La Audiencia Provincial de Madrid ha dado carpetazo a la demanda que FACUA había interepuesto contra Telefónica por las subidas de tarifas de Movistar Fusión, al haber promocionado el producto con el lema de que mantendría los mismos precios "para siempre". Y lo hace sin entrar en el fondo del asunto -la promesa incumplida de mantener los precios-, ya que el tribunal concluye que la asociación no puede arrogarse la representación de los cuatro millones de personas afectadas, ni ha hecho el esfuerzo de ponerse en contacto con ellas.
La decisión de la Audiencia, contra la que no cabe recurso, plantea, según interpreta FACUA en un comunidado, que la asociación de consumidores debería haber asumido un gasto que estiman en alrededor de 150 millones de euros en burofaxes para garantizar que todos y cada uno de los usuarios de Movistar Fusión eran conocedores de que se iba a interponer esa demanda, por si decidían sumarse a ella o emprender otras acciones judiciales.
Carpetazo con dudas
El tribunal madrileño ha resuelto archivar el procedimiento mediante un auto donde reconoce que existen "especiales dudas de Derecho" sobre su decisión y por ese motivo ha decidido no condenar en costas a FACUA. Tampoco el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid impuso condena en costas, ya que el juez manifestó sus dudas y reservas con su interpretación e incluso orientó a FACUA a que recurriese ante la Audiencia. Recurso que también presentó la Fiscaĺia, que se había personado de oficio en el procedimiento y calificó de "ilícita" y "desleal" la subida de tarifas.
Las pretensiones de FACUA en su demanda eran que Telefónica cesara en su conducta de subir las tarifas de Movistar Fusión, además de que se le prohibiera volver a subirlas y que devolviese a todos los usuarios afectados las cantidades cobradas por las subidas de precios.
Multas por las subidas
Tres autoridades autonómicas de protección al consumidor reaccionaron en su día a las denuncias de FACUA por las subidas de Movistar Fusión con la imposición de multas. Andalucía impuso una sanción de 6,23 millones de euros, la Comunidad de Madrid una de 100.000 euros y Euskadi otra de 30.000 euros. Unas cantidades que desde la asociación califican de "ridículas", pero destacan que las tres administraciones de consumo concluyeron que la empresa había incurrido en una práctica abusiva al comprometerse publicitaria y contractualmente a no subir nunca sus precios y posteriormente aplicar los incrementos.
Ante la decisión de la Audiencia de Provincial, FACUA anuncia que "va a batallar para que el Gobierno de España modifique la legislación" para que les sea más fácil a las asociaciones de consumidores disponer de "todas las armas legales necesarias" para defender los intereses colectivos de los consumidores ante cualquier clase de comportamiento empresarial abusivo.
