Sumar ha registrado un nuevo borrador de la enmienda a la Ley de Función Pública en el Congreso de los Diputados. En ella, la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto que la jornada laboral de trabajo de los funcionarios no supere las 35 horas semanales. Esta iniciativa se presenta cuando aún se continúa a la espera de que la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en todas las empresas del país sea aprobada por el Consejo de Ministros en segunda vuelta.
La nueva enmienda está recogida dentro de una batería de más de un centenar de reformas a la Ley de Función Pública. En el borrador de la enmienda 89 se recoge que “la jornada general de trabajo de la Administración del Estado no superará las 35 horas semanales y será fijada por el departamento ministerial competente en materia de función pública, previa negociación con las organizaciones sindicales presentes en las mesas de negociación, en el marco de lo dispuesto por la normativa básica”.
Sumar ha defendido que la reducción de la jornada para los empleados del sector público es una medida que ya incluía el Acuerdo Marco para una administración del siglo XXI que fue aprobado en 2022 y establecía la recuperación de la jornada de 35 horas semanales. “Por ello y porque así está comprometido se debe garantizar la jornada general ordinaria de 35 horas en esta ley”, justifica el texto registrado en sede parlamentaria.
Alrededor de 530.000 empleados públicos se beneficiarán de esta medida, aunque hasta el mes de junio no se prevé que salga adelante. Este es un derecho que desde hace años llevan reclamando las organizaciones sindicalistas, por tanto, se espera que aporten su visto bueno en el momento de la negociación.
La semana pasada la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya denunciaba que las enmiendas presentadas por el PSOE a la Ley de Función Pública olvidaban, “cuestiones fundamentales como la regulación de la jornada de las 35 horas”. Desde el sindicato ya han avanzado que solicitarán que la medida se extienda también a otros ámbitos como son la sanidad o la educación.
El texto también pide que la ordenación del tiempo de trabajo de estos empleados se articule “a través de las instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal, previa negociación colectiva, que dictará el departamento ministerial competente en materia de función pública y se aplicará a través de los calendarios laborales”. “Los calendarios laborales serán públicos a fin de asegurar su general conocimiento tanto por parte del personal y de su representación sindical, como de la ciudadanía interesada”.
Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo en la actualidad la jornada de los empleados de la administración pública ya se sitúa cerca de las 35 horas. Buena parte de los empleados públicos autonómicos y municipales ya cuentan con una jornada de estas características.
Posibles cambios en la edad de jubilación
Otro punto de confrontación es el de la edad de jubilación forzosa que se impone a los funcionarios. Desde el partido de Sánchez se apostaba por ampliar la edad en dos años situándola en los 72. Esta propuesta fue rechazada por CCOO y por UGT. Desde Sumar defienden también en otra de las enmiendas presentadas que la jubilación del personal de la administración pueda ser parcial en caso de que así lo quieran los trabajadores. También proponen que los funcionarios pueden solicitar la jubilación con una antelación de 3 meses y un máximo de 4 a la fecha prevista.