Madrid se ha convertido en el escenario de una paradoja insoportable: es la región con el PIB más alto de España y, simultáneamente, el epicentro del deterioro de la sanidad pública. Hoy, esa realidad tiene una cifra que lo resume todo: un millón de madrileños en lista de espera. Y un dato que golpea aún más: el 84% de ayudas a paliativos pediátricos denegadas.
La verdadera tragedia madrileña no reside solo en los números fríos, sino en la ruptura del contrato social que garantizaba que, ante la enfermedad, todos éramos iguales. Hoy, esa igualdad ha saltado por los aires en los pasillos colapsados de La Paz o en los centros de salud del sur de la región, donde además encontrar un pediatra es una misión imposible.
Mientras la propaganda oficial vende eficiencia y modernidad, la realidad es otra: una administración que deniega sistemáticamente ayudas a cuidados paliativos pediátricos y que parchea la falta de médicos con videoconsultas o turnos de enfermería sobrecargados. Se ha dejado caer el sistema público para favorecer el negocio de la sanidad privada.
El dato es incontestable y demoledor: marzo de 2026 cierra con una cifra histórica: un millón de personas esperando una operación, una prueba o una cita con el especialista.
Lo más alarmante es que el 70% de esa cifra corresponde a consultas externas. Es decir, el sistema ha bloqueado la puerta de entrada al diagnóstico, creando un cuello de botella que asfixia la salud de los madrileños. Sin diagnóstico no hay tratamiento y, sin tratamiento, la enfermedad avanza.
Al retrasar meses una ecografía o una cita con el cardiólogo, el Gobierno de Ayuso no solo ahorra costes inmediatos, sino que empuja desesperadamente al ciudadano hacia el seguro privado. La libertad de Ayuso se traduce, en la práctica, en la libertad de elegir entre esperar medio año por una prueba o pagar una cuota mensual a una aseguradora.
A este escenario se suma otro elemento clave: la Atención Primaria, que debería ser el muro de contención del sistema, el lugar donde se resuelven el 80% de los problemas de salud, está al límite.
La falta de inversión ha provocado que el médico de familia sea hoy un profesional exhausto, un gestor de la escasez que apenas dispone de tres minutos por paciente para decidir sobre vidas humanas.
La desaparición de los servicios de urgencias de cercanía y su sustitución por centros sin médico presencial ha sido el golpe de gracia a la confianza del ciudadano. La propuesta de las “consultas enfermeras” en las urgencias de hospitales como el Gregorio Marañón no es un avance profesional para la enfermería, sino un uso cínico de estos profesionales para cubrir los huecos de los facultativos que han huido a otras comunidades o al extranjero. En Madrid, el médico de familia es una especie en peligro de extinción debido a contratos precarios y agendas infinitas.
En paralelo, emerge con fuerza otra realidad: hablar de sanidad en Madrid es hablar hoy del abandono de la infancia. En municipios como Móstoles, Alcorcón o Fuenlabrada, la situación ha pasado de crítica a insostenible. Hay centros de salud donde la plaza de pediatra lleva vacante meses, dejando a miles de niños sin una revisión de crecimiento o una atención temprana adecuada. Las familias se ven obligadas a peregrinar a las urgencias de los grandes hospitales, contribuyendo al colapso de centros como el Niño Jesús.
Pero el punto más crítico aparece en otra dimensión del problema: los paliativos pediátricos, la gestión de la crueldad tras el escaparate de lujo. Aquí el debate deja de ser político para convertirse en ético.
Según informaciones publicadas por Cadena SER, en torno al 84% de las familias solicitantes de ayudas para cuidados paliativos pediátricos quedaron fuera de estas ayudas públicas. No es una cifra aislada. Es una realidad denunciada por familias y asociaciones.
¿Cómo se justifica que la región más rica de España, la que presume de ser el “motor económico”, no tenga fondos para acompañar dignamente el fallecimiento de un menor? No es una cuestión de caja, es una cuestión de prioridades éticas. En el Madrid de Ayuso, parece que la “libertad” termina donde empieza la necesidad de cuidados intensivos y no rentables.
El deterioro continúa en otro frente: el colapso hospitalario y el espejismo del efecto Zendal. El Hospital Zendal fue presentado como la joya de la corona; sin embargo, ha terminado siendo el símbolo del despilfarro y la propaganda vacía. Mientras se levantaban sus muros a un coste astronómico, los hospitales históricos de la región —La Paz, el 12 de Octubre, La Princesa— veían cómo se cerraban plantas enteras y se acumulaban camas en los pasillos por falta de personal.
Urgencias saturadas, falta de personal y pacientes de 80 años esperando una camilla en el pasillo durante 48 horas forman parte de la realidad diaria. El efecto dominó es claro: una Atención Primaria debilitada empuja pacientes al hospital, y el hospital no puede absorberlos.
Todo ello conecta con una cuestión de fondo: Madrid es la comunidad que menos invierte por habitante en sanidad, situándose en torno a los 1.537 euros, muy por debajo de la media nacional. Es un modelo que fía la salud de seis millones de personas a la capacidad de resistencia de unos profesionales a los que se les pide heroísmo mientras se les ningunea en las mesas de negociación.
La colaboración público-privada es la gran beneficiada de esta asfixia. Se externalizan los servicios rentables (pruebas diagnósticas sencillas, cirugías menores) y se dejan los casos complejos, costosos y crónicos para el sistema público, al que se le priva sistemáticamente de recursos. Es la profecía autocumplida del neoliberalismo: deteriorar lo público hasta que la ciudadanía acepte, por puro cansancio y miedo, que la única solución es la privatización total.
En este contexto, la conclusión es inevitable. El voto, la salud y el derecho a no tener miedo forman parte del mismo debate. La gestión de Ayuso ha demostrado que su concepto de libertad es una cáscara vacía que no incluye el derecho a no tener miedo cuando uno cae enfermo. Es una libertad de mercado, no una libertad de ciudadanos.
Un millón de personas en lista de espera no son solo una estadística; son un millón de familias que cada mañana comprueban que el sistema les ha dado la espalda. Si el corazón de Madrid es su sanidad pública, este está entrando en parada cardiorrespiratoria por una falta de voluntad política manifiesta. Es hora de que la ciudadanía decida si quiere seguir siendo sujeto de derechos o simplemente cliente de un sistema que nos clasifica según el saldo de nuestra cuenta corriente. La grieta está abierta, y es tan profunda que ya no hay propaganda capaz de ocultarla.
