Ayuso, ante demasiadas preguntas sin respuesta: el ático, los viajes y las listas de espera

En las últimas semanas se han acumulado preguntas alrededor del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El ático de 6,3 millones de euros, los viajes institucionales, las listas de espera del Ramón y Cajal. Tres asuntos diferentes que tienen algo en común: afectan al uso de recursos públicos, a la transparencia y a la gestión de los servicios públicos. ¿Cuántas preguntas puede dejar un Gobierno sin responder antes de que el problema deje de ser la pregunta y pase a ser la propia falta de explicaciones?

Porque aquí no estamos hablando de candidaturas ni de próximas elecciones. Estamos hablando de gobernar. De dinero público. De sanidad pública. De transparencia. Y de algo tan elemental en democracia como explicar a los ciudadanos qué hace un Gobierno con los recursos de todos.

Empecemos por el ático. La Comunidad de Madrid compró a través de la empresa pública Planifica Madrid un inmueble de unos 6,3 millones de euros en Chamberí. Según la documentación publicada y las informaciones conocidas sobre la operación, el Gobierno regional justificó la adquisición por las necesidades derivadas de las obras previstas en la Real Casa de Correos y posteriormente explicó que el inmueble podía destinarse también a alojamiento ocasional de autoridades. Después decidió ponerlo a la venta por unos 6,7 millones y la primera subasta quedó desierta.

¿De verdad era necesario que la Comunidad de Madrid comprara un inmueble de esas características por 6,3 millones de euros? ¿Para qué exactamente? ¿Por qué una empresa pública tuvo que comprarlo? ¿Por qué después se decidió ponerlo a la venta?

Y hay una pregunta que sigue especialmente abierta. Un informe de 224 páginas elaborado por Planifica Madrid detalla el proceso de compra, alquiler y posterior venta, pero no identifica quién ordenó la adquisición ni explica por qué se eligió precisamente ese inmueble.

¿No merece todo esto una explicación mucho más clara? ¿Quién decidió comprar aquel ático? ¿Con qué finalidad? ¿Qué alternativas se estudiaron? ¿Por qué se pagaron 6,3 millones? ¿Y por qué, poco después, se quiso vender?

No estoy diciendo que exista un delito. Tampoco que exista una ilegalidad. La cuestión es otra: cuando se utilizan 6,3 millones de euros de dinero público para adquirir un inmueble y después se decide ponerlo en venta, los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones de esa operación.

Pasemos a los viajes. Aquí también hay preguntas que merecen una respuesta. ¿Cuánto cuestan realmente los viajes institucionales de Ayuso? ¿Quién paga cada gasto? ¿Qué parte corre a cargo de la Comunidad de Madrid y qué parte corresponde a terceros?

El caso de México resulta especialmente llamativo. Según el Portal de Transparencia, Ayuso declaró 623,28 euros de gastos, correspondientes a la utilización de la sala de autoridades de Barajas. Al mismo tiempo, tres altos cargos que viajaron con ella declararon conjuntamente casi 15.000 euros en gastos de transporte, alojamiento y manutención. Esos datos fueron publicados, entre otros medios, por EFE y El País.

Eso no significa que el viaje de Ayuso costara 623 euros. De hecho, la propia presidenta explicó que los gastos que no fueran imputables a la Comunidad de Madrid no aparecían en el Portal de Transparencia.

Entonces la pregunta es muy sencilla: ¿dónde está el resto de la información? ¿Quién pagó el alojamiento? ¿Quién pagó los desplazamientos? ¿Qué gastos asumieron terceros? ¿Cuál fue realmente el coste total del viaje?

No es una acusación. Es una pregunta de transparencia. Y precisamente porque la explicación oficial es que determinados gastos no fueron asumidos por la Comunidad, sería razonable conocer quién los asumió y bajo qué concepto.

Ayuso tiene todo el derecho a viajar. Una presidenta autonómica puede mantener relaciones institucionales, empresariales y culturales fuera de España. Pero, precisamente por tratarse de viajes realizados en el ejercicio de una responsabilidad pública, la información sobre su finalidad, participantes, gastos y resultados debería ser lo más completa posible.

¿Para qué se viaja? ¿Con quién? ¿Qué objetivos se persiguen? ¿Qué resultados se obtienen? ¿Cuánto cuesta? Son preguntas normales cuando se trata de la actividad de una institución pública.

Y entonces llegamos a la sanidad. Aquí ya no estamos hablando de un ático ni de viajes. Estamos hablando de pacientes. El caso del Hospital Ramón y Cajal ha colocado al Gobierno de Ayuso ante una pregunta especialmente incómoda. Según una investigación de El País, 57 pacientes que habían sido clasificados como prioridad preferente pasaron a prioridad normal. El cambio suponía pasar de un plazo de intervención de 90 días a otro de hasta 180. La Comunidad de Madrid negó que hubiera una manipulación de las listas de espera.

Ayuso y su Gobierno cuestionaron públicamente al médico que había denunciado los cambios. Pero después apareció una grabación de una reunión de crisis celebrada en el propio hospital en la que responsables del centro reconocieron que habían participado en el cambio de prioridades. Uno de ellos afirmó: “Acordamos que las prioridades preferentes pasarían a normales”.

Entonces la pregunta es inevitable: ¿cómo encaja esa grabación con la primera versión ofrecida por el Gobierno regional?

¿Y por qué la primera reacción fue cuestionar al médico que denunció los hechos antes de que todo estuviera aclarado? ¿No habría sido más prudente investigar primero y establecer después las responsabilidades, si las hubiera?

Los responsables del hospital defendieron posteriormente que los cambios respondían a criterios médicos y a la falta de recursos, y negaron que se tratara de “maquillar” las listas. Y el jefe de servicio que realizó los cambios ha defendido ahora que actuó conforme a criterios clínicos y a su experiencia profesional, aunque reconoce haber modificado la prioridad de los 57 pacientes sin consultar a los cirujanos responsables.

Precisamente por eso resulta necesario aclarar quién decidió los cambios, con qué criterios se adoptaron, quién los autorizó y si se informó adecuadamente a los médicos responsables y a los pacientes afectados.

Porque si alguien denuncia que se ha modificado la prioridad de pacientes, la primera obligación de un Gobierno debería ser comprobar qué ha ocurrido. Y no es un asunto menor. La lista de espera quirúrgica de la Comunidad de Madrid alcanzaba los 120.168 pacientes en agosto de 2026, según los datos oficiales.

Y aquí aparece una cuestión de fondo. Cuentan las crónicas de la antigua Roma que un emperador, cuando desfilaba en medio de los aplausos de la multitud, recibía el recordatorio de que, pese a todo su poder, seguía siendo mortal. La exactitud histórica de la anécdota se ha discutido, pero la idea conserva toda su fuerza: el poder necesita límites y necesita recordar que quien gobierna también debe responder.

No hace falta decirle a Ayuso que es mortal. Basta con recordar algo mucho más sencillo: es presidenta de la Comunidad de Madrid y, precisamente por eso, no está por encima de las preguntas.

No porque sus adversarios lo pidan. No porque los periodistas quieran incomodarla. No porque cada pregunta esconda necesariamente una acusación. Sino porque preguntar forma parte de la democracia. Y responder también.

Cuando se trata de dinero público, de transparencia o de la atención sanitaria de los ciudadanos, explicar las decisiones no debería entenderse como una concesión del poder, sino como una obligación de quien lo ejerce.