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EY tiene sobre la mesa un caso que va más allá de un expediente disciplinario. Desde el 8 de octubre, su canal ético, EY/Ethics, gestionado por el proveedor externo NAVEX, tramita una denuncia por presunto conflicto de intereses contra Francisco Javier Silván Rodríguez, socio de Corporate M&A de EY Abogados en Madrid. El canal acusó recibo ese mismo día y, según fuentes internas, la firma ha abierto una investigación.
Las Big Four presumen de canales de denuncia robustos, gestionados por terceros y con garantías para el informante. Estos sistemas suelen funcionar con empleados y mandos intermedios. El caso de Silván pone a prueba algo distinto: si funcionan cuando el denunciado es un socio, es decir, uno de los propietarios de la firma.
El caso, en breve
Según la reclamación, Silván negociaba para un cliente, un grupo de moda internacional, una cláusula que decidía si ese cliente podía encargar a terceros, EY incluido, el trabajo fiscal que hoy hace el asesor de la parte contraria. EY ya asesora fiscalmente al cliente y en el equipo negociador figura un manager de la firma que es hermano de uno de los socios del cliente. La reclamación sostiene que no se advirtió al cliente de ese interés propio. No hay conclusiones.
El dilema de investigar a un socio
El protocolo público de EY asigna cada informe a un equipo de ética con personal de Risk, Legal y Talent. Sobre el papel, es un esquema sólido. En la práctica, las grandes firmas son sociedades de socios: quien investiga, quien decide y quien es investigado comparten estructura de propiedad y, en parte, cuenta de resultados.
Experto en compliance aseguran que en estos casos, la credibilidad del canal se mide en tres niveles: si la investigación queda fuera de la línea jerárquica del investigado; si el denunciante recibe una respuesta motivada; o si las conclusiones, sean cuales sean, tienen consecuencias visibles.
La ley marca el listón
La Ley 2/2023 de protección del informante obliga a responder en un máximo de tres meses, ampliable en casos complejos. También exige que el sistema se gestione sin conflictos de intereses y prohíbe las represalias. El reloj de EY empezó a correr el 8 de octubre.
Un examen que miran las otras tres
PwC, Deloitte y KPMG tienen canales globales muy similares, de forma obligatoria como todas las empresas. Por eso el caso se sigue con interés en el sector. Si la investigación es rigurosa, el modelo sale reforzado. Si se percibe como un trámite, los competidores ya tienen el argumento: los canales éticos de las Big Four sirven para la plantilla, no para los socios.
En los concursos de fusiones y adquisiciones, donde los clientes exigen garantías formales de independencia antes de adjudicar un mandato, esa percepción tiene precio. Según fuentes internas aseguran que por ahora, la investigación sigue abierta.
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