El relato sobre la DANA en la Comunitat Valenciana no se escribe solo en los tribunales o en las Cortes, también en las redacciones. La televisión pública À Punt, llamada a ser garante de la información independiente, afronta acusaciones de parcialidad y dudas sobre si ha encubierto al gobierno de Carlos Mazón durante la crisis.
El 29 de octubre de 2024, una de las mayores catástrofes naturales vividas en la región dejó 229 fallecidos y una devastación que aún hoy marca a municipios enteros. Desde entonces, la gestión de la emergencia ha derivado en una investigación judicial en la que se han puesto bajo la lupa las decisiones políticas y técnicas de aquel día. En paralelo, À Punt ha quedado atrapada en un torbellino de sospechas que cuestiona su papel como medio público y su grado de independencia frente al Ejecutivo autonómico.
La polémica se ha intensificado tras conocerse que la cadena grabó en vídeo la reunión del CECOPI, el centro de coordinación de emergencias, en las horas críticas de la DANA. En esas imágenes se aprecia cómo la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, daba instrucciones relacionadas con la activación de la alerta masiva ES-Alert, un hecho que ella negó ante la jueza. La contradicción ha sido interpretada por las acusaciones como una muestra de que la Generalitat intentó ocultar errores en la gestión, mientras que À Punt se ha mostrado reacia a entregar las grabaciones de manera voluntaria, apelando al secreto profesional de los periodistas.
La propia Generalitat tampoco ha quedado al margen. El gobierno de Mazón negó inicialmente disponer de grabaciones de aquel encuentro, aunque investigaciones posteriores demostraron que sí las tenía y no las había remitido íntegramente al juzgado. Este descubrimiento alimentó la percepción de opacidad y reforzó las críticas hacia la Administración autonómica, al tiempo que situó a À Punt en el centro de la controversia por la gestión de su material audiovisual.
Las asociaciones de víctimas, que llevan meses reclamando claridad, han expresado abiertamente su recelo hacia la televisión pública. Consideran que la cobertura de À Punt se ha alineado con el discurso oficial y que ha servido para suavizar las responsabilidades políticas del gobierno de Mazón. “Lleva diez meses encubriendo una mentira”, denunciaban hace unas semanas en relación con las versiones oficiales difundidas.
El debate sobre la independencia de la radiotelevisión valenciana tampoco es nuevo. Desde su creación, À Punt ha tenido que lidiar con las tensiones propias de un medio público: el equilibrio entre el control institucional y la obligación de ofrecer un servicio informativo plural. Sin embargo, el contexto de la DANA y sus consecuencias judiciales han amplificado el escrutinio, con acusaciones que van desde la censura indirecta hasta la falta de transparencia en el tratamiento de la información más sensible.
La situación se ha visto salpicada por otros episodios polémicos, como la reunión que Carlos Mazón mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana el mismo día de la catástrofe. Según distintas informaciones, aquel encuentro pudo haber incluido un ofrecimiento para dirigir À Punt, lo que reforzó la sospecha de un intento de aproximación del Ejecutivo al medio público en pleno estallido de la emergencia.
Con todos estos elementos, À Punt se encuentra en el ojo del huracán. Entre la exigencia judicial de esclarecer responsabilidades, las críticas de las víctimas y la presión política, la televisión autonómica afronta una crisis de credibilidad que pone en cuestión su función esencial: garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz e independiente.
