Es la esclavitud del siglo XXI, y escapar del yugo de la trata parece haber sido, como era de esperar, especialmente difícil durante el confinamiento al que nos ha obligado el nuevo coronavirus. Porque, en su cautiverio, las personas que sufren esta tortura inimaginable han visto elevarse el voltaje de los peligros que corren. “Un riesgo enorme ha sido la desinformación”, reflexiona Marta González Manchón, Coordinadora del Área de Sensibilización de la ONG Proyecto ESPERANZA Adoratrices, que desde hace 21 años se dedica a la detección y atención integral a mujeres víctimas de trata.  “Muchas de estas personas no están insertas en una red de contacto y apoyo, y desde el principio han carecido de datos para saber qué pasaba, a qué nos hemos enfrentado, qué medidas de protección se recomendaban para evitar contagios...”, explica.

Ocultas en los pliegues de nuestras ciudades, a menudo invisibles en los registros institucionales, estas personas “han dejado de percibir ingresos, y han requerido ayudas muy directas como el suministro de alimentos. Por eso, en Proyecto Esperanza hemos desarrollado un Plan específico de Crisis para la COVID-19”, una respuesta de emergencia “con ayudas económicas para pagar el alquiler, la factura del teléfono, recibir comida…”, señala González. Y es que, por suerte para este tipo de víctimas, la entidad se ha mantenido al pie del cañón durante el Estado de Alarma. “Desde el principio, nuestros servicios se reconocieron como esenciales”, explica la activista, refiriéndose a líneas de actuación como “recursos de acogida, alojamientos seguros (casas de acogida y pisos tutelados) e intervención especializada en temas jurídicos, de salud, psicológicos y para la inserción social y laboral”. Y como toda empresa o institución durante esta crisis sociosanitaria, la organización ha desplegado “un plan de contingencia” con medidas higiénicas o de distanciamiento que “han debido cumplirse en las casas de acogida”, así como entre el equipo de atención especializada, que “siguió prestando sus servicios de manera telemática, sobre todo telefónica”.

Cuarentenas en casas de acogida

En esos hogares colectivos a veces han sido necesarias las cuarentenas. Porque la organización ha permanecido abierta “tanto a las mujeres con las que ya trabajábamos como a los nuevos casos que se pudieran detectar”, y que, en efecto, se han detectado, “hemos tenido casos nuevos que nos han llegado por las vías del teléfono 24 horas de que disponemos para la detección e identificación de estas circunstancias, con llamadas directas de mujeres que vivían una situación de explotación y necesitaban ayuda, o de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que nos han derivado víctimas que han localizado durante sus investigaciones”. Así, “hemos tenido que aplicar protocolos de cuarentena para mantener a las mujeres recién llegadas distanciadas del resto y con medidas de seguridad, por si presentaban síntomas. Cosa que, finalmente, no ha ocurrido”.

En total, del 14 de marzo al 30 de abril, la organización ha atendido a 115 víctimas de trata. Ochenta y cinco de ellas han recibido atención especializada de los distintos servicios del proyecto por vía telemática, y veinticuatro han accedido a ayudas del Programa de Apoyo en Crisis: se han entregado veintidós ayudas económicas para cubrir necesidades básicas (alquiler, alimentación, higiene, transporte...), se han repartido once paquetes de alimentos a nueve mujeres, catorce han recibido apoyo para su inserción laboral y cuatro de ellas han recibido la buena noticia de que han encontrado empleo en medio del drama. Con peor suerte, otras mujeres se han visto abocadas a dar un paso atrás: “Mujeres con las que ya habíamos trabajado hace tiempo y que se encontraban en fase de autonomía, con un proceso de recuperación o incluso con una vida normalizada, han perdido empleos y se han quedado sin ingresos a raíz de la epidemia y el Estado de Alarma”, lamenta González, “y esa vulnerabilidad hace que ahora tengamos que evitar que vuelvan a caer en una situación de trata”.

La trata no tiene solo fines sexuales

Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trata? No somos muy conscientes del alcance depredador de estos hilos invisibles. “Según los convenios internacionales, tanto el Protocolo de Palermo, que aprobó Naciones Unidas en 2000, como el Convenio de Varsovia de Lucha contra la Trata, que aprobó en 2005 el Consejo de Europa, ésta se define como un delito contra las personas que se caracteriza por una serie de acciones, de medios y fines”, acota González. Esas acciones son, claro, “captar a alguien, trasladarlo, transportarlo o alojarlo en algún lugar, todo ello utilizando medios de engaño, manipulación, fraude o abuso de poder o de situación de vulnerabilidad, y llegando incluso a las amenazas, coacciones, violencia o rapto; siempre, con la intención de someter al otro a una situación de explotación”.

Y aunque el modus operandi resulte en todo caso muy similar, las metas de esas dinámicas son variables: “la trata puede tener fines sexuales en la prostitución o en la pornografía, pero también no comerciales, esto es, se mantiene a una mujer en un domicilio como esclava sexual”. Más allá del sexo, el catálogo de los horrores engloba también “la explotación laboral en cualquier sector (agricultura, hostelería, venta ambulante, salones de belleza dedicados al cuidado de uñas, masajes, talleres textiles o empresas de manufactura)”. Se han registrado también casos de trata para procurar “matrimonios forzados o criminalidad forzada, en cuyo caso la acción pasa por captar, trasladar o alojar a alguien por medios coactivos para obligarlo a cometer delitos en beneficio del tratante o de la red de tratas”, y el resultado son personas obligadas, por ejemplo, “a cometer hurtos en tiendas de ropa para venderla en el país de los tratantes”. Por último y por supuesto, también se ha detectado trata “para mendicidad forzada”, con la que nos damos de bruces en las esquinas de muchas ciudades.

Un auténtico infierno que pueden vivir tanto mujeres como hombres, niños y niñas, si bien Proyecto Esperanza trabaja específicamente con mujeres víctimas de trata, “y la mayoría de los casos que atendemos en España tienen fines de explotación sexual y prostitución”. El retrato robot de estas mujeres es el de una persona joven, “el 60%” de las que atendió la orgranización en 2019 tenía “entre 18 y 30 años”, según las define la entidad en su web, y añade que, ese año pasado, “Nigeria” fue el país de origen predominante, seguido de “Colombia, Costa de Marfil, Marruecos, El Salvador y Kenia, entre otros”.

Víctimas olvidadas

Que la trata con fines de explotación sexual sea especialmente frecuente no debería justificar algo que ocurre: que las autoridades se olviden de las demás. Y lo dice el Grupo de Expertos sobre Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) en su Informe General Nº 9, en el que ofrece una visión panorámica del cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa a doce años de su aprobación, señalando de paso que, en España, “el Plan de Acción Nacional contra la Trata se limita a la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”.

Incluso frente a la apisonadora de la COVID-19 el Gobierno ha pasado por alto esos perfiles alternativos: si bien amplió el Plan de Contingencia contra la violencia de género añadiendo como beneficiarias "a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, a las mujeres víctimas de explotación sexual y a las mujeres que ejercen prostitución en contextos de vulnerabilidad", lo cua, para González, es “positivo porque prevé el acceso a alternativas habitacionales y al ingreso mínimo vital de las víctimas de explotación sexual”, se mantienen excluidas “otras víctimas de trata y explotación”. Por otro lado, hasta que se pueda recibir el ingreso mínimo vital, “son muchas las personas que necesitan apoyo de entidades como la nuestra”.

Difícil recuento

También es difícil hacer números: con las redes actuando con nocturnidad y alevosía, es muy difícil contabilizar a las víctimas de trata, escapan a los cálculos de la mismísima ONU y de la Unión Europea. De acuerdo con GRETA, las personas identificadas como víctimas de este delito aumentaron en toda Europa en un 44% entre 2015 y 2018, pero “la naturaleza oculta de la trata de personas y el hecho de que hemos encontrado problemas con el proceso de identificación en muchos países sugieren que el número real de víctimas en realidad puede ser mucho mayor”, afirma Davor Derenčinović, presidente del grupo. Por su parte, Proyecto Esperanza puede dar fe de haber prestado apoyo, desde 1999, a más de 1.120 mujeres de 70 nacionalidades, en estrecha colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Oficina de Asilo y Refugio, especialmente en el Aeropuerto de Madrid Barajas cuando se sospecha que una mujer solicitante de asilo podría haber vivido o estar viviendo una situación de trata.

Eso sí, tampoco es que vayamos cuesta abajo. González valora que, “de no estar tipificado, el delito de trata pasó a verse contemplado cuando lo cometían redes criminales organizadas con tráfico de inmigrantes si tenía como fin la explotación sexual, y en la última reforma del Código Penal (de 2015), la trata se recoge ya en todas su formas, aunque está pendiente mejorar la laboral”. Además, desde 2008 “se han ido adoptando varios planes de lucha contra la trata sexual, y un protocolo marco que intenta servir para abordar todas las formas de trata y coordinar a todos los actores”. También se han ido ampliando los “recursos y medios, y muchas Comunidades Autónomas han incluido la trata sexual como una forma de violencia de género en sus leyes autonómicas”.

Y si la actuación de las autoridades es crucial, la responsabilidad individual de todos nosotros es imprescindible. Para González, mientras que “se ha producido un avance importante en sensibilización, conciencia y respuesta sobre la violencia de género en el ámbito de la pareja y la ex pareja”, en la trata con fines de explotación “tenemos mucho camino por recorrer”. No en vano, #TambiénEsTrata es una de las líneas prioritarias de sensibilización de la ONG para los próximos dos años.