El "enchufismo" del chófer vuelve a poner en alerta a la oposición por la gestión del Gobierno de Ayuso sobre Telemadrid

El 'fichaje' del chófer del director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez, sigue dejando preguntas encima de la mesa. A las dudas planteadas por el comité de empresa, que llevó el caso ante la Inspección de Trabajo por considerar que existen indicios de una “contratación irregular”, se suma ahora el debate político. La oposición reclama explicaciones sobre la incorporación de este trabajador que hasta el pasado 15 de julio prestaba servicio para Auto Lavapiés y que pasó directamente a formar parte de la plantilla de Radio Televisión Madrid (RTVM).

Pero la cuestión se plantea como algo que va más allá del conductor. Horacio Díez, portavoz del PSOE-M en la Comisión de Radio Televisión de Madrid de la Asamblea, sitúa el foco en una pregunta más amplia: si las mismas reglas que rigen para el conjunto de la plantilla se aplican también cuando se trata de determinados puestos o personas. “El problema no es el chófer, desde luego. La cuestión fundamental es si en Telemadrid, y en la Comunidad de Madrid, las reglas son iguales para todos”, sostiene en declaraciones a ElPlural.com.

El portavoz socialista endurece el tono al situar el caso dentro de la señalada gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en el punto de mira de la oposición de los trabajadores y la oposición desde hace tiempo. “Parece que en Madrid se gobierna en permanente excepción. Sobre todo, cuando se trata de determinadas personas o de determinados puestos. Y solo recibimos una explicación, o una rectificación, cuando nos enteramos. Los gobiernos en democracia están para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, y lo que vemos en la Comunidad de Madrid, cada vez con más frecuencia, es un gobierno regional donde solo se mejoran las condiciones de vida de quien decida el poder”, afirma.

Es precisamente ahí donde el caso del chófer conecta con una crítica que la oposición madrileña lleva tiempo trasladando al funcionamiento de la televisión pública. Díez recuerda que el PSOE-M viene denunciando “incumplimientos del Contrato-Programa, de la Carta Básica y de la Ley 8/2015” y sostiene que “una televisión pública no puede funcionar a base de excepciones: tiene que funcionar con reglas, transparencia y las mismas garantías para todos”.

Pero, más allá del discurso político, la reclamación sobre la contratación del conductor tiene una finalidad concreta: la de averiguar si todo se realizó conforme a las normas. Si RTVM sostiene que se han seguido los procedimientos habituales, Díez reclama que la corporación muestre cómo se hizo. “Si RTVM dice que se han seguido los cauces habituales, que los enseñe. Que nos diga dónde se publicó la convocatoria, qué candidatos concurrieron, cuáles eran las bases, qué criterios se utilizaron y quién tomó la decisión. No hace falta una opinión, hace falta presentar un expediente”, señala.

La reclamación del PSOE-M coincide así con una de las principales dudas que ya había trasladado el comité a Trabajo: si existió realmente un proceso de selección y, en ese caso, cómo se desarrolló. La denuncia pide precisamente que se examine el expediente y se compruebe si se respetaron los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia y objetividad que deben regir el acceso al empleo en una empresa pública. 

La incorporación del trabajador ya había provocado el choque entre la dirección y los representantes de los trabajadores. El comité cuestionó que no hubiera trascendido una convocatoria ni un proceso de selección que permitiera conocer los criterios empleados para elegir al candidato y reclamó información sobre la modalidad contractual, la categoría profesional, la jornada y la propia creación de la plaza. Según la información publicada por El País, RTVM confirmó que el trabajador había sido contratado como personal excluido del convenio, pero no facilitó información sobre un procedimiento de selección. 

La otra pata del caso es la figura bajo la que ha sido incorporado el chófer. El comité sostiene que el trabajador ha quedado fuera del convenio colectivo pese a que el puesto, a su juicio, no tiene naturaleza directiva. En su denuncia inicial, los representantes cuestionaron precisamente que esta fórmula pudiera utilizarse para un puesto de estas características y pidieron que se comprobara quién creó y autorizó la plaza.

También en este punto el portavoz socialista reclama respuestas concretas. “Además de explicar cómo se seleccionó a esta persona, RTVM tiene que explicar por qué un chófer del Director General queda fuera del convenio colectivo”, plantea. Y amplía el interrogante hasta la propia creación del puesto: “¿Quién creó y autorizó esa plaza? Si estamos ante un puesto de nueva creación, queremos saber cuándo se creó, quién lo autorizó, si estaba contemplado en la planificación de personal y si fue conocido por los órganos competentes de RTVM, como el Consejo de Administración”.

No es una cuestión menor dentro del expediente. El comité ya había señalado que no constaba, a su juicio, la aprobación previa de la creación de la plaza por los órganos competentes de la empresa ni que su incorporación hubiera sido sometida al Consejo de Administración. La Inspección de Trabajo deberá analizar ahora esas circunstancias junto al resto de elementos denunciados. 

El caso del chófer llega, además, en un momento en el que la gestión de Telemadrid vuelve a estar bajo el foco político. La oposición lleva tiempo cuestionando el modelo de dirección de la cadena y denunciando una supuesta pérdida de independencia respecto al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El episodio del conductor se suma así a una sucesión de controversias en torno a la gestión de la corporación.

El PSOE-M ha situado también en el centro de sus críticas recientes la inyección de 7,03 millones de euros aprobada por la Comunidad de Madrid para RTVM, destinada oficialmente a la implantación y mantenimiento de su plataforma OTT, y ha pedido explicaciones sobre el alcance de la operación. Ese debate, junto al de la contratación del chófer, alimenta una misma discusión política sobre la gestión de la televisión pública madrileña.