El fútbol inglés se prepara para introducir una condición que podría cambiar las cuentas de decenas de clubes: demostrar que disponen de dinero suficiente para sobrevivir a una crisis económica antes de obtener la licencia para competir. El nuevo regulador independiente del fútbol de Inglaterra (IFR) ha presentado una propuesta que obligaría a los equipos más vulnerables a mantener reservas de liquidez equivalentes a cinco meses de pérdidas operativas. En los casos más comprometidos, las cantidades podrían superar los diez millones de libras.
La medida forma parte de la consulta pública presentada el 10 de noviembre por el Independent Football Regulator, organismo creado para supervisar la estabilidad económica del fútbol profesional inglés. Su objetivo es reducir la exposición de los clubes a situaciones como la retirada repentina de financiación por parte de sus propietarios, una caída de ingresos o dificultades para afrontar pagos inmediatos. La propuesta permanecerá abierta a alegaciones hasta el próximo 18 de diciembre y contempla un periodo de adaptación que finalizaría en 2030.
El nuevo sistema afectaría a las cinco principales categorías del fútbol masculino inglés, desde la Premier League hasta la National League. Sin embargo, las obligaciones no serían idénticas para todos. El regulador pretende establecer exigencias proporcionales al riesgo financiero de cada entidad, en lugar de imponer una cantidad fija que podría resultar excesiva para algunos equipos e insuficiente para otros.
El cambio llega después de que el organismo publicara, en octubre, una radiografía de la situación económica del fútbol inglés que identificaba una elevada dependencia de las aportaciones de los propietarios. Ese diagnóstico ya ha dado paso a una propuesta concreta: los clubes deberán acreditar que pueden mantener su actividad incluso si desaparece una de sus principales fuentes de financiación.
Hasta cinco meses de pérdidas en reserva
El modelo planteado distingue diferentes niveles de riesgo entre los equipos de las cuatro categorías situadas por debajo de la Premier League. Todos ellos tendrían que contar, como mínimo, con activos líquidos equivalentes a una mensualidad de su masa salarial. A partir de esa base, las exigencias aumentarían para las entidades cuya situación económica presentara mayores vulnerabilidades.
Los clubes clasificados con un riesgo medio deberían disponer de un colchón adicional equivalente a dos meses de pérdidas operativas. Para los considerados de alto riesgo, la cobertura ascendería a cinco meses. De acuerdo con la información publicada por el diario económico City AM, los equipos con mayores pérdidas podrían verse obligados a acreditar reservas superiores a diez millones de libras, incluyendo la cobertura salarial exigida.
No todo ese dinero tendría que permanecer inmovilizado en una cuenta bancaria convencional. La propuesta permite utilizar diferentes instrumentos financieros, aunque establece condiciones sobre su disponibilidad. Al menos dos tercios de los activos exigidos tendrían que mantenerse en efectivo, deuda pública británica o estadounidense y fondos monetarios. El tercio restante podría incluir cantidades pendientes de cobrar por traspasos de futbolistas.
Esta última posibilidad resulta especialmente relevante para el funcionamiento del mercado. Los clubes suelen pactar pagos aplazados cuando venden jugadores, de manera que pueden tener ingresos comprometidos para temporadas posteriores sin haber recibido todavía el dinero. El regulador contempla reconocer parcialmente esos derechos de cobro, pero no equipararlos por completo al efectivo disponible.
La Premier League recibiría un tratamiento diferente. Sus equipos no tendrían un colchón mínimo uniforme fijado de antemano, sino que serían evaluados individualmente en función de su fortaleza económica, sus compromisos financieros y los riesgos detectados. El sistema pretende supervisar tanto a los grandes clubes como a aquellos cuya continuidad depende de aportaciones frecuentes de sus accionistas, aunque con obligaciones adaptadas a cada situación.
Tres años para adaptarse a las nuevas exigencias
El calendario también constituye una parte importante de la reforma. La primera evaluación del riesgo financiero de los clubes está prevista para 2027, mientras que la implantación progresiva de las reservas se desarrollaría durante los tres años siguientes. El objetivo es que las entidades puedan cumplir las exigencias correspondientes antes de 2030.
Durante ese periodo, la clasificación de riesgo de cada equipo podría modificarse si mejora o empeora su situación financiera. Por tanto, una entidad inicialmente obligada a conservar un colchón elevado podría ver reducidas sus exigencias si consigue disminuir sus pérdidas o reforzar su estabilidad económica.
El regulador también pretende introducir una vigilancia más continuada de la planificación financiera. A partir de mayo de 2028, los clubes con licencia provisional deberán presentar anualmente un plan económico que permita evaluar sus recursos y su capacidad para afrontar escenarios adversos. Esto incluye examinar la evolución prevista de sus ingresos, los compromisos de gasto y las medidas disponibles ante una crisis de liquidez.
El consejero delegado del organismo, Richard Monks, defendió al presentar la propuesta la necesidad de intervenir ante los riesgos detectados en las finanzas de los clubes. También destacó que el sistema sería proporcional al nivel de vulnerabilidad de cada entidad y que el periodo de adaptación permitiría estabilizar sus cuentas durante los próximos tres años.
Las consecuencias de incumplir las obligaciones tampoco se limitarían a una advertencia contable. El regulador dispondrá de competencias para imponer condiciones adicionales a las licencias de los clubes que no acrediten una planificación financiera adecuada, entre ellas mayores exigencias de liquidez, medidas de reducción de deuda o restricciones generales del gasto.
La reforma no establece que un equipo vaya a perder automáticamente su plaza por quedarse por debajo de una cantidad determinada. El organismo deberá valorar las circunstancias de cada entidad y aplicar los mecanismos previstos en el sistema de licencias. Su intención es intervenir antes de que los problemas de tesorería amenacen la continuidad de un club.
Con este modelo, Inglaterra busca introducir una protección económica que hasta ahora no existía con el mismo alcance dentro de su estructura profesional. La capacidad de afrontar salarios, obligaciones inmediatas y periodos sin financiación externa pasaría a ocupar un lugar central en la supervisión de los equipos. La consulta abierta determinará los detalles definitivos de unas obligaciones que podrían modificar la gestión económica de buena parte del fútbol inglés durante los próximos años.
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