"Tuitea... Si te atreves". Es el lema de la nueva campaña que
Amnistía Internacional ha lanzado en España. Una advertencia, una alerta sobre el riesgo que, a su juicio, corre la libertad de expresión en el país.
¿Las señales de este apocalipsis para la ONG? Que "usuarios de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales han sido procesados en España en virtud del
artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el 'enaltecimiento' del terrorismo y la 'humillación de las víctimas de los delitos terroristas”. El impacto de esta aplicación, para Amnistía, es "devastador para las personas: cuantiosas
multas, largos periodos de
exclusión del sector público,
penas de prisión… y una consecuencia intangible: la
autocensura por miedo a sufrir la represión".
Derogación del artículo 578
Y es que "nadie debería ser procesado penalmente solo por decir, tuitear o cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. La ley está silenciando la libertad de expresión y aplastando la expresión artística", advierte la ONG, para quien "el Gobierno español debe asegurar que se defienden los derechos de las víctimas del terrorismo en lugar de sofocar la
libertad de expresión en su nombre". Incluso propone que el artículo 578 del Código Penal se derogue, y a la espera de ello, se retiren "todos los cargos formulados por expresarse pacíficamente.
Un rapero, un cineasta
Entre las condenas que preocupan a Amnistía Internacional y se han dictado pivotando en torno al artículo 578, figura la sentencia a
Nyto Rukeli, rapero de 23 años, fue detenido en 2016. El fiscal lo acusó de 'enaltecimiento del terrorismo' por las letras de sus canciones. Letras como '
Ni bajo tierra me callarán, no puede encarcelarse el arte'. En la misma operación fueron detenidos otros 11 raperos, miembros del colectivo La Insurgencia. El 4 de diciembre de 2017, fueron condenados a dos años y un día de prisión cada uno, así como a nueve años de inhabilitación y a una multa de 4.800 euros.
Por otro lado, en 2013,
Alex García, cineasta de 23 años, abrió un canal de YouTube llamado
Resistencia Films. En julio de 2017, la policía le entregó una citación judicial, basada en un informe policial de mil páginas en el que se enumeraban los vídeos del canal, fotografías, transcripciones de audio y las biografías de algunas personas entrevistadas, por las que se le acusó de “enaltecimiento del terrorismo”, y puede ser condenado a dos años y un día de prisión, más nueve años de inhabilitación y una multa de 4.800 euros.
