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La crisis de la Federación de Fútbol de Yibuti alcanzó este lunes un punto extraordinario. Un grupo de clubes convocó una asamblea general extraordinaria para destituir a Souleiman Waberi, presidente de la federación, miembro del Consejo de FIFA y del Comité Ejecutivo de la CAF. La reunión se produjo después de semanas de enfrentamiento interno y mientras la policía investigaba al dirigente y a otros responsables por presuntos delitos de malversación y blanqueo de capitales. Waberi niega haber cometido irregularidades.
La disputa tiene dos versiones enfrentadas. La Federación sostiene que la asamblea fue ilegal, porque no se respetaron los procedimientos previstos en sus estatutos y porque los convocantes no tenían legitimidad suficiente para hacerlo. Los clubes y las autoridades del país sostienen lo contrario. La agencia estatal de Yibuti asegura que estuvieron presentes 39 delegados, que se alcanzó el quórum de dos tercios y que la destitución de Waberi y de todo su comité ejecutivo fue aprobada por unanimidad. Después se creó un comité ad hoc para dirigir la transición.
El problema es que, mientras sobre el terreno los clubes han dado por terminado el mandato de Waberi, FIFA y CAF siguen reconociéndole como presidente de la federación. A día de hoy, las páginas oficiales de ambas organizaciones mantienen a Waberi como máximo responsable de la FDF y también como miembro del Ejecutivo de la CAF.
Una federación con dinero de FIFA en el centro del conflicto
Yibuti no es una potencia futbolística. Su selección ocupa actualmente el puesto 196 del ranking FIFA, pero eso no significa que el país sea irrelevante para el organismo. Como cualquier federación miembro, recibe financiación internacional destinada a desarrollar el fútbol local. El programa FIFA Forward ha comprometido actualmente más de 7,2 millones de dólares en proyectos en Yibuti, principalmente para infraestructuras, además de inversiones en formación, competiciones y apoyo a las selecciones.
La cuestión es especialmente sensible porque parte de esos fondos está ahora en el centro de las acusaciones. Según la investigación publicada, una inspección gubernamental realizada en 2024 detectó irregularidades administrativas y financieras, incluidas anomalías en contrataciones, gestión de efectivo, controles financieros y pagos a terceros. Las autoridades señalaron además un supuesto uso irregular de casi 500.000 libras. La investigación policial posterior terminó recientemente y Waberi podría enfrentarse a acciones judiciales.
Es importante distinguir, sin embargo, entre una investigación y una condena. Waberi ha rechazado las acusaciones y ha defendido que los mecanismos de control de FIFA no habían encontrado indicios de irregularidades en el uso de los fondos que el organismo había entregado a la federación.
La regla que FIFA no quiere que ningún Gobierno toque
FIFA tiene una obsesión histórica con una cuestión: la independencia de las federaciones nacionales. Sus estatutos establecen que las asociaciones miembro deben ser independientes y evitar cualquier forma de interferencia política. También deben garantizar que sus órganos funcionen de acuerdo con principios de buena gobernanza. FIFA dispone de mecanismos disciplinarios para sancionar a las federaciones que incumplan esas obligaciones.
Por eso el episodio de Yibuti resulta tan incómodo. La policía entró en las instalaciones de la federación, desalojó a Waberi y a miembros de su comité y permitió que los clubes celebrasen una asamblea destinada a sustituirles. La propia FDF ha solicitado la intervención de FIFA y CAF, argumentando que se trata de una interferencia estatal en sus asuntos internos y advirtiendo de que podría acabar provocando la suspensión internacional del país.
Las consecuencias potenciales son enormes para un país tan pequeño. Una suspensión de FIFA puede impedir a la federación participar en competiciones internacionales y congelar los fondos de desarrollo. La propia documentación de la AFC sobre interferencia gubernamental, elaborada siguiendo los principios de FIFA, contempla precisamente esos efectos: mediación, posible comité de normalización y, si el conflicto no se resuelve, suspensión.
¿Y si el Estado interviene para investigar un posible delito?
La contradicción aparece cuando se cambia una palabra: corrupción. FIFA quiere que los Gobiernos no controlen las federaciones porque teme que las utilicen con fines políticos. Pero las autoridades nacionales siguen teniendo competencias sobre posibles delitos económicos cometidos dentro de su territorio. Y si una investigación policial detecta indicios de malversación o blanqueo, resulta difícil sostener que el fútbol deba permanecer completamente al margen de la justicia ordinaria.
El caso de Yibuti lleva esa tensión hasta el límite porque la misma intervención estatal puede interpretarse de dos maneras. Desde una perspectiva, la policía está entrando en una organización deportiva que debe ser autónoma. Desde otra, está investigando unas posibles irregularidades que no dejan de ser cuestiones legales por producirse dentro de una federación.
Y FIFA debe encontrar una respuesta que no convierta ninguna de las dos posiciones en un cheque en blanco. Una federación no puede quedar blindada frente a la ley por pertenecer a FIFA, pero tampoco un Gobierno debería poder utilizar una investigación administrativa o policial como vía para hacerse con el control de una federación.
El poder de Waberi también explica la dimensión del conflicto
No se trata además de un dirigente local cualquiera. Waberi ocupa dos posiciones relevantes en el fútbol internacional: forma parte del Consejo de FIFA y del Comité Ejecutivo de la CAF. FIFA todavía lo identifica oficialmente como presidente de la Federación de Yibuti, mientras CAF también continúa incluyéndolo entre sus responsables.
Eso añade una dimensión política al conflicto interno de la FDF. Su permanencia en esos órganos le sitúa dentro del sistema de poder del fútbol africano e internacional, mientras en su propio país una parte importante de los clubes intenta apartarlo.
La pugna, por tanto, no es únicamente por quién dirige la Federación de Yibuti. Es también una disputa sobre quién tiene autoridad para decir quién dirige una federación reconocida por FIFA: los clubes y los estatutos nacionales, el Gobierno del país, la propia FIFA o la CAF.
