Sánchez estrena los ‘martes sociales’ con una batería de ayudas, pensiones y avances

El Gobierno va a centrar el primer ‘martes social’ en la educación y las pensiones. La huelga de docentes y estudiantes de todos los niveles de Madrid, que vive su segunda semana de paros y concentraciones, brinda a Pedro Sánchez la ocasión perfecta para estrenar su oleada de Consejo de Ministros con avances sociales centrándose en esta materia. Al tiempo, también incluirá en el Consejo de Ministros la subida de las pensiones de los huérfanos por violencia machista, dos nuevos supuestos de incapacidad temporal y la eliminación del límite de edad de la prestación que perciben padres de hijos gravemente enfermos. El presidente pretende cumplir con su promesa de “seguir gobernando” hasta las elecciones generales del 29 noviembre, y lo hará desde este mismo martes.

En su reunión semanal, el Ejecutivo aprobará, según fuentes de Moncloa, un plan para impulsar las residencias universitarias, dotado con 45 millones de euros. Esta ayuda a los alumnos del nivel superior se reforzará con el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, que introducirá el derecho a la atención psicológica en los campus, medidas para mejorar la conciliación del estudio con el empleo, y ayudas a alumnos con dificultades de aprendizaje.

Sánchez firma un decreto de educación en plena huelga

Sánchez ha escenificado su apoyo al sector educativo este lunes, un día antes de presidir el Consejo de Ministros que aprobará estos dos reales decretos. El líder del Gobierno ha estado presente en la firma del Estatuto junto a representantes de los alumnos, de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE); y de los rectores, representados por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

La imagen de Sánchez mostrando el decreto junto a los estudiantes ha contrastado con los piquetes y movilizaciones que se han dado por todo Madrid durante este lunes. Los profesores y estudiantes de los niveles inferiores de educación -Infantil, Primaria y Secundaria- mantienen su lucha contra el Gobierno regional del PP, que preside Isabel Díaz Ayuso, y en especial contra la consejera del ramo, Mercedes Zarzalejo, que advirtió la semana pasada de que no se sentará a negociar con los impulsores de la huelga.

Los docentes y alumnos universitarios se sumaron a la protesta al arrancar la semana pasada. Esto provocó manifestaciones como las que tuvieron lugar en Ciudad Universitaria, en las que la Policía Nacional cargó con brutalidad contra un grupo de estudiantes, causando heridas a siete personas.

¿Qué incluye el nuevo Estatuto de Estudiantes?

“El objetivo del estatuto es que ninguna circunstancia personal, familiar o económica suponga que nadie pueda llegar tan lejos como su esfuerzo y su talento lo permitan”, ha subrayado Sánchez. La norma surge del consenso de las asociaciones con el Ministerio de Universidades, pero ha sido el presidente el que ha estampado en ella su firma, al no haber podido acudir al acto su titular, Diana Morant.

El Consejo de Estado ha lanzado su informe sobre la norma a tiempo para que el Gobierno lo pueda aprobar antes de las elecciones, y el contexto de movilizaciones brinda la oportunidad perfecta para convertir su aprobación, este mismo martes, en un potente mensaje electoral.

El segundo Estatuto del Estudiantado Universitario aprobado en democracia corrige el anterior, de 2010, en lo que se refiere a la adaptación educativa a las “necesidades de los estudiantes con discapacidad”. Esto dejaba fuera a los alumnos con trastornos del aprendizaje, a los que se deberán adaptar también las pruebas de evaluación, como ya ocurre en la enseñanza obligatoria y la Prueba de Acceso a la Universidad.

El texto incorpora también el derecho de los estudiantes a contar con “orientación y atención psicológica y de salud mental” en los campus, ante el incremento de las patologías psiquiátricas entre los jóvenes. También el derecho a “un diseño de las actividades académicas y universitarias que facilite la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar”. Para hacerlo efectivo, el Gobierno insta a las universidades a “elaborar planes generales de conciliación con la participación de la comunidad universitaria” en los próximos meses.

45 millones para residencias universitarias

Además del Estatuto, el Consejo de Ministros aprobará también un nuevo plan para impulsar residencias universitarias. Desde Moncloa informan de que serán siete proyectos que echarán a andar “a corto plazo”, y que estarán cofinanciados con 45 millones de euros. El primero de ellos, incluirá la creación de 2.000 nuevas plazas en las universidades públicas de toda España.

El presidente ha ampliado en el acto con los estudiantes que el objetivo es cofinanciar plazas en pisos compartidos para universitarios con zonas comunes. “Porque la universidad no es inmune al problema de la vivienda. Y cuando un estudiante no puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, la universidad deja de ser motor de prosperidad y de igualdad de oportunidades”, dicen desde el Gobierno.

Pensiones e incapacidad temporal para colectivos vulnerables

Sumándose a las medidas en clave social, el Ejecutivo de coalición también plantea varios cambios legislativos de calado en materia de pensiones, sobre las que piensa subir la cuantía de aquellas que perciben los huérfanos por violencia de género con el objetivo de “ampliar la protección económica de los menores y personas vulnerables afectadas”. Una medida que irá dirigida a aquellos huérfanos que, en el momento del feminicidio, tuvieran menos de 21 años y, a su vez, que se encuentren en situación similar a “la orfandad absoluta” y queden al cargo de “terceros o familiares”. En cuanto al importe de la pensión, según el Gobierno, será “el equivalente al doble del SMI mensual vigente”, el cual se encuentra en 1.221 euros brutos en 14 pagas. 

En segundo lugar, se aprobarán dos nuevos supuestos de incapacidad temporal recogidos en el artículo 169.1 de la Ley General de la Seguridad Social con el fin de “dar respuesta a realidades sanitarias que inciden de forma significativa en la capacidad laboral, integrando la perspectiva de género y reforzando la protección de situaciones de especial vulnerabilidad”. En caso de violencia machista, será para situaciones en las que la mujer presente “lesiones” causadas por su agresor y mientras reciba “asistencia sanitaria y esté impedida para el trabajo”, siempre y cuando existan documentos que den constancia de su realidad. Asimismo, en situaciones de menopausia secundaria, se brindará a mujeres “con patología limitante por trastorno menopáusico secundario” siempre que reciban asistencia médica y éste impedida para trabajar. 

Como tercer punto en esta materia, el Gobierno dará luz verde a la eliminación del límite de edad para recibir prestación por cuidado de hijos con enfermedades graves o cáncer a través de una modificación en la Ley de Seguridad Social. En las dos legislaturas de Sánchez, se han ampliado los beneficios, pudiendo reclamar la ayuda hasta que los hijos cumplan 23 años y siempre que el diagnóstico llegase cuando eran menores de edad, así como permitir extenderlo a los 26 años si se acredita una discapacidad. A partir de este punto, se eliminará este tope en la edad siempre y cuando se acredite una discapacidad igual o mayor del 65% o con el III grado de dependencia.

Arrancan los ‘martes sociales’

Con esto, Sánchez firmará el primero de los ‘martes sociales’ que aventuran desde Moncloa, en el que se aprobará también, según El País, un paquete de subidas de prestaciones sociales a diferentes colectivos. Para las próximas semanas, se terminan ya de confeccionar otras medidas más simbólicas, como una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la actualización anual de las pensiones con el índice de precios al consumo (IPC), o un posible indulto al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El objetivo es que, de aquí a las elecciones, se apruebe un decreto social de calado cada martes, para contrarrestar el mensaje electoral de Alberto Núñez Feijóo y sus “sacrificios”. La campaña del candidato del PP ha tomado la senda de aventurar recortes en pensiones y prestaciones si llega a liderar el Gobierno, además de una guerra contra el pretendido problema del absentismo laboral. Esto pone en bandeja al PSOE utilizar cada decreto que se apruebe de aquí a finales de año para contraponer este modelo con el suyo.

Este martes, el Ministerio de Seguridad Social aprobará un Real Decreto-ley con mejoras de derechos y condiciones para diferentes subsidios. Esta vía legislativa implica que el Ejecutivo los tendrá que llevar antes de 30 días al Congreso, donde al igual que ocurre con los decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros después de la convocatoria electoral, se espera que los apruebe la Diputación Permanente.