El número de trabajadores en despidos colectivos se disparó un 55,4% hasta junio 2021 respecto al mismo periodo del año anterior. En total han sido 7.625 los afectados, mientras que la cifra de trabajadores inmersos en procesos de suspensión de contrato o reducción de jornada cayó un 97,4%, hasta los 24.211 empleados, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En estos datos se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

“El despido colectivo se está produciendo en pymes con cierto tamaño que no han podido acoger a ERTE porque no podían despedir en los siguientes seis meses de la incorporación del primer trabajador. En estos momentos necesitan ajustar realmente plantilla. Hay muchas actividades vinculadas al turismo, eventos, productoras musicales, trabajos temporales que no podían asumir esta circunstancia y han tenido que adelgazar plantilla para poder hacer frente a la situación” explica a ElPlural.com Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). 

En el acumulado del año, el número total de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas descendió un 96,6% en comparación con el mismo periodo de 2020. En estos procesos se han visto afectados 31.836 trabajadores, de los que el 25,4% estaban afectados por procedimientos finalizados por causa de fuerza mayor y el 74,6% lo estaban por procedimientos de regulación por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

No obstante, las cifras sólo recogen los procedimientos de ámbito nacional, es decir, no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas. De los 31.836 trabajadores afectados por ERE en el conjunto de los seis primeros meses del año, un total de 8.091 estaban en procedimientos en los que la causa alegada fue la fuerza mayor, cifra que es un 98,8% inferior a la del mismo periodo del año pasado.

Los ERE por causas objetivas -económicas, técnicas, organizativas y de producción- afectaron a 23.745 trabajadores (91,1%). Además, 21.467 procedimientos finalizaron con acuerdo en los seis primeros meses de este año, mientras que 2.278 lo hicieron sin acuerdo.

Los sectores más afectados

Por sectores, el comercio al por mayor y por menor o el de reparación vehículos de motor han sido los más afectados por los ERE (15.658), junto a actividades administrativas y servicios auxiliares (5.311), industria manufacturera (3.462), transporte y almacenamiento (2.028) y construcción (1.297).

Ferrero afirma que, “los datos son bastantes significativos: hay 8.000 autónomos que se han enganchado más a los esquemas de ayudas. Además, se han producido la baja de 7.800 autónomos frente a los 420 del pasado año en el mes de agosto. La situación no es tan buena como dicen. Hay empresarios que ya no cumplen con los requisitos de las ayudas y están cesando los negocios”.

El menor número de afectados se registró en el sector de la agricultura, ganadería; actividades inmobiliarias y suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos.

Por comunidades autónomas, la que registró hasta junio un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo de ámbito nacional fue la Comunidad de Madrid (7.737), seguida de Cataluña (6.927) y Comunidad Valenciana (3.074).

Tras estas regiones destacan Andalucía (3.049), Baleares (1.498) y Asturias (1.480). Las menores cifras de afectados se dieron en Ceuta y Melilla (13) y La Rioja (106).

¿Cómo solventar esta situación? “Desde ATA consideramos que la iniciativa del proyecto de la ley concursar debe modificarse, que hay que monitorizar a las empresas desde el principio hasta el final para bien salvarlas o para acompañarlas en un proceso de salida ordenado”, asegura a este periódico Ferrero.