El hecho de que casi 100.000 ciudadanos en España tengan mermados sus plenos derechos políticos, como es el derecho activo de sufragio, es una cuestión que debe ser objeto de máxima preocupación para los partidos políticos y formar parte de la agenda legislativa. Actualmente, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) excluye del derecho de sufragio a "los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme", cuando esta declare expresamente la pérdida del voto. Se trata de personas a las que, por discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, se les modifica la capacidad jurídica limitando drásticamente sus derechos políticos, en este caso el del voto. 

Y esto es así a pesar de que, en 2008, España ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que sigue sin una traslación a nuestro ordenamiento jurídico. Al no haberse producido los avances necesarios, hace ya cinco años que Naciones Unidas tuvo que recordar a nuestro país la necesidad de modificar la LOREG, inquieta porque "la privación de ese derecho parezca ser la regla y no la excepción". La conclusión es que aún hoy, después de haber sido firmada y ratificada la Convención Internacional, existe una limitación en sus derechos que discrimina innecesariamente a estos ciudadanos. Y debe preocuparnos no tanto porque sean muchos, que lo son, sino porque una democracia avanzada tiene la obligación de evitarlo.

Los socialistas creemos que nuestra democracia debe promover la inclusión de todos los ciudadanos de manera activa en la participación social, económica y política. Es cierto que se han producido grandes avances en los derechos de las personas con alguna discapacidad como puede ser la inserción laboral y educativa, pero sus derechos políticos han quedado congelados, sin que el avance se haya producido. Si bien queda mucho por avanzar, la integración laboral ha sido un éxito que ha permitido a las personas con alguna discapacidad intelectual desarrollar un papel activo con el que contribuir al bienestar del conjunto de la sociedad, desde sus puestos de trabajo, en sus familias y organizaciones.

Y si hemos de tener una actitud activa como poderes públicos para lograr que la discapacidad no sea un obstáculo para el pleno desarrollo de las personas, ésta debe existir también a la hora de conseguir su pleno desarrollo como ciudadanos. Las personas con discapacidad intelectual son miembros de la sociedad, son titulares de derechos y libertades, son ciudadanos capaces de tomar decisiones y de defender sus intereses, al tiempo que ser corresponsables del interés general y del debate público.

Debe preocuparnos no tanto porque sean muchos, que lo son, sino porque una democracia avanzada tiene la obligación de evitarlo

Ahora estamos ante la oportunidad de dar pasos sustanciales en este sentido gracias a una iniciativa legislativa que surgió de la Asamblea de Madrid y llega al Congreso de los Diputados, en la que se propone hacer posible el derecho al voto a todas las personas con discapacidad, mediante una Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Una proposición que será defendida por los socialistas en el Congreso de los Diputados esta misma semana.

Una iniciativa que no solo servirá para que se completen los derechos de las personas con alguna discapacidad intelectual, sino que va a mejorar y legitimar al conjunto del sistema democrático. Y es responsabilidad nuestra, de los representantes públicos que hemos sido elegidos democráticamente para conformar las instituciones, garantizar que esos derechos que tienen no sean vulnerados. 

En el Partido Socialista somos conscientes de esa responsabilidad. A ello responde la mencionada Proposición de Ley de reforma de la LOREG que hemos planteado. Pero somos conscientes también de que la legislación, por sí sola, no garantiza que las personas con discapacidad gocen plenamente de sus derechos. Sabemos que se necesitan políticas y programas eficaces, con impacto real en la vida de cada una de estas personas, con capacidad para erradicar leyes, prácticas, comportamientos y creencias que aún persisten y golpean directa o indirectamente sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Decía Tzvetan Todorov que “por cómo percibimos y acogemos a los otros, a los diferentes, se puede medir nuestro grado de barbarie o de civilización. Los bárbaros son los que consideran que los otros, porque no se parecen a ellos, pertenecen a una humanidad inferior y merecen ser tratados con desprecio o condescendencia”. Hagamos nuestras estas palabras y asumamos, todos juntos, hacer posible un mundo cada vez más civilizado, en el que todos gocemos efectivamente de los mismos derechos. Los socialistas estamos en ello.

* Mónica S. González es secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE.