El juez Juan Carlos Peinado ha evitado responder este lunes a las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le abra un expediente disciplinario por su actuación al frente de la investigación contra Begoña Gómez.

"Hemos visto cómo en el Consejo General del Poder Judicial hay división de opiniones a la hora de poder abrirle un expediente. ¿Tiene miedo al respecto? Muchas gracias, señor Peinado", le ha preguntado un periodista a su salida. El magistrado ha optado por no realizar ninguna declaración y ha abandonado el lugar sin responder.

La escena se ha producido en una semana marcada por varias decisiones judiciales que afectan a dos causas de gran repercusión mediática. Durante el programa Malas Lenguas, el presentador Jesús Cintora ha puesto el foco en el contraste entre la situación del empresario Víctor de Aldama y la de Begoña Gómez.

"Lo cierto es que estamos en la semana en la que, al mismo tiempo que a Aldama, condenado por corrupción, le devolvían el pasaporte, a la esposa del presidente no se lo devolvía el juez Peinado", ha señalado Cintora antes de dar paso a la periodista María Espino.

Espino ha explicado que el Tribunal Supremo ha acordado levantar las medidas cautelares que pesaban sobre Aldama, permitiéndole recuperar su pasaporte y su libertad de movimientos. Según ha recordado, el empresario había sido condenado por delitos de organización criminal y cohecho.

En cambio, ha asegurado que Begoña Gómez continúa sin recuperar su documentación. "El juez Peinado mantiene retenido su pasaporte pese a que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado devolvérselo", ha explicado la periodista.

Según ha añadido, el magistrado ha condicionado la entrega del documento a que sea la propia Begoña Gómez quien acuda personalmente a recogerlo, en lugar de permitir que lo retire su representación legal. La situación ha vuelto a situar la actuación del juez Peinado en el centro del debate público, tanto por la gestión del procedimiento judicial como por las discrepancias surgidas en el seno del CGPJ sobre la conveniencia de analizar disciplinariamente algunas de sus actuaciones.

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