El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha lanzado un dardo por partida doble al juez Peinado, de nuevo en el foco mediático por estar siendo investigado por el Poder Judicial por su interrogatorio a Félix Bolaños y por la manera en la que está trabajando el caso de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y a algunos dirigentes del Partido Popular como Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco o Juan Manuel Moreno Bonilla.
En un primer tuit, el titular de Transportes citaba una noticia de la Cadena SER que daba parte de que el juez Peinado había imputado a Begoña Gómez y su asesora por malversación y las había llamado a declarar de nuevo en septiembre. "Trabaja más que Mañueco, Juanma y Natividad juntos. ¡Menudo activo para la derecha de este país!", escribía Puente, en referencia a tres dirigentes del PP en cuyas autonomías se han dado, precisamente, fuertes incendios forestales durante las últimas semanas.
Tras esa primera pulla, el ministro citaba su propio tuit para añadir: "Es verdad que no siempre trabaja con las mismas ganas, la misma intensidad, y los mismos criterios. Pero nadie es perfecto", añadiendo dos capturas en las que el magistrado presenta diferentes criterios hacia el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y hacia Begoña Gómez. En el caso de Almeida, Peinado cometió un error y ello provocó que se cerrase la instrucción contra un alto cargo del Ayuntamiento, mientras que en el caso de la mujer de Pedro Sánchez, algunas voces judiciales críticas con el magistrado señalan que está incurriendo en una investigación prospectiva, ilegal en España.
La nueva imputación de Begoña Gómez
Desde hace más de un año, el nombre de Begoña Gómez aparece asociado a investigaciones, registros y citaciones que se suceden sin descanso, situándola en el epicentro de una polémica que mezcla lo jurídico, lo político y lo mediático. Lo que comenzó como una denuncia presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias en abril de 2024 ha derivado en una instrucción interminable, plagada de imputaciones que se acumulan y que, en muchos casos, han terminado siendo anuladas o cuestionadas. Ahora, el juez Juan Carlos Peinado ha abierto un nuevo frente con la acusación de malversación de fondos públicos, un paso que multiplica las dudas sobre si estamos ante un proceso con base real o frente a una causa política disfrazada de instrucción judicial.
La nueva imputación se centra en la contratación de Cristina Álvarez, su asesora personal en Moncloa. Según el auto, parte de sus funciones no se habrían limitado a la asistencia institucional, sino que también se habrían extendido a labores relacionadas con la actividad académica de Gómez en la Universidad Complutense, concretamente en una cátedra que dirigía. De ahí que el juez considere que podría existir un uso indebido de recursos públicos. Como consecuencia, ambas han sido citadas a declarar: Álvarez lo hará el 10 de septiembre y Gómez un día después, el 11 de septiembre de 2025.
Este episodio se suma a una larga lista de imputaciones llevadas a cabo por el juez Peinado que han marcado el caso. En distintos momentos, Gómez ha sido investigada por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción privada, intrusismo profesional o apropiación indebida de software universitario. Muchas de esas acusaciones han sido corregidas o archivadas, lo que no ha evitado el desgaste personal y mediático. La estrategia de Peinado ha sido calificada de errática por numerosos juristas y medios de comunicación, que han señalado errores procesales, filtraciones y decisiones que han terminado perjudicando a terceros, como el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, o el empresario Juan Carlos Barrabés, también citados en la instrucción.