La pasada semana, en este mismo espacio, reflexionaba sobre la necesidad de seguir luchando por la igualdad entre hombres y mujeres, por más que haya quien insista en que en esta materia está todo hecho. Decía, como siempre repito, que cuando de igualdad se trata todo lo que no sea avanzar es retroceder. Lo que ignoraba entonces era que la realidad vendría a darme la razón en menos de siete días.
Y es que hace nada, saltaba todos los informativos el contenido de la charla que un miembro del poder judicial había impartido en un curso organizado por un colegio de la abogacía destinado a formar en materia de violencia de género a sus colegiadas y colegiados.
El magistrado se despachaba afirmando cosas como que las mujeres somos enemigas acérrimas de la custodia compartida, que corremos como locas a por una orden de protección para que nos den un montón de ventajas o que nos resulta demasiado fácil denunciar porque, entre otras cosas, se nos proporciona asistencia jurídica gratuita, aunque “tenga un millón de euros en la cuenta”. Incluso se empleaba un tono sarcástico para referirse a la afición de los abogados a visitar los juzgados de violencia sobre la mujer, de modo que el mito de las denuncias falsas empezaba a sobrevolar la sala, aunque no se hiciera mención explícita de ellas. Ni falta que hacía, por cierto, que ya dice el refranero que a buen entendedor pocas palabras bastan.
Esas palabras, dirigida además a un auditorio que va a dedicarse -o se dedica ya- a atender casos de violencia de género, son muy peligrosas. Y no es que yo pretenda cuestionar la libertad de expresión del conferenciante en cuestión, de ninguna manera. Defiendo y defenderé siempre la libertad de expresión de quienes vestimos toga, y, de hecho, estoy haciendo uso de la mía, como hago cada semana. A lo que apelo es a un ejercicio de responsabilidad, porque hacer determinadas afirmaciones desde la autoritas que supone ejercer la jurisdicción -más aun, la jurisdicción especializada- implica dar carta de naturaleza a clichés y estereotipos que no tienen ninguna cobertura y que, además, inducen al error, al mensaje negacionista y, quizás lo más grave, pueden llegar a hacer desistir a las víctimas de presentar una denuncia si quien las puede recibir piensa de esta manera. Y eso es peligrosísimo.
No obstante, no podemos quedarnos con esto. Hay que romper una lanza por todos y todas las profesionales que cada día tratamos casos de violencia de género. Hay que insistir en transmitir un mensaje de confianza a todas las mujeres, a todas las que hayan sido o puedan ser víctimas de violencia de género, hay que repetirles que quienes servimos en la administración de justicia tenemos la obligación de aplicar la Constitución, la ley y, por mandato de ellas, la perspectiva de género. Que no cuestionamos a las mujeres, ni pensamos que la abogacía utilice la legislación para obtener ventajas injustas. Y han de saber, también, que la violencia machista no es cosa de broma ni de chascarrillo fácil.
Son muchos y muchas las profesionales que se dejan las horas y el esfuerzo en tratar de que las víctimas de violencia de género puedan tener derecho a pasar página y a emprender una nueva vida. Es una lástima que unas palabras desafortunadas puedan echar por tierra todo ese trabajo.
SUSANA GISBERT
Fiscal y escritora (@gisb_sus)
