Tras celebrar mañana su Junta General de Accionistas, el Banco Santander pondrá en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a entre 3.000 y 4.000 personas, según informa hoy El Confidencial. Tras completar la fusión con el Banco Popular, el grupo quiere generar sinergias por valor de 700 millones de euros, para lo cual aboradará un programa de cierre escalonado de oficinas (hasta 1.000), acompañado del pago de entre el 70% y el 80% del sueldo a los mayores de 58 años hasta que alcancen la edad de jubilación. Para los menores de esa edad se prevén un programa de bajas incentivadas en el que se ofrezca a los trabajadores salientes 40 días por año trabajado, según lo recogido por el digital.
Precisamente mañana se prevé que los sindicatos aprovechen la junta de accionistas para pedir explicaciones sobre la evolución de la integración tecnológica de la red de Banco Popular en Santander y el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se espera que comience a negociarse después de Semana Santa. La celebración de la junta coincide con la quinta oleada de la integración tecnológica, en la que se adaptarán los sistemas de las oficinas de Cataluña y Canarias, un proceso que deja a la vista el solapamiento de oficinas de una y otra red.
Los más de 30.000 empleados de Banco Santander en España confían en que el banco respetará el Protocolo de Fusión firmado el pasado mes de noviembre a la hora de ejecutar el ERE, mediante el que la dirección se comprometió a no recurrir a los artículos de movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y despido colectivo del Estatuto de los Trabajadores sin previo proceso de diálogo y participación sindical en búsqueda de soluciones consensuadas, renunciando de forma expresa a la toma de medidas traumáticas en procesos de reorganización por la absorción del Popular.
Si la empresa opta por lo publicado en la información de El Confindencial, las condiciones del ERE serían parecidas a otro expediente de regulación de empleo pactado en diciembre de 2017, por el que abandonaron el banco de Ana Patricia Botín 1.100 personas, 485 menos de las previstas inicialmente.