Sharon y su pareja iban a ser desahuciados este jueves junto con sus dos hijos. Tan solo diez días después de parir y con otra criatura de tres años a cargo, la vecina de 28 años enfrentaba su segunda orden de desalojo. La calle del Tragí, ubicada en el casco antiguo de Barcelona, iba a ser testigo de la expulsión de una familia a la calle, pero finalmente ha contemplado como la organización de los vecinos en torno a los sindicatos de la vivienda ha frenado las pretensiones del especulador y ha salvado cuatro vidas.
Sin alternativa habitacional y a manos de un gran propietario que amasa 14 viviendas en la ciudad condal, la mañana amenazaba con dar el golpe definitivo a la familia, que sufre la precariedad y la extrema vulnerabilidad desde hace tiempo. Ni la denuncia presentada ante el defensor del pueblo catalán, ni su extrema vulnerabilidad acreditada, ni la supuesta suspensión de los desahucios, ni la ley de vivienda de Cataluña. Nada ni nadie ha protegido a esta familia en una situación de precariedad y exclusión total, por lo menos no dentro del sistema. Al margen de la inoperante administración, los sindicatos de la vivienda, Resistim al Gòtic y el Sindicat Habitatge Casc Antic, han resisitido junto a dos padres jóvenes y sus dos hijos menores con sus cuerpos y conciencia de clase como únicas armas.
🔵 DESNONAMENT ATURAT!
— Sindicat Habitatge Casc Antic (@CascAntic_SHSC) July 4, 2024
Gràcies a la força de la classe treballadora organizada al Sindicat i a @resistimalgotic hem aturat el desnonament de Sharon i la seva família.
Seguim lluitant, cada dia i a tot arreu, per un habitatge universal, gratuït i de qualitat. pic.twitter.com/9g7d3reFBN
"Gracias a la fuerza de la clase trabajadora organizada en el Sindicat Habitatge Casc Antic y Resistim al Gòtic hemos detenido el desahucio de Sharon y su familia. Seguimos luchando, cada día y en todas partes, por una vivienda universal, gratuita y de calidad", han celebrado desde ambos colectivos.
Contra un gran propietario
Poco le importaba al multipropietario que la familia fuese estafada por la anterior inquilina del inmueble, que se hizo pasar por la dueña del inmueble y ofreció a Sharon un alquiler a cambio del mes en curso y otro de fianza. Dos semanas después, a la puerta llamaban las malas noticias. La impostora acumulaba una deuda de 12.000 euros con el gran tenedor, que ahora le reclama la cantidad a las víctimas de la estafa a las que quiere expulsar para seguir especulando con la vivienda.
El dueño del inmueble, con un expediente sancionador abierto por incumplir la obligación de ofrecer un alquiler social establecida en la normativa catalana, ha decidido ignorar la petición de Sharon de abonarle un alquiler. El juez, que ha levantado la suspensión del desahucio alegando que la familia no puede acogerse a la moratoria, no ha atendido a los varios informes que prueban la vulnerabilidad de la familia. No obstante, la lucha vecinal ha evitado que una familia con dos menores, uno de ellos recién nacido, duerma esta noche en la calle.
Tres días después de que dos hermanas de Barcelona se suicidasen horas antes de ser desahuciadas, otra familia ha enfrentado un desahucio, uno más entre las decenas que se producen diariamente. “Esto es una guerra que la clase trabajadora solo puede ganar organizada”, sentencian desde el Sindicat Habitatge Raval, “lucharemos hasta el final”, añaden sus homólogos del Casc Antic.
Un año de calvario
Hace un año, Sharon llegaba a L’Hospitalet de Llobregat con su pareja, migrante en trámites de regularización de su situación, y su hijo mayor y se trasladó a la capital catalana, ya embarazada, tras recibir una oferta habitacional más asequible para su situación. Sin otra opción y a toda prisa pusieron rumbo a Barcelona, donde fueron estafados. Pese a no ser responsable del impago y haber sido víctima de un engaño, la madre ocurrió al juicio para evitar consecuencias penales. En aquel momento, el juez acreditó la vulnerabilidad y paralizó el primer intento de desahucio.
Sin embargo, el propietario decidió recurrir la decisión y el magistrado cambió su decisión, aludiendo que la familia no podía acogerse a la moratoria de desahucios por haber accedido al inmueble después de que esta entrase en vigor (diciembre de 2020). El juez no atendió a ley catalana que establece la obligatoriedad de que los grandes tenedores oferten un alquiler social a inquilinos que puedan acreditar su vulnerabilidad ni al informe médico de Sharon, que establece 40 día de reposo tras su embarazo. Tampoco el propietario a la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona, que ofreció al dueño un contrato y que el inmueble se incluyese en la bolsa municipal.
