UGT advierte que, desde la finalización de la negociación de la Ley rider el pasado 10 de marzo, las plataformas digitales de reparto han iniciado un plan para convertir a algunos de sus repartidores en trabajadores. “Una decisión que, a priori, podría parecer positiva, sino fuera porque lo han convertirlo en un nuevo fraude, utilizando la externalización de la actividad a empresas que aplican el convenio más barato de España, el de Mensajería”, denuncian.

El sindicato destaca que el convenio de Mensajería es de eficacia limitada. Es decir, explican que fue firmado por el sindicato USO sin tener la mayoría necesaria en la parte social y, por tanto, solo se puede aplicar a los afiliados de este sindicato o aquellas personas que se adhieran a ese convenio.

Así, UGT asegura que el uso de este convenio en las plataformas como Glovo, Uber o Deliveroo, constituye un “nuevo fraude”, que afecta directamente a las personas repartidoras y a sus cotizaciones a la Seguridad Social, al no aplicarles el salario correcto de los convenios provinciales de Transporte de Mercancías por carretera, que es el convenio que se debería aplicar, según el sindicato.

Incluso recalca que, en el caso de Glovo, este convenio quedó confirmado por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por otro lado, el sindicato subraya que los repartidores siguen utilizando la misma aplicación y que la organización del trabajo se sigue realizando desde la empresa principal, de forma que esta convierte a la subcontrata en una empresa pantalla que le permite burlar la legislación laboral.

Diferentes empresas de reparto

UGT señala que cada empresa denunciada está experimentando con diferentes empresas de reparto. Por ejemplo, Uber Eats está acudiendo a las empresas que utilizan para su aplicación de Uber conductores, es decir, las mismas que tienen las licencias VTC ahora también se dedican a contratar a repartidores de Uber Eats.

“La estrategia de las plataformas es sustituir un fraude con otro fraude”, denuncia UGT, que avanza que iniciará el mismo proceso de nuevo ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo que llevó a cabo en diciembre del 2017.

“Esta vez, el objeto de la denuncia no es la regulación de los falsos autónomos sino la subcontratación abusiva con el convenio más barato para que las plataformas sigan teniendo un margen empresarial que les permita la competencia desleal con las empresas que cumplen los convenios colectivos”, critica el sindicato.

Además, UGT exige al Gobierno que se publique de forma urgente la Ley rider, de forma que la Administración vigile de cerca la forma en la que estas empresas realizan la transformación contractual. “Se les ha dado un tiempo de cortesía, pero esta no es la forma de cumplir con la ley. Esto es un nuevo fraude”, asegura el sindicato, que tomará todas las medidas legales a su alcance.