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Aleksander Ceferin había anunciado que se marcharía. Ahora ha decidido quedarse. El presidente de la UEFA ha aceptado la petición de las 55 federaciones nacionales europeas para presentarse a un último mandato, una decisión que llega en uno de los momentos más delicados de la relación entre el organismo continental y la FIFA de Gianni Infantino. El cambio de planes no supone, por sí mismo, una candidatura alternativa a la presidencia del fútbol mundial, pero sí garantiza que Ceferin seguirá al frente de la principal estructura institucional que reclama reformas en la organización dirigida por el suizo.
El anuncio se produjo el jueves en Berlín, durante una reunión con los presidentes y secretarios generales de las federaciones europeas. Ceferin confirmó que concurrirá a las elecciones de la UEFA previstas para el 22 de abril de 2027 en Astaná, Kazajistán. En agosto había descartado continuar y también había cerrado la puerta a competir contra Infantino por la presidencia de la FIFA, cuya elección está prevista para marzo del próximo año. La nueva decisión cambia el escenario: el dirigente esloveno seguirá teniendo capacidad para liderar la respuesta europea a la crisis de gobernanza del fútbol mundial.
La disputa va mucho más allá de la relación entre dos dirigentes. El conflicto enfrenta dos maneras de entender quién debe controlar las decisiones estratégicas y comerciales del fútbol, qué papel deben desempeñar las federaciones y hasta dónde pueden llegar los planes de expansión económica de los organismos que gobiernan el deporte.
El negocio que abrió la grieta entre UEFA y FIFA
El detonante fue el proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa con la que Infantino pretendía agrupar derechos comerciales y operaciones vinculadas a las competiciones del organismo, incluido el Mundial, en una nueva sociedad abierta a la inversión privada. La propuesta contemplaba vender una participación minoritaria de hasta el 20%, con una captación de capital que podía alcanzar los 4.200 millones de dólares.
Infantino defendió la iniciativa como una oportunidad para aumentar los ingresos comerciales de la FIFA y destinar más recursos al desarrollo del fútbol en sus 211 federaciones miembro. Según su planteamiento, una mayor explotación del valor comercial de las competiciones permitiría incrementar la financiación para infraestructuras, selecciones nacionales, fútbol base y fútbol femenino. La dirección de la FIFA sostuvo que el proyecto debía someterse a un proceso de consulta y aprobación institucional.
La UEFA, sin embargo, consideró que una operación de esa magnitud no podía avanzar sin una consulta real a las partes afectadas y sin garantías suficientes sobre el control futuro de los principales activos comerciales del fútbol. El organismo europeo advirtió de los riesgos de introducir inversores cuyo objetivo principal sería obtener rentabilidad y sostuvo que las decisiones sobre calendarios y competiciones no podían quedar subordinadas a esos intereses. La oposición se extendió a las 55 federaciones nacionales europeas y contribuyó a que la FIFA abandonara el proyecto a finales de julio.
El enfrentamiento no terminó con la retirada de la propuesta. La UEFA ha mantenido que el problema también afecta a la transparencia, los mecanismos de consulta y la concentración de poder en la dirección de la FIFA. A finales de septiembre, Ceferin volvió a cuestionar públicamente la gestión del proyecto y afirmó que la confianza dañada no se había recuperado. Infantino, por su parte, planteó una revisión independiente de los procedimientos de toma de decisiones y nuevas consultas con las confederaciones y federaciones, una respuesta que no ha satisfecho a todos sus críticos.
Una oposición amplia, pero no necesariamente uniforme
La continuidad de Ceferin ofrece estabilidad a la posición europea, aunque no debe interpretarse como una alianza con intereses idénticos en todos los asuntos. Las federaciones nacionales, las grandes ligas y los clubes pueden coincidir en reclamar más transparencia a la FIFA y discrepar, al mismo tiempo, sobre el reparto de ingresos, el calendario internacional o la ampliación de las competiciones.
Las principales ligas europeas han reclamado mecanismos de control más sólidos, una mayor participación de los actores afectados y una separación más clara entre las funciones regulatorias y comerciales de la FIFA. La Premier League, la Bundesliga, la Serie A y LaLiga defendieron en septiembre una reforma institucional que permitiera a clubes, jugadores, ligas y federaciones intervenir de manera más efectiva en las decisiones que afectan al conjunto del fútbol.
En España, la posición de LaLiga forma parte de ese debate, pero no debe confundirse automáticamente con todas las prioridades de la Real Federación Española de Fútbol. Las federaciones nacionales tienen representación directa en las estructuras de la FIFA y la UEFA, mientras que las ligas y los clubes defienden intereses relacionados con sus calendarios, competiciones y derechos comerciales. La coincidencia en exigir controles no elimina esas diferencias.
La cuestión es especialmente relevante ante la expansión del calendario internacional y los cambios en el formato de las competiciones. Los organismos deben negociar cómo se distribuyen los ingresos y quién asume los costes deportivos de cada nueva iniciativa. Para las grandes ligas, la preocupación incluye el espacio que ocupan los torneos de selecciones y las competiciones internacionales de clubes; para las federaciones, también pesa la financiación del fútbol nacional y de las categorías de formación.
Infantino conserva el poder, pero la crisis sigue abierta
La contestación europea no garantiza un cambio en la presidencia de la FIFA. Infantino mantiene apoyos dentro del organismo y ha manifestado su intención de presentarse a la reelección en marzo de 2027. El exdefensa suizo Ramon Vega ha anunciado que pretende desafiarlo, aunque la existencia de una candidatura alternativa no implica que el actual presidente vaya a perder el respaldo necesario.
El problema para la FIFA es que la retirada de FIFA Forward Enterprise no ha cerrado la discusión sobre la forma en que se toman las decisiones. Las críticas se han desplazado desde una operación comercial concreta hacia la necesidad de establecer límites, procedimientos de consulta y controles que eviten que iniciativas de gran alcance puedan avanzar sin suficiente participación de quienes deben asumir sus consecuencias.
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