UGT tiene intención de reunirse con los partidos políticos para trasladarles sus propuestas sobre vivienda, entre las que se encuentra aumentar el gasto público en esta materia hasta alcanzar el 1,5 % del PIB, priorizando la vivienda pública.
El sindicado propone, además, la constitución de parques públicos de alquiler social en las diferentes comunidades autónomas y entes locales, gestionados con instrumentos públicos, para que España se acerque en alquiler a cifras de la UE.
Dentro de esos parques, podrían incluirse viviendas adquiridas por los bancos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias.
Del mismo modo, UGT quiere que se garantice el acceso a los suministros básicos como complemento del derecho a una vivienda digna y que se establezca una estrategia pública de rehabilitación con especial atención a la recuperación de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y a la renovación de viviendas y edificios.
También pide usar fórmulas alternativas a la propiedad o el alquiler, como viviendas colaborativas, el uso temporal de la vivienda a largo plazo o el derecho de superficie.
Reclama dotar de recursos, como beneficios fiscales o derecho preferente sobre adjudicaciones públicas de suelo, a organizaciones no lucrativas y empresas sociales de beneficio limitado para que aumenten su actuación en vivienda.
UGT recuerda que en el periodo de 2008-2016, medio millón de familias perdieron su vivienda habitual, así como que la inversión pasó de 1.123 millones de euros en 2011 a 446 millones en 2018, lo que sitúa a España como uno de los países de la UE que menos destina a gasto público en vivienda social en relación a su PIB.
