Canarias autoriza la caza de hurones, perros y gatos callejeros o silvestres. Así lo ha confirmado la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno insular a través de la Orden de 20 de junio de 2023 por la que se establecen las condiciones y limitaciones del ejercicio en la Comunidad Autónoma de Canarias.

En este territorio, los perros y gatos silvestres aparecen incluidos en la categoría de ‘animales domésticos’, por lo que hasta ahora se habían beneficiado de un firme sistema de protección, pero dicha inclusión no impedía que se les distinguiera del resto de mascotas puesto que estos eran considerados animales "asalvajados". Dichos animales son los responsables de la desaparición en masa de especies autóctonas entre las que se encuentran la lisneja, la musaraña, varios tipos de aves o el lagarto gigante canario, por lo que, según afirman múltiples informes de organizaciones animalistas, incluir este tipo de animales salvajes en la categoría de mascotas pone en riesgo la biodiversidad de las islas.

La Ley del Bienestar Animal modifica las condiciones de caza

La Ley de Bienestar Animal, aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero, entrará en vigor el próximo 29 de septiembre. Se trata de la primera ley española especializada en le bienestar animal y su aprobación generó una serie de discrepancias protagonizadas por los perros de caza. De cualquier modo, la norma contempla una serie de asuntos cuyo objetivo común es la protección de todos los animales que habitan el territorio español.

No obstante, dicha ley ha dejado de lado algunos elementos que afectan de forma directa a las islas Canarias. La orden por la que se establecen las épocas hábiles de cazas en el territorio canario para la próxima temporada 2023-2024 ha sufrido varias modificaciones a causa de la mencionada Ley de Bienestar Animal y a partir de la puesta en marcha de esta será ilegal abatir a cualquier animal que se considere doméstico. Entre estas especies destacan perros, gatos y hurones, lo que es un peligro para el resto de especies que están libres en el medio natural y una preocupación para los expertos pues el efecto de la liberación de dichos animales es muy negativo para la fauna del archipiélago.

La polémica con los perros de caza

La Ley de Bienestar Animal generó una gran polémica en el ámbito político y social. El tema estrella de dicha disputa entre los partidos que forman el Gobierno de coalición como los de la oposición fue la inclusión o exclusión de los perros de caza en la ley. Según se especificaba en la norma, la aprobación de la misma supondría que los perros dedicados a la caza no jugarían en la misma liga que el resto de las mascotas. La distinción no tendría que ver con su raza, edad o color, sino simplemente con la función que desempeñan.  A pesar de la insistencia de algunas formaciones como Podemos para incluir a esta especie en dicha ley, el Gobierno consiguió que sus aliados votaran a favor de la aprobación de esta cediendo ante sus exigencias.

El presidente de la Real Federación de Caza Española, Manuel Gallardo, aseguró estar conforme con la medida impuesta por el Gobierno afirmando que los perros de caza no podían ser tratados de la misma forma que una mascota porque la actividad que realizan es absolutamente distinta.

A pesar de la controversia causada por la exclusión de dichos animales, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la legislación de la ley de la Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, más conocida como Ley de Bienestar Animal.

La lucha contra el maltrato en el centro de la ley

Al margen de dicha controversia, el Gobierno también puso en marcha una reforma del Código Penal para reforzar las medidas en contra del maltrato animal. A nivel práctico, la ley garantiza el aumento de las penas, la prohibición temporal de adoptar o comprar mascotas a todas esas personas que hayan sido acusadas de maltrato animal y un curso de buenas prácticas para los nuevos dueños de perros o gatos. Todos aquellos perros tipificados como “potencialmente peligrosos” deberán tener seguro propio, y los dueños del resto de mascotas se verán obligados a incluirlas en las pólizas de seguros del hogar.