La otra clasificación del deporte español: quién recibe los 101 millones que reparte el Gobierno

Más licencias no es garantía de una mayor cuantía. El baloncesto, que contabilizó 440.427 deportistas federados en 2024, no tiene asignados 3,55 millones de euros en el nuevo sistema de financiación desarrollado por el Consejo Superior de Deportes (CSD). El atletismo, con 89.522 licencias en ese mismo ejercicio, percibirá 6,38 millones. Una disciplina con casi cinco veces menos federados obtiene así una subvención cerca de un 80% superior. La diferencia responde a un modelo que no distribuye los recursos proporcionalmente al número de licencias expedidas, sino que tiene en cuenta los resultados internacionales, la relevancia olímpica y las necesidades organizativas de cada federación.

Esta es una de las conclusiones extraídas del análisis del Real Decreto 637/2026, publicado el pasado 30 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La normativa establece un reparto de 101.275.100 euros entre 64 federaciones deportivas y los comités Olímpico y Paralímpico, canalizado a través de un sistema de concesión directa con el que el Gobierno pretende dotar de una mayor estabilidad económica a estas entidades que conforman el tejido deportivo del país.

El contraste entre subvenciones aprobadas y la estadística oficial arroja diferencias considerables. El golf, por ejemplo, que suma 305.603 licencias en 2024, tiene asignados 943.787 euros. La natación, con 70.146, se embolsará un montante que supera los 6 millones de euros. El tenis contabilizó 96.413 licencias en dicho ejercicio y dispondrá de una espaldarazo de 2,84 millones. Es decir, que el tamaño de cada deporte no determina por sí sólo cuánto dinero le corresponde, aunque tampoco basta para explicar las necesidades de financiación de sus respectivas federaciones. La comparativa sí permite examinar qué criterios utiliza el Estado para la distribución de los fondos y hasta qué punto las organizaciones deportivas dependen de dichas partidas públicas para sostener su actividad.

Más licencias no es más financiación

Llegados a este punto huelga señalar que un deporte como el baloncesto figura entre las disciplinas con mayor número de federados en España, sólo por detrás del fútbol. Sus 440.427 fichas en 2024 contrastan con las 89.522 del atletismo. Esta diferencia varía al observar las asignaciones previstas para 2026. La Federación Española de Baloncesto percibirá una cuantía de 3.551.573 euros, mientras que la Real Federación Española de Atletismo se embolsará 6.384.953.

En reparto tampoco se limita a la implantación social de cada disciplina. En virtud del real decreto, entre los criterios sobre los que se apoya, figuran los resultados obtenidos en competiciones internacionales, la presencia en los programas olímpico y paralímpico, la dimensión de estructuras federativas y las necesidades de preparación deportiva. También se tienen en cuenta las licencias, la profesionalización, el impacto social y mediático; además de determinadas particularidades de la modalidad en cuestión.

Una federación con un número menor de deportistas inscritos puede, por lo tanto, percibir más recursos del Estado si debe desarrollar programas de alto rendimiento, mantener selecciones nacionales o afrontar obligaciones internacionales que el modelo estima prioritarias. En este sentido, la natación es paradigmática. Con 70.146 licencias en 2024, su federación tiene asignados 6.023.028 euros. Dicho de otro modo, es la segunda cantidad más elevada del nuevo sistema de reparto. Es obligatorio señalar que se trata de una modalidad que aglutina diversas especialidades y asume tareas vinculadas a la preparación internacional, la tecnificación y la organización de competiciones. El piragüismo se lleva el bronce en esta particular clasificación, con 5,68 millones de euros, en el marco de un sistema que acentúa el deporte olímpico.

Así, las diferencias no exponen por sí mismas un reparto arbitrario. Las cifras permiten identificar las prioridades presupuestarias, pero para determinar si cada asignación está justificada o no es crucial sumergirse en los programas, las obligaciones y la aplicación concreta de los criterios establecidos por el CSD.

El atletismo y el impacto presupuestario de la subvención

El examen de las cuentas de la Real Federación Española de Atletismo permite conocer el peso de la financiación estatal en una de las principales beneficiarias del nuevo sistema de reparto. Según la liquidación incluida en sus cuentas de 2024, el organismo registró 17,42 millones de euros de ingresos, de los cuáles 7,89 millones procedían de las subvenciones estatales. Una aportación que, en términos porcentuales, se sitúa en el 45,3% del total. Las licencias federativas generaron 3,04 millones de euros y la publicidad y los patrocinios aportaron otros 2,55 millones. Las ayudas superaron, por tanto, los ingresos obtenidos por esas dos vías juntas. La entidad también recibió recursos de otras administraciones y organismos, por lo que huelga decir que ese porcentaje no representa todo el peso de la financiación pública en sus cuentas, sino exclusivamente la proporción atribuida al CSD.

El informe de auditoría de 2024, elaborado por PKF Attest por encargo del propio Consejo Superior de Deportes, alberga una opinión con salvedades. El estudio señala que la federación mantuvo contabilizadas como deuda a largo plazo pólizas de crédito por valor de 1,2 millones de euros, cuyo vencimiento correspondía al corto plazo. Asimismo, se identificaron ajustes pendientes en el registro de una subvención de 794.200 euros y en la clasificación contable de otra ayuda de superior a los 200.000 euros. La empresa auditora especifica que las correcciones descritas no alterarían el resultado del ejercicio. Las observaciones afectan a la presentación de determinadas partidas contables y no permiten concluir, por sí solas, la existencia de un uso indebido de fondos.

Cabe distinguir, por otro lado, los periodos analizados. Las cuentas corresponden a 2024, mientras que los 6,38 millones de euros del nuevo decreto suponen una asignación para los presupuestos de 2026. La documentación analizada permite conocer cómo se financiaba el atletismo español en dicho ejercicio, pero no vaticinar cuál será su dependencia económica al cierre del balance actual.

El peso de las subvenciones tampoco constituye una anomalía. Las federaciones implementan funciones públicas y programas de preparación, competición y formación que no necesariamente pueden sostenerse con ingresos comerciales. La cuestión es qué parte de dichos recursos llega a la actividad deportiva y cuánto se destina al funcionamiento de las estructuras federativas.

El fútbol, ausente del reparto

Más allá de la distinción anterior, una de las particularidades del decreto es la exclusión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) entre las entidades beneficiarias. El ente federativo concentra – con diferencia – el mayor número de licencias del país, pero no figura en el listado de las 64 federaciones receptoras. En su documentación de transparencia, la propia RFEF explica que no participa de las subvenciones ordinarias del CSD, pero no implica que el fútbol carezca de otras vías de financiación pública.

Es más, la entidad identifica en sus cuentas otros mecanismos de ingresos relacionados con fondos procedentes de las quinielas y ayudas enfocadas a programas o deportistas. Su ausencia en el decreto no equivale a una exclusión de cualquier aportación pública. El montante total de la subvención tampoco representa todo el dinero estatal canalizado al deporte español, pues la norma regula ayudas concretas, al margen de otras, inversiones en instalaciones, programas extraordinarios y aportaciones de administraciones autonómicas y locales. Lo que sí refleja este caso son las limitaciones de comparar federaciones con modelos económicos diferentes. No todas tienen la misma capacidad propia para obtener ingresos comerciales ni disponen de idénticos mecanismos de financiación.

Foco en el rendimiento internacional

El grueso del reparto lo protagonizan las federaciones olímpicas y paralímpicas, que son receptoras conjuntamente de un total de 87,18 millones de euros. Fuera del paraguas del olimpismo cuyas modalidades forman parte del catálogo subvencionable dispone de otros 6,67 millones. Además, el decreto reserva 3,5 millones al Comité Olímpico Español y 1,5 al Paralímpico. También contempla una dotación específica de 2,3 millones para el programa Mujer y Deporte, integrado en las asignaciones federativas.

Esta última partida combina dos procedimientos. Un total de 1,8 millones se distribuye mediante la valoración técnica de los programas de las federaciones, mientras que los 500.000 euros restantes se asignan atendiendo al volumen de licencias femeninas y a los avances en materia de reducción de la brecha de género. La medida, en tal caso, incorpora la participación femenina a los criterios de financiación de un sistema deportivo en el que las mujeres siguen representando una cuarta parte – aproximadamente – de las licencias federativas, según los datos correspondientes al 2024.

El modelo contempla asimismo actuaciones relacionadas con la tecnificación, el deporte en edad escolar, la discapacidad y determinadas instalaciones de alto rendimiento. Sin embargo, la mayor parte de los recursos se concentra en las actividades vinculadas al deporte olímpico y paralímpico, una prioridad que el Gobierno relaciona con las obligaciones de preparación y representación internacional de las federaciones.

Rendición de cuentas

El nuevo sistema modifica a su vez la gestión de las ayudas. El decreto establece que las subvenciones se abonen anticipadamente por el importe total concedido, una vez dictada la resolución correspondiente y dados por cumplidos los requisitos previstos. El Gobierno defiende dicha fórmula como una manera de facilitar la planificación de los calendarios deportivos y reducir las dificultades administrativas que pudieran afectar a la rutina de las federaciones.

En cualquier caso, el pago anticipado no elimina las obligaciones de control. Los organismos deberán justificar los gastos realizados a través de una memoria económica y de actividad. El CSD tendrá plenos poderes para comprobar la aplicación de las ayudas y exigir su reintegro en el caso de que se vulneren las condiciones establecidas. En este punto, la secretaría de Estado ofrece unos márgenes de coexistencia con otros ingresos tantos públicos o privados, siempre y cuando no se supere el coste de las actividades subvencionadas.