El Partido Popular (PP) parece seguir olvidando legislaciones. Artículo 20.1.a de la Constitución española: "Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción". Artículo 20.1.d de la Constitución española: "Se reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". Aunque la libertad de prensa está más que amparada en nuestro territorio, desde Génova insisten en perseguirla. Tras la última petición de los populares de vetar a Sarah Santaolalla en TVE se puede afirmar que vuelven aquellas listas negras de periodistas que el mismo Miguel Ángel Rodríguez -actual jefe de Gabinete de Ayuso- empezó con Aznar.
En el año 1987, Miguel Ángel Rodríguez daba sus primeros pasos en El Norte de Castilla, periódico más importante de la región, cuando Jose María Aznar -recién nombrado presidente de Castilla y León- levantaba el teléfono para ofrecerle ser su portavoz en la Junta. Juntos se mantendrían en tierras castellanas hasta 1989, año en el que ambos ponían rumbo a Madrid y Rodríguez se convertía en el director de Comunicación del PP.
Durante su paso por Castilla y León, y tal y como saliera a la luz en el año 1990, Miguel Ángel Rodríguez comenzó una cacería contra los profesionales de la información. El entonces jefe de prensa de Aznar elaboró una lista negra con el nombre de doce periodistas. El informe, de seis folios y con el sello de Presidencia de la Junta, incluía valoraciones profesionales, políticas y personales de todos ellos.
Los periodistas, que pertenecían a ocho medios de comunicación, estaban clasificados entre "los amigos de la casa", es decir, aquellos cercanos a la Junta, los que "no estaban ni en contra ni a favor" y "los anti casa, anti PP y anti todo". En el primer grupo se encontraban Luis Jaramillo (COPE) y Manuel Trapote (entonces en la Agencia local), en el segundo Julián Bastellero (que se encontraba en El Norte de Castilla) y Pedro Vicente (TVE en Castilla y León) y, entre los "enemigos", Goyo Martínez (Cadena Ser), al que se tildaba de "muy peligroso".
El documento salió a la luz en el año 1990 gracias al procurador socialista Leandro Martín Puertas. El presidente de la Junta por aquel momento, Jesús Posada -también perteneciente a las filas del PP-, aseguró que la institución llegaría "hasta el fondo de este asunto". Sin embargo, la comisión de investigación se cerró sin ningún resultado después de que su instructor fuese nombrado por el mismo partido.
Más de tres décadas después, el PP vuelve a señalar públicamente a múltiples periodistas. Así, yendo un paso más allá, han pedido la cabeza de Sarah Santaolalla en TVE. Desde Génova aseguran que la colaboradora ha insultado "de manera gratuita" a más de once millones de españoles llamándoles "idiotas", así como que "recibe una remuneración sufragada con dinero público por su colaboración en RTVE, y esto es incompatible con el insulto a millones de españoles”.
Además, han registrado en el Congreso de los Diputados más de una decena de preguntas dirigidas a la dirección de RTVE para aclarar la relación contractual de Sarah Santaolalla, así como las cantidades que ha percibido en este año y las medidas que se prevén para evitar que se repitan expresiones ofensivas.
Así se las gastaba en los 80 el personaje del día. Lista de periodistas en Castilla y León. Año 1987, aproximadamente. pic.twitter.com/swkyfq7VSO
— Mario Alejandre (@alejandre_mario) March 16, 2024
El PP y el control de las televisiones
Paralelamente al señalamiento indiscriminado de los periodistas que se muestran críticos con el partido, desde Génova extienden otros tentáculos con el fin de componer una estrategia de control a las televisiones. Mientras que en la actualidad señalan a TVE, a la que acusan de estar al servicio del Ejecutivo de Sánchez, lo cierto es que cuando el PP habitaba La Moncloa, hicieron suya la televisión pública.
La parrilla estuvo copada por algunos de sus rostros más afines, que sobrevivieron incluso pese a las nefastas audiencias y se embolsaron importantes cifras. Es el caso de Carlos Herrera, quien, en 2017, año en el que Mariano Rajoy era el presidente del Gobierno, se ponía al frente de ¿Cómo lo ves? El periodista firmó 13 entregas, a razón de 15.000 euros, por lo que su salario habría ascendido a 195.000€. Sumando el resto de gastos, los trece episodios costaron 4.330.000 euros, es decir, 330.000 euros por programa.
Otro ejemplo, el de Javier Cárdenas, quien se convertiría en una figura clave en la televisión pública durante el mandato de Rajoy, no tanto por la calidad o éxito de su programa, sino por lo que representaba en términos de orientación ideológica, uso del medio público y debates sobre pluralidad y servicio público en RTVE. .
El periodista debutaba en la pública con Hora Punta, que se estrenaba en octubre de 2016 con un 10% de cuota de pantalla. Sin embargo, con el paso de las entregas, los datos fueron decreciendo, generando un amplio debate sobre su continuidad en la franja del access prime time. A lo largo de 2017 y 2018, el programa promediaba entre un 6% y un 8% de cuota de pantalla, pero incluso fue renovado para una tercera temporada, interpretándose así un importante apoyo político del PP a Cárdenas y su programa. El programa únicamente desapareció con la incorporación de Rosa María Mateo como administradora única de la Corporación.
Esta misma estrategia ha sido replicada a pequeña escala en las televisiones públicas autonómicas de las regiones en las que gobiernan los populares. Manipulación informativa, modificación de leyes, privatización, supresión de los mecanismos de control o 'dedazos' con los que colocar a sus afines en los altos cargos son algunos de los movimientos que el PP ha llevado a cabo en televisiones como Telemadrid, Canal Sur, TVG o À Punt, provocando que estas se desangren.
