La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha decidido rectificar por unanimidad  su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinidad por vacante en el sector público. Esta decisión se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya declarado contraria a Derecho comunitario la jurisprudencia española que permite “renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos para los que no existe un plazo concreto fijado”.

En la aplicación de las previsiones legales, la duración máxima del contrato de interinidad será la del tiempo que duren los procesos de selección para cubrir la vacante. Además, el Supremo también determina que, una duración superior a tres años del contrato de interinidad debe considerarse “injustificada” lo que afectará al trabajador que debe pasar a la condición de indefinido no fijo.

El TJUE considera que las ofertas públicas de empleo no puede verse interrumpidas por normas presupuestarias.

Hay que recordar que, el pasado 3 de junio el TJUE hizo pública una sentencia en la que declaraba ilegal ligar la interinidad a procesos selectivos sin plazo y criticó que la normativa española no incluya “ninguna medida destinada a prevenir y en su caso sancionar la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos”.

La Justicia europea respondía así a las cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el caso de una trabajadora que encadenó contratos de duración determinada en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDRA) desde 2003 hasta 2016, cuando su plaza fue adjudicada a un trabajador fijo tras un proceso extraordinario de consolidación de empleo.

Nuevos mecanismos

El Tribunal considera que las ofertas públicas de empleo no puede verse interrumpidas por normas presupuestarias. En este sentido, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, trabaja con los agentes sociales para tratar de alcanzar un plan de estabilización de empleo en el sector público mediante un decreto ley.

En ese decreto ley, el Gobierno se plantea prohibir la temporalidad en las administraciones públicas. El proceso de estabilización se hará mediante concursos y oposiciones  en las que se tenga en cuenta la experiencia. Además, el equipo de Iceta también trabaja para para compensar a las personas afectadas por fraude de ley - sin carácter retroactivo- y “castigar a las administraciones que muestren "desidia, desinterés o culpa”.