La pasada semana, en esta misma ventana por la que me asomo, hablaba de la necesidad de denuncia en los delitos sexuales. Lo hacía a propósito de los casos que habían surgido en el seno de un determinado partido, pero, visto lo visto, no solo no es una excepción a la regla, sino todo lo contrario. Y eso ocurre nos movamos en la parte del espectro político que nos movamos.
En los últimos tiempos, es constante el goteo de casos de naturaleza sexual y raíz machista por todos los puntos del mapa de España, asociados a cargos públicos o relacionados con la política. Y aunque esto no es, ni mucho menos, una generalización respecto de la clase política, sí que lleva a emular a Hamlet y exclamar eso de que algo huele a podrido no en Dinamarca, sino en nuestra tierra.
Por si no hubiera suficiente, a los casos más o menos contemporáneos, se ha venido a unir la denuncia de una mujer, entonces menor de edad, contra quien fue el primer presidente de nuestra democracia. Un caso especialmente peliagudo teniendo en cuenta dos factores. De una parte, que nunca podrá ser juzgado, ya que el presunto autor está fallecido y además era inimputable desde hace tiempo. De otra, que el delito está prescrito sin duda alguna, puesto que cuando sucedió el cómputo empezaba en el mismo momento de la comisión del delito, sin ninguna especialidad en atención a las circunstancias como ocurre ahora. De modo que, al menos teóricamente, la presunción de inocencia seguiría operando por los siglos de los siglos. Aunque ya sabemos lo que reza el dicho: injuria que algo queda. Pero ¿es injuria? Ahí lo dejo.
No obstante, y más allá de las peculiaridades de este caso, lo que está bien claro es que los casos de delitos sexuales en el ámbito de partidos políticos e instituciones no es algo anecdótico, por desgracia. Delitos que, además, siempre vienen marcados por un denominador común: el abuso de quien se encuentra en una posición de poder sobre una mujer, generalmente joven y, en casos, menor de edad. Nada nuevo bajo el sol, pero que ya debería haber desaparecido hace tiempo.
A estas alturas, seguro que todo el mundo recuerda el caso de Nevenka Fernández, la primera mujer en lograr una sentencia condenatoria contra un cargo público, el que fue alcalde de Ponferrada, por el acoso sexual y laboral al que la sometió entre 1999 y 2000, en el mismo Ayuntamiento del que ella también era concejal. Fue una mujer valiente por denunciar lo que en esos tiempos nadie denunciaba, y tuvo que sufrir por ello feroces críticas y graves consecuencias en su vida profesional y personal y hasta en su salud.
Podríamos haber creído que aquel paso que dio Nevenka, y la histórica sentencia conseguida, eran el principio del fin de una práctica tan delictiva y deleznable como socialmente consentida o, al menos obviada. Pero nos equivocamos. Su paso fue importante, pero aun quedaba mucho camino por recorrer. Y, después de lo que vemos casi a diario en los informativos, hemos avanzado poco. Demasiado poco. Para hacérnoslo mirar.
