado José Manuel Villarejo a la vida política, pero cada vez se hace más patente que el entramado de negocio e influencias que organizó el antiguo comisario de policía, ha venido contaminando empresas, partidos e incluso instituciones desde hace mucho tiempo.

La investigación que está realizando en la Audiencia Nacional el juez García Castellón, intenta clarificar qué ocurrió con el BBVA, que está imputado a causa de una serie de contratos entre el banco, Villarejo y la empresa Cenyt, de su propiedad. Esos contratos, según la indagación, tenían la presunta finalidad de espiar e investigar a empresarios y políticos. No hablamos de una acción puntual para averiguar un determinado asunto, sino que, según avanza el proceso, parece que podría tratarse de algo habitual, con facturación mensual. Para más datos, ha trascendido que Villarejo cobró del banco, al menos, 10 millones de euros entre los años 2004 y 2017, como bien relata en Infolibre, la periodista Alicia Gutiérrez.

Ese dato va más allá e indica una voluntad de obtener privilegios o beneficios ignorando las buenas prácticas y a costa de tumbar criterios como la honorabilidad o la ética empresarial, allá donde aparecen acuerdos económicos con el comisario. Y esa decisión se prolongó durante unos trece años en los que se podría decir que Villarejo estuvo prácticamente en la nómina del banco. El expresidente del BBVA Francisco González, se encuentra en el ojo del huracán judicial por tal asunto, aunque niega la mayor. Según pasan ante el magistrado las personas citadas como imputados o como testigos, todos echan balones fuera o achacan la responsabilidad a cargos subalternos. Algo que conocemos bien.

Porque, ¿cómo se explica que directivos de rango inferior permitieran, sin conocimiento de la cúpula, utilizar métodos para evitar que otras empresas se hicieran con acciones del BBVA?  Se hace difícil aceptar que el seguimiento al empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cuya constructora optaba por entrar en el consejo de administración del BBVA, o la intervención de llamadas al que fue ministro socialista Miguel Sebastián, no fueran de conocimiento de los principales responsables de la entidad.

Este asunto tiene todas las trazas de ganarse la calificación de pura y dura golfería. El escándalo del BBVA es de los que ponen mal cuerpo y hacen que aumente la desconfianza hacia los bancos. En una sociedad en que los ciudadanos estamos en manos de quienes manejan nuestro dinero, fijan los precios de las hipotecas, exigen embargos y desahucios contra quienes se retrasan en los pagos acuciados por el paro, los trabajos precarios o los sueldos impresentables, el caso Villarejo-BBVA excede de una causa penal: es una indecencia.

Enric Sopena es Presidente Ad Meritum y fundador de ElPlural.com