La alianza de las televisiones autonómicas se prepara para una "jornada histórica de huelga" tras los escándalos de À Punt o Canal Sur

El pasado mes de marzo, distintos medios públicos de comunicación autonómicos alzaban la voz con el fin de luchar contra un "mismo modus operandi". Así, fruto de una "situación de desesperación", nacía la alianza "RTV’s Públicas en Lucha", compuesta actualmente por los comités de empresa de À Punt, RTV Andalucía y Canal Sur, IB3, RTPA, RTV Aragón, RTV Canarias, RTV Castilla-La Mancha, Canal Extremadura, Telemadrid, CSAG y TV3. Tras acusar un "deterioro de la independencia informativa en las últimas semanas con casos groseros", la plataforma "prepara una gran movilización conjunta".

A través de un comunicado, "RTV’s Públicas en Lucha" señala tres casos concretos. En primer lugar, el de À Punt, que emitió una corrida de toros días antes del primer aniversario de la DANA, cuando una multitudinaria manifestación recorría la capital del Turia exigiendo responsabilidades y la dimisión de Carlos Mazón, ya expresident de la Generalitat. Cabe recordar que, días después, y tras las quejas de multitud de trabajadores de la cadena pública, el Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana abrió una investigación al considerar que el ente público valenciano podría haber incumplido su “misión específica de servicio público”.

En segundo lugar, la cobertura de Canal Sur sobre el escándalo de los cribados de cáncer de mama. La indignación entre el personal llegó a desembocar en una carta que un grupo de profesionales de la Radio y la Televisión pública de Andalucía envió a la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Andalucía (Amama), Ángela Claverol, lamentando el trato informativo que la cadena estaba llevando a cabo sobre el asunto. En dicha misiva, denunciaron que se tardara "72 horas y 19 minutos en dar la primera información sobre el tema", no obedeciendo "al criterio de actualidad".

En tercer lugar, la preparación de la nueva Ley del Sector Audiovisual de Canarias, que afecta a la gestión de Radio Televisión Canaria, y que "hará posible la externalización de los servicios informativos, mientras el presidente Fernando Clavijo dice públicamente que la televisión pertenece al Gobierno". El líder autonómico caricaturizó la preocupación de los trabajadores y equiparó la externalización a “contratar un taxi” o a “un securita”.

Ya en su nacimiento denunciaron la existencia de un "mismo modus operandi" y, ahora, insisten en que actuaciones como las previamente mencionadas "se repiten producto del afán de control político de los partidos y de la avaricia de las empresas audiovisuales". "La coordinación de las políticas de externalización llega hasta el punto de que determinados artículos de las leyes y los organismos de radio y televisión autonómicos son literalmente copiados de una comunidad a otra", explican.

Con esta movilización, que pretende ser una "histórica jornada de huelga simultánea", desean poner el foco en las "malas prácticas de la Forta, la federación de televisiones autonómicas". Para ello, los distintos comités, que vienen manifestándose por separado, unirán sus fuerzas en una fecha que aún está por definir. Por el momento, se barajan el día de la Lotería de Navidad o el momento en el que salga adelante la tramitación parlamentaria de la nueva ley reguladora de la Radio Televisión Pública canaria, que consideran "lesiva". 

Por otro lado, "RTV’s Públicas en Lucha" también propone "iniciar una ronda de conversaciones con los grupos políticos del Congreso de los Diputados para exponer las preocupaciones compartidas": "Esta iniciativa llega pocos meses antes de la entrada en vigor del reglamento europeo de libertad de medios de comunicación. Esta normativa prevé la obligación de los gobiernos de garantizar la independencia editorial de los medios públicos. La aplicación en España de este reglamento se está realizando a muy baja velocidad y pasa por asignar la vigilancia en este ámbito a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)", detallan.

La plataforma recuerda que la manipulación informativa "también afecta a los medios privados": "Si los medios públicos son débiles ante el poder político, los medios privados lo son ante el poder económico", señalan. En este sentido, afirman que "los responsables de la gestión publicitaria de los medios privados interfieren con frecuencia en las decisiones sobre los contenidos informativos" y que "solo algunos medios digitales de nueva generación han empezado a tomar medidas contra este fenómeno".

"Todo ello indica que el problema es común y constituye una muestra de la falta de calidad de la democracia española", sentencian.