El juez Juan Carlos Peinado continúa en su empeño de investigar a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Este miércoles, Gómez ha declarado ante la petición del juez, mientras el juez ha vuelto a ordenar a la Universidad Complutense de Madrid entregar los correos de la asesora de Gómez, María Cristina Álvarez Rodríguez, después de haber pedido todos los correos de Gómez durante siete años. Esta causa no ha dejado de llamar la atención por su arbitrariedad y falta de justificación en la toma de decisiones, y ello ha sido valorado en el programa Mañaneros 360 por un magistrado emérito, concretamente por Ramiro García de Dios.

El magistrado Ramiro García de Dios ha destacado las “hipótesis preconcebidas” que tiene el juez Peinado y que trata de justificar “a toda costa” a través de la “técnica de retorcer el derecho”: “Es una autentica expedición de pesca para ver si se encuentra algo partiendo de hipótesis preconcebidas que tiene el juez Peinado y que trata de justificar a toda costa, encontrando, y sobre todo, utilizando la técnica de retorcer el derecho y la arbitrariedad del poder público de un juez de instrucción”.

Arbitrariedad que está prohibida por la Constitución y sobre todo por la falta de motivación de gran parte de sus resoluciones”, ha añadido. Después, García de Dios ha mencionado la sección 23 que apoya al polémico magistrado: “Que la Audiencia Provincial sección 23 le haya apoyado no dice más que la sección 23, que la conozco perfectamente y quienes la componen, es una especie de trío palmero o trío de apoyo entusiasta al juez Peinado”.

“Una causa general, una arbitrariedad, una instrucción deficiente en calidad técnica, ausencia de garantismo constitucional y, efectivamente, una causa abierta injustificadamente en 2024 para tratar mediante la técnica del law fare desprestigiar o atacar no solo a la mujer del presidente del Gobierno, sino también al Gobierno y al presidente”, ha sentenciado el magistrado emérito.

El pulso de Peinado para investigar a Begoña Gómez

A lo largo del último año y medio, el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha convertido la investigación sobre Begoña Gómez en una de las causas judiciales más prolongadas y complejas de la actualidad española. Lo que comenzó en abril de 2024 como una querella por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha ido acumulando imputaciones sucesivas: apropiación indebida, intrusismo profesional y, en agosto de 2025, malversación de caudales públicos.

Peinado no solo ha ampliado el número de delitos investigados, sino también los ámbitos y sujetos implicados: ha citado para declarar a altos cargos como el exministro Félix Bolaños, desplazándose incluso a La Moncloa para interrogarlo. También ha ordenado investigar las cuentas bancarias de Gómez, su certificado de matrimonio, los correos desde 2018 que podrían contener indicios relevantes, así como la titularidad del dominio web del software desarrollado en la cátedra de la UCM.

La defensa de Gómez ha recurrido numerosas actuaciones del juez: desde su citación por malversación y la incautación de correos, hasta la extensión temporal de los hechos investigados, alegando falta de motivación, invasión de derechos y excesos procesales.

Pese a los reveses y recursos, Peinado ha logrado mantener viva la instrucción, respaldado por la Audiencia Provincial en varias decisiones clave, como la autorización para investigar el software y continuar la causa respecto a la malversación.

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