Gobierno y Unidos Podemos ha acordado realizar una reforma "profunda" del bono social eléctrico y la creación de un bono general, que incluirá el bono gasista, con el fin de permitir que "cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía".

Así consta en el acuerdo sobre Presupuestos Generales del Estado para 2019 que han firmado esta misma mañana en el Palacio de La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

Estos bonos sociales energéticos serán de solicitud automática y la renta per cápita del hogar vulnerable será el único criterio de adjudicación, con la salvedad de que se pondrán incluir también criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como familias monoparentales.

Además, se mantendrá que la financiación sea íntegramente cubierta por todas las empresas del sector, proporcionalmente a su volumen de facturación.

El anterior bono social ya tuvo que ser reformado en octubre de 2017 después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación anterior por ser incompatible con la normativa comunitaria, dando así a las grandes eléctricas la razón en su recurso contra la obligatoriedad de financiarlo.

No obstante, la actual normativa establece que siguen siendo todas las comercializadoras de electricidad las que asumen su financiación, un grueso de más de 200 empresas, pero en las que las cinco grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo- cubren más del 95% del coste total.

Asimismo, con la finalidad de garantizar el despliegue de la legislación en materia de pobreza energética se pondrá en marcha un fondo de 50 millones de euros para garantizar que las administraciones públicas y los servicios sociales dependientes de las mismas den la protección necesaria a las personas vulnerables, para que dispongan de los derechos y descuentos reconocidos tanto en el bono social eléctrico como en el real decreto ley de medidas urgentes aprobado la pasada semana.

Además, han acordado presentar en el plazo de cuatro meses una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que contará para su elaboración con la colaboración de las comunidades autónomas y entidades locales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las asociaciones de consumidores, los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas.

Fomento del autoconsumo

También han pactado como medida para fomentar el autoconsumo eléctrico establecer reglamentariamente la retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo que deberá ser, como mínimo, igual al valor de mercado mayorista de electricidad.

Además, deberán establecerse mecanismos simplificados de compensación de la energía exportada e importada de la red por las instalaciones de autoconsumo.

En lo que respecta a las renovables, aprobarán un plan de impulso a la repotenciación de las plantas existentes con el objetivo de recuperar "el atractivo de invertir" en ellas para enviar las señales adecuadas para el abaratamiento de costes de estas tecnologías, el cumplimiento de los objetivos internacionales, la seguridad de suministro y el impacto positivo que ejercen en el precio.

Para ello, también se modificarán los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas de renovables, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas.

Rentabilidad razonable

También se introducirán modificaciones en la Ley del Sector Eléctrico 24/2013 para dotar de estabilidad al marco retributivo de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, y "para garantizar una rentabilidad razonable a largo plazo" a los activos que gozaban de régimen económico primado antes de la entrada en vigor de la nueva normativa y que no pudieron adaptar sus esquemas de inversión a un marco que no conocían.

Este aspecto es uno de los puntos a los que se habían comprometido con estos inversores en renovables afectados por el recorte tanto Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea como el PSOE.

Por otra parte, se pondrá en marcha de un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas a partir del año 2019, con una duración de cuatro años y con una movilización de 400 millones cada año.

Este plan responderá a criterios de eficiencia energética y accesibilidad e incluirá ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en las zonas y colectivos vulnerables, a los cuales se destinará una cantidad que supondrá hasta el 20% del total.

Eficiencia energética

También se dotará de continuidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el nuevo periodo 2021-2030, que contará con al menos 200 millones de euros anuales que serán aportados por las empresas comercializadoras de la electricidad.

Asimismo, se analizará la posible extension de la aplicabilidad de este fondo al autoconsumo doméstico como fuente de eficiencia del sistema.